Suplantación de identidad y delitos informáticos, la otra epidemia

Lauryn Locarno, joven de 25 años, volvió a ser víctima de la suplantación de identidad en redes sociales el pasado mes de marzo. Cuenta que ya son al menos 15 veces en los últimos años que recibe una alerta por la existencia de un nuevo perfil en Facebook, Instagram o páginas de contenidos para adultos con sus datos y fotos.

A pesar de la recurrencia con la que estos hechos delictivos han puesto en riesgo su seguridad personal, reputación y buen nombre, esta nutricionista y modelo barranquillera nunca ha denunciado ante las autoridades competentes, al considerar que no existen garantías para que las suplantaciones no vuelvan a ocurrir.
“Siempre tengo yo misma que bloquear y denunciar en las redes los perfiles que desconocidos crean para hacer préstamos a mi nombre o vender fotos explícitas que no corresponden a mi cuerpo”, afirma Locarno.

En Colombia el concepto de intimidad ha cambiado debido a la aparición y uso de nuevos canales de comunicación digital, y con ello han surgido nuevos fenómenos: la suplantación de identidad en redes sociales, un delito punible y cuyas víctimas están protegidas por la ley.

La Corte Constitucional en diversas sentencias ha advertido sobre los riesgos que generan para los derechos fundamentales a la intimidad el uso de las redes sociales. Casos como el de Lauryn están lejos de ser aislados. La suplantación de identidad en redes sociales es solo uno de los ciberdelitos que viene aumentando en Colombia desde 2020, año en el que inició la pandemia y en el que durante meses cambiaron las formas de interacción social debido al confinamiento.

De acuerdo con datos de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional de Colombia (DIJIN) la suplantación de identidad en medios digitales se disparó un 409 %, pasando de 300 casos en 2019 a 1.527, solo en 2020.

Estas suplantaciones no solo se dan a través de las redes sociales, sino también a través de correos electrónicos que buscan la falsificación de documentos para acceder a sistemas de información como contrataciones estatales, créditos financieros y compras por internet.

Delitos informáticos, ¿otra pandemia?

El confinamiento general de los colombianos derivado de la pandemia de la COVID-19 trajo consigo un mayor consumo de todas las plataformas digitales. No solo las empresas se vieron obligadas a la implementación del teletrabajo de sus empleados para evitar contagios, sino que los mismos trabajadores encontraron en el e-commerce una herramienta ideal para la compra de productos y servicios para la cotidianidad.

Solo en Colombia se estima que en 2020 hubo ventas por encima de los $27 billones a través de plataformas electrónicas.

El aumento en esta modalidad de compra supone varios retos en materia de seguridad informática para todas las instituciones del mundo, quienes han venido alertando sobre el incremento de las ciberestafas en todos los continentes.

Microsoft, por ejemplo, dio a conocer que detecta, al menos 2 millones de correos sospechosos diariamente, de los cuales 60 mil contienen mensajes o enlaces maliciosos relacionados con la COVID-19.

Pero ¿guarda relación la larga cuarentena con el aumento de los delitos informáticos en Colombia? Analizando los datos de la Policía Nacional, encontramos que los diferentes tipos de ciberdelitos aumentaron un 83 % en 2020, año en el que se presentaron más de 30 mil denuncias por parte de la ciudadanía.

Por ejemplo, el hurto por medios informáticos aumentó un 34 %, la transferencia no consentida de activos creció un 87 %, la interceptación de datos se incrementó en un 203 % y el uso de software malicioso creció un 20 %.

Para Antonio Hernández Jaimes, oficial de Protección de datos personales y especialista en Seguridad Informática vinculado a la Universidad del Norte, sí existe una relación indirecta entre el aumento de los ciberdelitos y la cuarentena derivada de la pandemia.

“La zozobra e incertidumbre con la que conviven las personas a raíz de la pandemia hace que aumente la curiosidad para abrir correos electrónicos falsos que contienen mensajes alusivos a la vacunación. Con solo un click se podría instalar un software malicioso que robe la información de los ordenadores, teniendo en cuenta que se crean plantillas similares a las que usan entidades oficiales como el Ministerio de Salud”, afirma el experto.

Hernández Jaimes afirma que el teletrabajo también incide indirectamente en el aumento de los delitos informáticos, toda vez que los empleados, en muchos casos, dejaron de usar los computadores corporativos que contaban con sistemas de protección y pasaron a usar los computadores familiares, que son usados para ingresar a páginas de entretenimiento que pueden contener programas para saquear información.

“Los ciberdelincuentes envían miles de correos al día, pero se estima que entre un 4 y el 7 % de las personas que lo reciben son víctimas de extracción de datos personales y financieros”, afirma Hernández.

En ese sentido, el también ingeniero de Sistemas recomienda ser cuidadosos al momento de abrir mensajes sospechosos con archivos anexos en el correo y prestar atención a detalles como la ortografía con la que vienen redactados los e-mails, pues podrían ser fraudulentos.

¿Qué ley protege a los colombianos?

En 2009 el país dio un salto hacia la protección de datos y el castigo para los ciberdelincuentes al modificar el Código Penal y crear la Ley 1273, creada, entre otras cosas, para preservar los sistemas que utilicen las tecnologías de la información y de las comunicaciones.

La ley estipula que quienes obstaculicen de manera ilegitima un sistema informático sin estar facultado para ello tendrá una pena en prisión de 48 a 96 meses y una multa de cien a mil salarios mínimos legales.

Por otro lado, quienes violen los datos personales para provecho propio o de un tercero tendrá el mismo castigo penal y económico.

En cuanto a las personas que sean sorprendidas cometiendo el delito de transferencia no consentida de activos valiéndose de alguna manipulación informática incurrirá en pena de prisión de 48 a 120 meses y una multa de dos mil a mil quinientos salarios mínimos.