“Sin investigaciones penales efectivas Colombia no se librará del flagelo de la corrupción”

El equipo de Contexto dialogó con la abogada barranquillera e investigadora del Centro de estudios Dejusticia Vivian Newman Pont sobre el flagelo de la corrupcion en nuestro país. 

Newman, miembro de Transparencia por Colombia, en una interesante exposición de ideas destaca problemáticas como la alta impunidad y la escasa sanción social que hay en nuestro país contra los corruptos y compara el caso nacional con la connivencia de la sociedad y la mafia en Italia, país con una mirada holística al flagelo de la corrupcion. 

Redacción Contexto: Has estudiado y escrito con rigor sobre el fenómeno de la corrupción en Colombia. ¿Por qué los esfuerzos que se han hecho, incluido un rígido estatuto anti corrupción, no han dado resultados?

Vivian Newman: En Colombia hay un exceso de normas con poca implementación, de manera que un rígido estatuto anticorrupción no es garantía de éxito. La corrupción es un abuso de poder delegado en beneficio personal o de un tercero y en detrimento del interés público.  Se reproduce donde hay altas rentabilidades con monopolio y discrecionalidad, baja rendición de cuentas, que incluye la baja transparencia, baja capacidad de investigación y sanción y poco costo moral o social. En nuestro país las entidades no rinden cuentas ni informan debidamente, sobre sus actos. Además, la impunidad es altísima y la sociedad no reacciona en contra de los protagonistas de los pocos casos de corrupción que se identifican.

R.C.: ¿Podrías darnos un ejemplo?

V.N.: La Triple A, donde hay monopolio y discrecionalidad, y el Alcalde de Barranquilla propone un negocio de recompra de acciones. Para comenzar, es engañoso eso de que Barranquilla vuelve a ser dueña de la Triple A porque en realidad las acciones solo retornan parcialmente a la ciudad, pues la ciudad compra en conjunto con el sector privado, sin esperar a quedarse con las acciones de Inassa como reparación al perjuicio causado en los desfalcos previos. Pero, sobre todo, es un caso clásico lleno de alarmas de riesgos de corrupción. Los enumero. Primero, la Triple A es opaca y no rinde cuentas a la ciudadanía, como lo demuestra una respuesta a una petición de la Fundación Foro del pasado febrero, donde alega que no está obligada a informar sobre el meta-negocio porque no se relaciona. Segundo, este negocio deja abierta la posibilidad de que cambien las reglas de juego y el nuevo socio aumente su participación hasta reducir las acciones del Distrito, pues las sociedades de economía mixta, de carácter privado, pueden hábilmente cambiar las reglas del juego, tal como sucedió en el pasado con las acciones disminuidas a Barranquilla en la Triple A, quedando como accionista mayoritaria Inassa. Tercero, los precios del agua que se cobran a los ciudadanos no han mejorado desde que se descubrieron los desfalcos en 2018, lo que llama la atención, pues ya no deben haber gastos pagados ficticiamente; y por último, los socios propuestos son los mismos de siempre, sin que se abra la prestación del servicio a terceros. Todo lo anterior son campanas de alarma con riesgos de corrupción altos y todos deberíamos tener puestos los ojos ahí.

Un columnista de Contexto, Arnold Gómez, propuso a los gobernantes locales que en vez de echar tanto cuento sobre su lucha contra la corrupción permitan que entidades como Transparencia por Colombia supervisen sus procesos de contratación. Que se sepa nadie le ha respondido. ¿Crees que algo así sería útil?

Me parece un buen comienzo porque organizaciones como Transparencia por Colombia tienen gran trayectoria y experiencia. Lo que pasa es que hay pocas organizaciones de la sociedad civil para monitorear a las entidades públicas o semi-públicas que son muchas, así que habría que priorizar y seleccionar cuáles son las que tienen mayores riesgos de corrupción. Además de identificar y monitorear los casos más graves, hace falta más inteligencia artificial y procesos automatizados de seguimiento. Por ejemplo, para implementar la Ley de transparencia y que todos tengamos acceso a información pública y así prever riesgos de corrupción, habría que monitorear a más de 26.000 entidades que cumplen función pública, prestan servicio público o manejan dineros públicos. Con un sistema tecnológico robusto de acceso ciudadano, que puede ser hecho con la sociedad civil y/o la academia, empezando con un piloto, se puede saber quienes cumplen y quienes no, cómo es la contratación, y en general promover la fallida rendición de cuentas, que no es un ladrillo de informe sobre la gestión al final del año, ni hacer publicidad sobre las acciones de gobierno.

Recientemente pasaste varios meses en Italia estudiando nuevos mecanismos para luchar contra la corrupción. ¿Qué hay de nuevo en este tema?

Yo quería originalmente estudiar solo corrupción, pero aquí en Italia es imposible separar el análisis de la corrupción del de las diferentes mafias. En Italia, desde los años 90, detectaron la forma como el crimen organizado se entrelaza con la sociedad para permear el tejido social, imponiendo sus reglas, ya no solo frente a actividades ilícitas sino igualmente las lícitas. Como es muy difícil separar lo uno de lo otro, los italianos analizan el paquete completo. Por ejemplo, han creado delitos como la “corrupción por el ejercicio de la función”, que sanciona no a quien recibe coimas sino a quien el crimen organizado pone en un cargo público para articular las movidas corruptas, según como vayan produciéndose. Luis Jorge Garay se refiere a un fenómeno similar en Colombia a través de sus estudios de redes de corrupción, cooptación del Estado y reconfiguración cooptada del Estado, pero me parece que aún tenemos que seguir aprendiendo cómo lidiar este asunto tan grave en el que la mafia o el crimen organizado no es ya un cuerpo extraño y separado de la sociedad sino que está instalado en la función pública y en la sociedad, no solo para capturar rentas, sino para lavar el dinero que han obtenido criminalmente y acceder al poder político y social, lo que además tiene efectos globales, pues el crimen organizado es uno de los grandes beneficiarios de la globalización. 

El fenómeno de la extorsión ha aumentado en Colombia. En muchas ciudades el Estado tiene que “convivir” con las mafias. La gente paga extorsiones para evitar ser víctimas de crímenes violentos y las autoridades se hacen las de la vista gorda. ¿Quienes viven así tienen que resignarse ante esta situación? 

La disminución de la violencia es un avance pero no podemos naturalizar el pago de extorsiones, no solo porque son delito e intimidan sino porque afectan el mercado, pues encarecen los productos y las obras, afectan la competencia y traen más corrupción y crimen organizado haciendo la sociedad insostenible en el mediano y largo plazo. 

Aquí en Nápoles, por ejemplo, la tasa de homicidios de la Camorra bajó de 112 en 1995 a 30 en 2015. Los camorristas se dieron cuenta de que la visibilidad a través de la violencia no era conveniente y le bajaron el volumen a las muertes espectaculares con armas de fuego, pero sus amenazas y extorsiones, conocidas como “pizzo”, lo que conocemos también como “vacunas”, en ciertas zonas siguen siendo frecuentes. Para contrarrestar el miedo que produce enfrentarse a la extorsión, se han creado organizaciones de consumidores para rodear y darle apoyo directo e indirecto al empresario que no quiere pagar la vacuna: denuncian en grupo, ofrecen defensa jurídica y certifican los negocios y las empresas que no pagan el “pizzo”. En Colombia, sin reemplazar al Estado, podríamos dar este paso como sociedad usuaria para luchar contra la extorsión tanto individualizada como en los grandes contratos. 

¿Qué hacer con tantos bienes decomisados a las mafias? En algunos países los vuelven bienes sociales con beneficios para las comunidades. ¿Sabes cómo funciona el esquema?

El esquema es interesante y ha dado resultados en algunas zonas de Italia. El patrimonio acumulado por las organizaciones criminales es parte de su fuerza, por lo que desmantelar y aprovechar estos bienes es parte de la clave para enfrentarlas. No solo porque con menos bienes, sean estos muebles, inmuebles o empresas las mafias son menos fuertes, sino porque con la gestión de esos bienes se puede reconstruir el tejido social que ellas mismas han dañado. Se trata de usar la economía social como antídoto a la economía criminal. Aquí lo central no es la maximización de la utilidad, como nos han enseñado siempre, sino el impacto social. Así, se destinan los bienes a gobiernos locales para que los gestionen a través de cooperativas u organizaciones sociales que trabajen por ejemplo en favor de la infancia, la vejez, la migración o la discapacidad, y se genera doble ventaja.  

Hay un par de estudios de Ferrante en Sicilia que ofrecen evidencia sobre cómo la reasignación para fines sociales de activos confiscados a la mafia ha logrado que las zonas aledañas tengan mayor competencia en el sector de la construcción, originalmente tomado por la mafia, más participación política y mayor y mejor inclusión de género. Este impacto social resulta más duradero que dar los bienes a un tercero para que genere utilidades.  

Hablando de otro tema que también conoces, la justicia; si tuvieras que hacer dos reformas para que esta funcione mejor, ¿cuáles serían?

La justicia colombiana tiene un gran problema en materia de impunidad, sobre todo en materia penal, porque no hay investigaciones efectivas, hay poca transparencia sobre algunas investigaciones que no avanzan y hay pocas condenas en casos que tienen buenos indicios. El segundo gran problema tiene que ver con el acceso a la justicia que se traduce en la mora en procesos judiciales con procesos que duran años, falta de oferta local de la justicia y la falta de cumplimiento efectivo de las decisiones. Me parece que la reforma a la justicia que se promueva debe atacar estos dos grandes obstáculos: ofrecer las herramientas para hacer investigaciones penales efectivas y una resolución de los conflictos a tiempo, lo que a su vez también evitaría que se reprodujera la corrupción en el sistema judicial.

Afirmas que en Colombia se debe hacer especial énfasis en generar igualdad de oportunidades, un tema en el que el rezago del país es enorme y que pareciera hacer eternos nuestros problemas. Como experta, ¿qué sugieres para avanzar en este  tema? ¿Crees que el actual gobierno tiene una agenda robusta al respecto?

En la lucha contra la desigualdad me parece que el gobierno tiene buenas intenciones, logra algunos consensos y aún no sabemos muy bien cómo será su implementación. Lo digo por la reforma tributaria propuesta para redistribuir mejor los ingresos derivados de impuestos insertos en un sistema con problemas serios de disminución de la desigualdad en nuestro país. 

El gobierno propuso un mayor recaudo en los hidrocarburos junto con un impuesto de renta a las pensiones de 10 millones de pesos, sin lograr consenso en el Congreso para pasar este último impuesto. Esperemos ahora que para la implementación el nuevo Ministro de Hacienda cumpla con la destinación a programas ambientales, de paz y de fomento a la pequeña empresa, que guiaban al anterior ministro Ocampo, pues constituyen gasto social y redistribución para ofrecer mayores oportunidades y buscar más igualdad. Una mayor igualdad basada en la garantía de unos mínimos nos debería importar a todos, no solo por razones éticas de lo que Fergusson llama la lotería de la cuna, sino porque la desigualdad genera más conflictos, más violencia e incluso más corrupción, tema en el que espero podamos profundizar en una próxima conversación.