“Sin ayudas para los más necesitados será muy difícil convivir con la pandemia”

Si 2020 quedará consignado en los libros de historia como el año cero de la primera e inesperada pandemia del siglo XXI, para los economistas alrededor del mundo la fecha es desde ya un punto de inflexión considerado como la peor recesión desde la Segunda Guerra Mundial.

La drástica contracción de la economía mundial y la disminución de los ingresos per capita, que empujará a millones de personas a la pobreza, son algunas de las aristas de una coyuntura global que, en el caso de Latinoamérica, desde ya se deja sentir con mayor fuerza.

Contexto entrevistó a Marcela Meléndez, Ph. D. en economía de Yale University, y M.B.A. de Yale School of Management, quien se desempeña como economista jefe para América Latina y el Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo —PNUD— sobre la situación de la región y su perspectiva sobre posibles soluciones para la crisis actual.

Redacción Contexto: ¿Cómo se ve desde el PNUD la situación de Latinoamérica en medio de la actual pandemia?

Marcela Meléndez: Con inmensa preocupación por lo que esto significa para las personas que están perdiendo su ingreso y con el la posibilidad de una buena calidad de vida. Con inmensa preocupación por los niños y por el costo a largo plazo de la desescolarización. Pero también con la esperanza de que esto se viva como una oportunidad: la pandemia ha dejado al desnudo las fragilidades de la manera en que hemos organizado nuestras sociedades y hace muy evidentes las reformas necesarias. Tal vez seamos capaces de aprovechar eso.

R.C.: ¿Cuáles deben ser las acciones prioritarias de los países para recuperar el empleo y disminuir la pobreza que se verá exacerbada por la pandemia?

M.M.: Como el colapso de las economías no tiene una causa estructural sino ha sido producto de las cuarentenas y de otras medidas de distanciamiento social tomadas para contener la pandemia, creo que lo primero es que transitemos pronto a “normalizar” la vida lo más posible aceptando que vamos a convivir con la COVID-19 por un tiempo. Eso ha pasado en el mundo desarrollado, pero no pasa todavía en nuestros países. Sin interrumpir el esfuerzo en pruebas y seguimiento de contactos, hay que permitir, con pedagogía y responsabilidad, que la gente retome su actividad. Yo confío en que los motores de la economía volverán a prenderse normalmente una vez se contenga la pandemia, pero mientras más dure la inactividad más difícil va a ser que eso ocurra.

¿Qué acciones de política pública recomendaría, además de todo lo relacionado con contener el virus y adaptarnos para convivir con el mientras hay acceso a un tratamiento a o una vacuna?

Diría que este es el momento de los subsidios: a los hogares para asegurar unos niveles mínimos de supervivencia y la conectividad para que los estudiantes de todos los niveles sigan estudiando activamente, y a las empresas y negocios para que cubran sus costos básicos y no desenganchen a los trabajadores y también para que puedan adaptar sus procesos y operar respetando protocolos de distanciamiento social. Con cuidado para llegar a los que más lo necesitan primero, pero sabiendo que los subsidios son necesarios y deben mantenerse por un tiempo. Los países tienen que responder con gasto adicional en serio, para contener el golpe. Tienen que hacerlo, por supuesto, teniendo un plan de largo plazo para el financiamiento de ese gasto adicional. Pero la ortodoxia fiscal en estos momentos es un tiro en el pie.

La informalidad en América Latina es un asunto preocupante que viene de muchos años atrás. ¿Qué se puede hacer para reducirla seriamente?

La informalidad nos ha dolido durante la pandemia porque significa la invisibilidad ante las agencias del gobierno de muchos de los trabajadores que han perdido su ingreso y esto ha dificultado ayudarles en esta coyuntura. También ha significado la ausencia de seguros de desempleo, que los habría protegido.

Para reducirla hay que reformar nuestro sistema de seguridad social: la informalidad es la manifestación de las deficiencias de diseño de ese sistema. El 60 % de los trabajadores en Colombia no hace contribuciones al sistema pensional, así definimos los economistas la informalidad, porque el sistema está lleno de incentivos que los motivan para no hacerlo. Este es un asunto que no es particular a Colombia, aunque el nuestro es un caso extremo. En preparación de lo que será el Informe Regional de Desarrollo Humano del PNUD 2021 venimos estudiando a profundidad los sistemas de seguridad social de 10 países de la región y en general es doloroso ver cómo quedaron armados. Esos estudios van a alimentar un capítulo que hemos titulado “Políticas redistributivas bien intencionadas que no reducen la desigualdad y dañan la productividad,” Es un tema complejo porque requiere una reflexión autocrítica y tramitar reformas difíciles. Tal vez ver la fragilidad de nuestra respuesta de cara a la pandemia sea una buena motivación para eso.

Varios economistas como Santiago Levy y tú misma han sugerido que los países de Latinoamérica adopten una política social que vaya mas allá de las transferencias condicionadas. ¿Qué elementos mínimos debería tener esta política?

Los programas de transferencias condicionadas son una herramienta para reducir la pobreza. Una política social más ampliamente concebida abarca también otras cosas. Si la piensas como una gran sombrilla, bajo ella caen la educación, la salud, la protección en la vejez, la protección frente al desempleo, entre otros. Aunque estas son áreas de la política pública que protegen a la gente de la caída en la pobreza, no son exclusivamente para los pobres. Pero si funcionaran bien, los programas para la reducción de la pobreza serían marginales. La política social tal vez puede pensarse como una gran red de protección que los gobiernos extienden a la ciudadanía para asegurar unos mínimos de calidad de vida y oportunidades para todos. Los programas de transferencias condicionadas, o no condicionadas, son una herramienta de rescate: se activan cuando alguno de los elementos básicos de esa red ha fallado. Tal como lo hemos visto en la coyuntura de la COVID-19.

¿Será posible bajar el GINI de ingresos en Colombia de 0.50 a 0.40 en, digamos, unos 8 o 10 años? ¿Qué habría que hacer?

Yo creo que al menos podríamos cambiar el GINI del ingreso “post-fiscal”, es decir del ingreso que les queda a los hogares después de su paso por la tributación y las transferencias del gobierno, que eso ya sería mucho. Habría que mejorar la estructura de la tributación y la forma en que gastamos los recursos públicos disponibles, para universalizar el acceso a servicios básicos de buena calidad, incluyendo servicios de educación y salud. Pero se requiere no solo voluntad política sino también lograr consensos en torno a un nuevo contrato social, en el que la redistribución desde los más ricos hacia los más pobres se entienda como algo deseable.

El Índice de Desarrollo Humano que publica la ONU es un buen indicador que mira más allá del PIB. ¿Cómo ha evolucionado Colombia y América Latina  en este índice?

En efecto, aunque está muy correlacionado con el PIB per cápita, el IDH es una mejor medida del desarrollo de los países: la riqueza no siempre se traduce en menores tasas de mortalidad o embarazo adolecente, o en la desaparición del analfabetismo, por ejemplo. Entre 1990 y 2018 tanto Colombia como la región mejoran por esta medida. Pero el salto importante sucede entre 1990 y 2010 y esto es cierto para ambos. Después de 2010 el ritmo de progreso es mucho más lento. Gracias a los logros de esas dos décadas, y sobre todo de la segunda, entre 2000 y 2010, en 2018 el IDH de Colombia supera marginalmente al del país promedio de ALC habiendo iniciado el período por debajo. O sea, ha habido progresos importantes en nuestro país. No estoy segura qué tanto este resultado puede atribuirse a nuestras buenas políticas. Es evidente que hay factores externos detrás de los progresos en desarrollo de toda la región. Lo más interesante en mi opinión es la correlación en el tiempo entre el buen desempeño de la economía y las mejoras en desarrollo humano. Es algo evidente que a veces se nos olvida. La economía tiene que crecer para que podamos mejorar el bienestar de la gente. No son cosas desconectadas. La primera década de este siglo es también una década de importantes reducciones en desigualdad en la región, y en Colombia. Desde 2010 estamos estancados.

En Colombia tenemos una excelente tecnocracia que produce documentos de gran calidad, pero sus recomendaciones y valiosas sugerencias no son adoptadas con frecuencia por los gobiernos. Tú has participado en varios de estos documentos, uno de ellos de gran alcance y enorme calidad, titulado Equidad y movilidad social. ¿Qué hacer para que quienes toman decisiones tengan más en cuenta estos conocimientos?

No darnos por vencidos. Difundir. Hacer pedagogía. Discutir. Abrir y mantener conversaciones importantes. Seguir insistiendo en buscar consensos. Lo que hace medios como Contexto van en esa senda. Eso y participar activamente en el proceso de la democracia para elegir mejores gobernantes.

Para que la economía crezca más hay que mejorar nuestra productividad. La educación es una forma de lograrlo. ¿Qué mas habría que hacer? Y como el reto es enorme, ¿deberíamos creer en la gradualidad, en escoger, en principio, un par de sectores y lograr resultados tangibles en un tiempo establecido?

Yo no creo en elegir sectores. Al menos no mientras no hayamos atendido cosas básicas necesarias para que florezca la actividad productiva. Mi lista rápida de lo que habría que hacer incluye, entre otras cosas, ordenar y simplificar la tributación que recae sobre empresas y negocios, invertir en la modernización de la aduana, llevar a buen término las 4G para que tengamos una buena infraestructura de transporte que conecte los mercados, repensar la política de innovación alrededor de unos tres instrumentos bien evaluados, transitar a un arancel plano igual para todos los productos, e invertir en educación en todos los niveles y en formación para el trabajo con reformas sustanciales a lo que tenemos hoy día para que el capital humano responda adecuadamente a lo que requiere el sector productivo. Esto último no es un tema menor y creo que es en lo único en lo que habría que hacer algo específico a sectores.

Si tuvieras 100 pesos para hacer inversión social como los repartirías, en función de sus impactos?

10 pesos a universalizar la cobertura de servicios de saneamiento y agua potable, 15 pesos a atención preventiva en salud, 30 pesos a atención a la primera infancia, 20 pesos a formación de maestros, 15 pesos a universalizar la cobertura de Internet, 10 pesos a transferencias monetarias para mitigar la pobreza. ¡Qué pregunta más difícil!