“El poder constituyente es que el pueblo decida sobre su propia historia”, afirma Petro. ¿Pero quiénes son el pueblo?

Desde hace varias semanas el presidente Gustavo Petro, en su afán de copar el debate público mediante sus constantes e interminables mensajes en X –que tanto daño le causan a su gobierno y al país en general–, ha generado no solamente una gran zozobra, sino una enorme confusión. Un día habla de la necesidad de convocar una Asamblea Nacional Constituyente y al otro día afirma sin ruborizarse que nunca ha hecho tal pronunciamiento. Otro día sostiene que lo que en realidad desea es impulsar una “Constituyente popular”, dado que el pueblo es el constituyente primario según la Constitución. Pero cuando Petro habla del “pueblo”, ¿a quiénes se refiere?  

El término pueblo (del latín populus) puede abarcar, en un sentido amplio, al conjunto de la población de una nación o, en un sentido restringido, a los sectores populares, es decir, a los segmentos con menores recursos en la sociedad. 

El preámbulo de la Constitución de Filadelfia –la más antigua en nuestro continente, pues fue aprobada en 1787 tras la derrota del entonces Reino de la Gran Bretaña–, afirmaba: “Nosotros, el pueblo de los Estados Unidos, a fin de formar una Unión más perfecta, establecer la justicia, garantizar la tranquilidad nacional, tender a la defensa común, fomentar el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros y para nuestra posteridad, por la presente promulgamos y establecemos esta Constitución para los Estados Unidos de América”.

Este fue, igualmente, el tenor de las primeras constituciones que hubo dos décadas más tarde en la actual Colombia, comenzando por la Constitución de Cundinamarca en 1811, que, aun siendo un híbrido entre monarquía y república, afirma en su Decreto de Promulgación firmado por Frutos Joaquín Gutiérrez y José Acevedo y Gómez: “Don Fernando VII, por la gracia de Dios y por la voluntad y consentimiento del pueblo, legítima y constitucionalmente representado…”. Referencia real que será desechada en las constituciones siguientes a favor sólo de la legitimidad de origen popular. 

Es importante señalar que aún cuando tanto en la Constitución de Filadelfia como en las constituciones iniciales de la futura República de Colombia (Cundinamarca, Tunja, Antioquia, Cartagena, Popayán, Mariquita, Neiva) la definición de quienes componían el “pueblo” era restrictiva, lentamente y a lo largo de los años habría de cobijar al conjunto de los ciudadanos. Mediante la Ley del 21 de mayo de 1851, sancionada por el presidente José Hilario López, fueron liberados los esclavos, los requisitos restrictivos de alfabetización y fortuna para ejercer el derecho al voto retirados y las mujeres adquirieron la plena ciudadanía al votar por primera vez en el Plebiscito que dio origen al Frente Nacional el 1 de diciembre de 1957. 

Obviamente, este fue el espíritu que animó a la Constitución de 1991, en la cual la noción de pueblo cobijaba al conjunto de los ciudadanos y las ciudadanas del país. 

Constitución Política de la República de Colombia, 1991

Preámbulo

El pueblo de Colombia, 

En ejercicio de su poder soberano, representado por sus delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente, invocando la protección de Dios, y con el fin de fortalecer la unidad de la Nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social justo, y comprometido a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana, decreta, sanciona y promulga la siguiente Constitución Política de Colombia.  

No obstante, mi temor es que la noción de pueblo en el discurso de Petro no sea incluyente sino excluyente, dadas sus constantes referencias descalificadoras a las “oligarquías”, e incluso, en muchas ocasiones a las clases medias, en contraste con las virtudes y potencialidades del “pueblo”. Pero, aún esta visión del “pueblo” tiende en algunas de sus intervenciones públicas a ser aún más restrictiva al abarcar únicamente a los sectores populares más las minorías étnicas (afrodescendientes, raízales e indígenas) que adhieren al gobierno actual. 

Me preocupa que Petro no se vea a sí mismo como el presidente de todos los colombianos, como lo exige la Constitución de 1991, pues según el artículo 188, “el Presidente de la República simboliza la unidad nacional y al jurar el cumplimiento de la Constitución y de las leyes, se obliga a garantizar los derechos y libertades de todos los colombianos”. 

Este temor no nace solo de la lectura de sus constantes mensajes en las redes, sino de los gestos simbólicos que proyecta en sus intervenciones públicas. Por ejemplo, Petro no titubeó en presentarse el 1 de mayo de 2024 acompañado de la bandera del M-19 y no de la bandera nacional, como ha debido ser. Nadie se imagina a Joe Biden dando un discurso envuelto de las banderas del Partido Demócrata o a Pedro Sánchez arropado en las banderas del Partido Socialista Obrero Español. Y, como dice Helena Urán Bidegain –hija del sacrificado magistrado auxiliar del Consejo de Estado Carlos Horacio Urán en el holocausto del Palacio de Justicia– en una sentida carta que le dirigió a Gustavo Petro el 3 de mayo de 2024, no se trató ni siquiera de la bandera de la Alianza Democrática M-19, es decir, del movimiento que surgió tras la firma del acuerdo de paz pionero en América Latina de 1990, sino la del propio grupo guerrillero. Un hecho lamentable.

Lo grave es que una noción restrictiva de pueblo termina siendo no solo excluyente, sino que corre el riesgo de inscribirse en la lógica “amigo – enemigo” que tanto defendió el polémico jurista alemán Carl Schmitt como el eje central de la acción política: los amigos del cambio contra los enemigos del cambio. O, en palabras del intelectual mexicano Héctor Aguilar Camín, el “pueblo” versus el “no pueblo”, es decir, un discurso antipluralista que desconoce y simplifica hasta la caricatura la enorme complejidad del tejido social y político del país. 

Petro obtuvo la presidencia en 2022 con el apoyo de 11.291.986 electores (50.4 %) derrotando a su contrincante, Rodolfo Hernández, por 687.649 votos, pues, este obtuvo 10.604.337 sufragios (47.3 %), con una abstención del 42 %. No se trata de ninguna manera de poner en entredicho el triunfo electoral del actual Presidente, quien ganó limpiamente, ni tampoco de poner en duda su derecho a buscar implementar su programa de gobierno. Lo inaceptable es la autoimagen que quiere proyectar de sí mismo como la “encarnación del pueblo”, a pesar de que 1 de cada 4 de los colombianos aptos para sufragar votaron por su contrincante, se abstuvieron o votaron en blanco, y cuyas voces igualmente deben ser escuchadas y tenidas en cuenta. Este es el fundamento de una democracia pluralista.  

A mi modo de ver, una noción restrictiva de “pueblo” puede terminar alimentando las graves tendencias actuales hacia una fractura nacional. Fractura que, dados los enormes desafíos que afronta el país en distintos planos (estabilidad macroeconómica, agravamiento de los índices de pobreza, criminalidad galopante, etc.), no es de ninguna manera deseable. 

No olvidemos la tragedia que significaron en el pasado los gobiernos excluyentes. Tras la aprobación de la Constitución de 1886 la intransigente hegemonía conservadora condujo al país a la Guerra de los Mil Días y a la pérdida de Panamá, es decir, a la mayor “devaluación geopolítica” que ha sufrido el país. En 1949, el sectarismo extremo entre el “pueblo liberal” y el “pueblo conservador” condujo al holocausto de La Violencia.

Un artículo reciente de The Economist titulado “Colombia’s leftist president is flailing” (“El presidente de Colombia de izquierda está agitando”, 13 de junio de 2024), sintetiza en la frase “Menos populismo y más pragmatismo” este anhelo nacional de alcanzar unos consensos nacionales básicos que nos eviten repetir las experiencias negativas del pasado. Este empeño, en palabras de la exministra de Agricultura Cecilia López en un artículo publicado en el diario El Tiempo, exige “que el gobierno Petro reconozca que el pueblo somos todos, los 52 millones de colombianos, los que votaron por él y los que votaron en contra”.