La luz cara en el Caribe colombiano, ¿un laberinto con salida?

 Pasan los meses y el asunto de la factura de energía en el Caribe sigue en su laberinto. La culpa es del otro, sigue siendo el discurso de los distintos actores. Los comercializadores culpan a los generadores, otros a la Creg, el Gobierno Nacional a los privados y así. En una catajarria de comunicados, reuniones, cumbres y súper cumbres se anuncia mucho, pero se ejecuta poco. Esta semana se produjo la intervención de Air-E por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos. Hace unos días, algunos generadores propusieron una rebaja del 10 %, sin que sea claro que porcentaje del suministro cubre. El Presidente y el Ministro de Minas hicieron anuncios de subsidios para la opción tarifaria pero luego cayeron en la cuenta de que eso requiere una ley. Nadie cede, y algunos, como alcaldes, gobernadores y congresistas, ni siquiera reconocen su responsabilidad en el tema. De lo exótico y desmesurado del cobro del alumbrado público en la mayoría de los municipios no se habla, y claro, los medios tampoco preguntan. Los únicos que llevan el 100 % del bulto de este nudo kafkiano son los usuarios que pagan. Como resultado de esta larga crisis iniciada en 2020, hay decenas de negocios cerrados, innumerables conflictos con comunidades y un importante impacto en la pobreza de la región. ¡Me dicen que hasta los moteles apagan los aires acondicionados!

Dos de los factores que han encarecido la factura están a pocos meses de desaparecer, pero no por acción del gobierno o los prestadores del servicio, sino por vencimiento de plazos y porque ya los pagamos. La opción tarifaria, que pospuso incrementos al precio de la energía durante la pandemia; y el régimen especial que permite a Air-E y Afinia cobrar a los usuarios que pagan, la energía que otros se roban, y que estas empresas no han sido capaces de controlar; estos dos elementos dejarán, pues, de hacer parte del costo en 2025. La Superservicios, ahora como interventora de Air-E, suspendió el cobro faltante de la opción tarifaria. Como efecto de estos temas la disminución de la tarifa puede ser de más del 20 %. Seguramente muchos lo reclamarán como un logro o aprovecharán para dejar vigentes otras  injusticias de la factura como la incidencia que tiene el esquema de fijación de precios de generación, los abusos en los procesos de comercialización, o las deficiencias de la red.

En medio de este calvario con visos de sainete, ha surgido la propuesta de una empresa regional de energía como solución. Lo que inicialmente solo parecía una idea salida del viejo y algo gastado espíritu regionalista, ya ha convocado más de una reunión de gobernadores y hasta se anuncia respaldo del Gobierno Nacional.

¿Qué tanto puede la creación de una institución de este tipo ser factible? ¿Si apunta a la solución del problema de la factura de energía? ¿Cómo puede ayudar la intervención a Air-E?

Superada o pagada la opción tarifaria, y si no lo prorrogan los efectos del régimen especial, habría que mirar los demás componentes permanentes de la factura y la conveniencia o no de tener una entidad pública regional de energía.

En el caso de generación, se argumenta que una empresa regional con generación y comercialización integradas podría ofrecer un precio acorde a los costos y por ende mucho más bajo al que logran negociar en el mercado empresas como Air-E. Incluso se solicita que el gobierno nacional aporte a esta empresa los activos de la Hidroeléctrica de Urrá.

Mercados servidos por empresas como EPM, integrada verticalmente con negocios de generación y comercialización, tienen tarifas más bajas. Sin embargo, no necesariamente es un requisito. En la medida en que el comercializador tenga músculo financiero y el mercado no sea tan riesgoso podrán negociar en mejores términos. Más importante puede ser que los tantos proyectos de energías renovables entren en operación y puedan llevar su energía a las redes de transmisión. Una generación de menores costos y una oferta suficiente para equilibrar la volatilidad de la oferta hidráulica y ajustes regulatorios es lo que evitaría la alta volatilidad que ha impactado la tarifa. 

De otro lado habría que analizar si la actividad de generación va a ser más eficiente al ser prestada por una empresa pública. La experiencia pública en prestación de servicios no parece indicar eso. Tanto en energía como en agua y alcantarillado, con algunas excepciones, la historia es dramática y suele incluir insatisfacción general de los usuarios, despilfarros y corrupción. No se puede olvidar que buena parte de la problemática de energía en el Caribe viene la quiebra y politización de las electrificadoras regionales. Recientemente, en la hidroeléctrica de Urrá, administrada por el Gobierno Nacional, han surgido graves denuncias de que esta empresa habría firmado contratos con intermediarios a precios bajos y que ellos luego revendieron la energía a grandes consumidores con una jugosa intermediación.

Otro aspecto fundamental es la capacidad de inversión pública. Con tantas necesidades y diferentes prioridades como la baja calidad de educación, la ausencia de un buen transporte público, o la inseguridad, no parece muy sensato que departamentos o municipios inviertan en un proyecto de este tipo cuando con las regulaciones adecuadas deberían buscarse inversionistas privados con sólida capacidad financiera y experiencia.

Con un algún grado de razón, podría argumentarse que el servicio de energía en el Caribe en manos de privados tampoco ha sido la mejor experiencia. Air-E, por serios problemas financieros, de administración y de relación con los usuarios, fue intervenida. En casos como el del agua y alcantarillado la AAA, en su segunda etapa, quedó envuelta en un contubernio de corrupción. Sin embargo, hay que decir que más que por el hecho de ser privadas, los problemas han sido de regulación, vigilancia o la nefasta influencia del clientelismo.

Importa anotar que en las tarifas de la región Caribe las llamadas restricciones, que son el producto de una red deficiente, no permiten que ciudades como Barranquilla reciban energía barata de otras regiones. Para ello se requiere inversión en mejora de estas redes. Una idea que se ha propuesto es que estas se hagan con recursos de regalías de la región que hasta ahora poco han servido para mejorar nuestra  infraestructura . Un análisis de Casa Grande Caribe mostró la ausencia de proyectos calificables, sin mencionar la destinación de recursos a obras innecesarias. Una contribución importante de alcaldes y gobernadores podría ser esta, la de impulsar esta obras, así se podría reducir la tarifa y mejorar la calidad del servicio.

En el caso de la comercialización podrían revisarse las tarifas, pero el problema más complejo es el circulo vicioso entre altas facturas y cultura de no pago, lo que en últimas eleva el riesgo de las empresas, hecho que no las hace atractivas para los generadores, bancos o aseguradoras, forzándolas a comprar mucha de su energía en la bolsa, donde es más cara y volátil. No es para nada claro cómo una empresa regional de energía pueda superar estos obstáculos. ¿Tendría esta empresa los recursos para invertir en recuperación de cartera, por ejemplo? ¿Cómo abordaría el tema de las comunidades que no pagan? ¿El robo de energía? ¿Hasta dónde la política y el clientelismo interferirían en su administración? ¿Tienen una idea somera de cuánto capital hay que comprometer para tener y mantener una compañía de esta dimensión? 

Hablando de las llamadas pérdidas no técnicas, o sea, el robo de energía, en la región éstas ya en 2020, antes del gran aumento de la tarifa, andaban por encima del 30 %. En la gestión de Air-E solo lograron bajarlas a alrededor del 25 %, mientras en otras regiones son cifras de un dígito. Habría que tener una buena radiografía del problema para ver qué puede hacerse. En todo caso no puede ser prorrogar un régimen especial que castiga duramente al que paga y que promueve el no pago.

El tema es complejo. Sin duda una factura más baja aumentará el recaudo. No se puede prorrogar el régimen especial, se requiere más bien invertir las cargas. Que no sean los ciudadanos los que ponen. Gobernaciones, Alcaldías, Generadores, y Gobierno Nacional tienen que comprometerse con una factura justa, cada uno tiene su aporte a la alta factura. Un buen administrador de la empresa con solidez financiera y con la regulación adecuada hace el resto.

En el caso del gas natural, por ejemplo, la comercialización en el Caribe la hacen empresas privadas que han demostrado a lo largo de décadas excelentes indicadores en materia de cobertura, calidad, cultura de pago y eficiencia. ¿Por qué más bien no aprender de ese modelo?… Digo yo.