Alcohol ilegal en Colombia: un negocio lucrativo y peligroso

La venta de licor en Colombia no solo es un negocio multimillonario que mueve billones de pesos al año; la incursión de cadenas criminales en la producción y distribución del líquido representa un peligro para la salud de consumidores y enormes pérdidas tributarias para el Estado.

Aunque las autoridades han dado pasos hacia el desmonte de megainfraestructuras dedicadas a la producción y reparto de alcohol ilegal en diferentes ciudades del país, un estudio de Euromonitor, compañía dedicada a la investigación de consumos, señala que el mercado de bebidas ilegales en Colombia tiene una participación del 22.4 %, lo que indica que de cada cuatro o cinco botellas que se venden, una es ilegal.

Lo anterior genera una pérdida fiscal para el Estado que ascendió a más de US$1.500 millones en 2019, un 24 % más que la perdida calculada en 2017.

¿Pero a qué se debe el incremento de la producción y comercialización del licor adulterado e ilegal en Colombia y por qué no se le puede poner freno? Un estudio realizado por el Instituto de Ciencia Política (ICP) y Prolicores profundiza en la manera en que se mueve la cadena de valor criminal alrededor de esta sustancia y deja en evidencia cuáles son las diferentes aristas que influyen para que este sea un negocio lucrativo.

Entre los principales hallazgos encontrados por el análisis, desarrollado entre octubre de 2019 y mayo de 2020, se encontró que existe una normativa favorable para la ilegalidad, ya que, a diferencia del narcotráfico, donde todos los eslabones de la cadena son ilegales y explícitamente tipificados por el Código Penal, en el contrabando y la adulteración de licor existen más eslabones amparados por la legalidad.

Uno de esos aspectos es el uso de zonas francas o las bondades que ofrece el régimen especial aduanero en regiones como La Guajira. Otro de ellos, que juega un factor especial y de profundo impacto en las dinámicas de ilegalidad del licor, son las condiciones que genera el modelo de monopolio rentístico del alcohol, único en el mundo y vigente desde la época de la Corona española. El estudio afirma que este monopolio genera una infinidad de brechas de legalidad e ineficiencias que son la columna vertebral del negocio del alcohol ilegal en Colombia.

UN PROBLEMA CON MUCHAS VARIABLES

El análisis del ICP y Prolicores concluye que el problema del alcohol ilegal no tiene una única causa y por lo tanto la lucha para combatirlo no debe enfocarse únicamente en una de las variables o en una sola decisión de política pública.

El estudio hace énfasis en que existe una regulación obsoleta para la producción y distribución de alcohol, hecho que se convierte en una de las causas que incentiva el contrabando en la medida en que resulta ser una actividad bastante rentable. No obstante, según la investigación, la anterior no es la única causa estructural: si se tiene en cuenta que el país está produciendo y exportando cuatro veces más toneladas de cocaína que cinco años atrás, esto implica que los narcotraficantes deben traer de vuelta al país enormes cantidades de dinero y una de las vías más seguras y rentables para hacerlo es a través del contrabando de licor o de materias primas para la producción de licor adulterado.

Sumado a lo anterior, el estudio revela que se trata de una cadena impregnada de corrupción, ya que detrás de los eslabones de la serie criminal del alcohol ilegal se encuentran, a gran escala, distribuidores y fabricantes ilegales de alcohol con conexiones en licoreras departamentales, importadores con empresas fachada y directivos de autoridades encargadas de la vigilancia y control que favorecen el florecimiento del mercado.

Asimismo el estudio revela que existen muchas aprehensiones, pocas condenas y mínimas extinciones de dominio, teniendo en cuenta que los resultados muestran una gran capacidad de las autoridades para interrumpir la cadena de producción clandestina y destruir enormes cantidades de botellas cada año.

Se calcula que, entre enero de 2015 y diciembre de 2019, se llevaron a cabo 1.479 detenciones y 626.905 unidades/litro decomisadas.

La investigación también halló que los procesos judiciales por estas causas tienen grandes limitaciones, lo que demuestra que las personas capturadas y que tienen estrecha relación con las estructuras criminales dedicadas a la ilegalidad del alcohol reinciden en el delito. Así lo evidencian los registros del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario —Inpec, que indican que a fecha 19 de febrero de 2020, sumando los delitos de contrabando y relacionados a la cadena de comercialización y producción, se encontraban condenadas y con prisión intramural 37 personas, mientras que otras 40 se encontraban sindicadas en espera de una condena.

Otro de los preocupantes hallazgos del estudio es que el alcohol adulterado no se considera un tema de salud pública en Colombia. A pesar de que puede llegar a tener impactos en la salud de los consumidores, no se evidencia un esfuerzo institucional por medir el tamaño de la problemática, ni por tomar medidas reales y efectivas en la prevención desde la perspectiva de la salud públicas.

¿CÓMO COMBATIR EL ALCOHOL ILEGAL EN EL PAÍS?

El Instituto de Ciencia Política y Prolicores proponen una serie de recomendaciones que podrían ser tenidas en cuenta en la formulación de políticas públicas que combatan las cadenas criminales de licor ilegal en Colombia.

Una de ellas es intervenir el contrabando a gran escala de alcohol por la frontera con Ecuador, generando mecanismos reales de control. El ICP asegura que el apoyo de observadores aduaneros contribuiría a que Prolicores o las industrias afectadas por el contrabando de alcohol y sus subproductos adulterados mejoren su capacidad de contención.

También es importante que se profundice en el diagnóstico de salud pública sobre los 25 casos de muertes por alcohol adulterado registrados en 2020, con el fin de dimensionar sus canales de distribución y generar mecanismos para su prevención.

Teniendo en cuenta que el comercio de licor en plataformas digitales es actualmente el principal vector de expansión del licor adulterado y de contrabando, se propone generar un mesa de trabajo específica para el análisis y la toma de decisiones frente a este tema.

En materia tributaria, indica el estudio que se deben revisar los beneficios tributarios y las facilidades de comercio para las franquicias aduaneras por los riesgos de desvío y evasión, principalmente en zonas de bajo demanda legal.