¿Y si salta la liebre?

La propuesta del presidente electo de una “paz total” suena bien, loable y deseable, y la oposición del presidente Duque y de su consejero de paz Juan Camilo Restrepo cae como gota de agua en el desierto. Están de salida y ya nadie les para bolas. Ahora los ojos están puestos en Petro y en lo que será su administración. Dicho esto, la pregunta del millón es cómo llevar a la práctica la ambiciosa propuesta que supone una negociación política con el ELN –varias veces intentada y fracasada en razón de su estructura federalizada y la relativa autonomía de sus frentes–, y un posible sometimiento a la justicia del Clan del Golfo ( Autodefensas Gaitanistas de Colombia), las disidencias de las Farc y otras estructuras criminales, cada una con diferente tamaño, presencia en el territorio y dinámicas diferentes? ¿Cómo aterrizarla cuando en unas zonas el ELN y el clan del Golfo tienen alianzas y en otros se combaten a muerte? ¿Cómo estructurarla cuando algunos grupos son subcontratistas del Clan y éste es solo un eslabón de la cadena del crimen transnacional? Son apenas algunas de las muchas preguntas que surgen de la lectura de un artículo de los investigadores de la Universidad del Norte, Luis Fernando Trejos y Reynell Badillo, publicado en este portal (¿Qué hacer con el clan del Golfo?).  

El gobierno tendrá que hacer diagnósticos y análisis más sofisticados de los que normalmente salen a flote en los medios de comunicación, y, además, deberá moverse en varias pistas –tal vez en forma simultánea–, y con estrategias diferenciadas. Todo un arte de malabarismo que, por ahora, no conviene discutir en público como está sucediendo. Si por algo funcionó el acuerdo con las Farc fue por la discreción y la confidencialidad en que se mantuvieron los contactos iniciales y la negociación en La Habana. Pero todo indica que los funcionarios y aliados del nuevo gobierno no aprendieron la lección y abusan del micrófono. El pan se puede quemar antes de llevarlo al horno, si está amasado, claro está, que no parece ser el caso. Mal síntoma.

Por lo pronto hay sobre la mesa una carta, al parecer firmada por cinco grupos armados ilegales, en la que anuncian su disposición a dejar las armas “en el momento indicado…pedir perdón…aportar verdad total e integral…reparar y sobre todo no repetir los actos criminales…cumplir con los fines de la justicia restaurativa…”, que abre una de las posibles pistas y que, a mi juicio, envía el mensaje de que aspiran a recibir tratamiento político. Si no es así, ¿por qué mencionar la justicia restaurativa que implicaría encajar en el marco jurídico de la JEP o, en su defecto, hacerle algún tipo de reingeniería? Es obvio que no quieren cárcel y aunque la carta no lo menciona, mucho menos la extradición. Igual que todos: los carteles de Medellín y Cali, las AUC, las Farc…

Problema mayúsculo que toca una fibra muy sensible con los Estados Unidos, centro de nuestra política exterior, nuestro primer socio comercial y aliado especial en virtud de acuerdos militares, de policía y de justicia, como el Tratado de Extradición, especialmente caro a Washington. Cabe recordar que Clinton, considerado “blando” por los republicanos, cedió a la presión en busca de obtener la reelección. Le vino como anillo al dedo el escándalo del proceso 8.000 para encomendar al embajador-virrey Frechette la misión de presionar por la resurrección de la extradición, prohibida por la Constitución del 91. El gobierno Samper, debilitado y deslegitimado, se vio obligado a sacar adelante un proyecto para restablecer el mecanismo en 1997.

Con Santos llegaron tiempos de cambio y la agenda con Washington, como parece ser la de Petro, se desnarcotizó y diversificó. El gobierno Obama envió un delegado como muestra de apoyo al proceso de paz en La Habana, y entre 2017 y 2018 hubo contactos con el clan del Golfo cuyo jefe, “Otoniel”, seguía con interés el proceso con las Farc y envió representantes a La Habana –la mayoría abogados–, con el fin de explorar la posibilidad de un marco jurídico especial para el sometimiento colectivo de la organización, pues los sometimientos individuales ya estaban contemplados en la ley. El vicepresidente, general (r) Óscar Naranjo, fue designado para tantear el terreno e incluso alcanzó a destinarse un predio para concentrar a la tropa, según reveló El Espectador en octubre de 2021 (“La historia del proceso de paz con ´Otoniel’ que nunca fue”). También intervino el senador Iván Cepeda, autorizado por el presidente, pero las conversaciones no prosperaron y hoy “Otoniel”, extraditado por el gobierno Duque, está preso en una cárcel de los Estados Unidos.

Sin embargo, existe la Ley 1908 de 2018 que rige los sometimientos colectivos, pensada en función de las Autodefensas Gaitanistas o Clan del Golfo, y la carta mencionada vuelve a poner el asunto sobre la mesa. Con Biden en el poder y Petro ad portas de asumir la presidencia, las conversaciones pre-posesión con altos funcionarios del gobierno norteamericano alrededor de una agenda amplia, no centrada en la lucha contra las drogas, indican que soplan nuevos vientos. Pero son apenas las primeras brisas. Habrá que esperar qué pasa si la administración Petro decide sentarse en la mesa con el clan del Golfo, como lo hizo el gobierno Uribe con las AUC, y cómo reaccionará la administración Biden –que al parecer perderá en noviembre sus precarias mayorías en el Congreso–, cuando salte la liebre de la extradición.