Reforma laboral: el problema es el desempleo

El vertiginoso avance de la tecnología, la inteligencia artificial y la robótica está transformando de manera radical el mundo laboral y el modo de trabajar. Estos cambios plantean tanto desafíos como oportunidades para empleados y empleadores, y exigen una profunda reflexión sobre el marco regulatorio laboral vigente. En Colombia, donde la tasa de desempleo ha sido persistentemente alta en comparación con otros países de la región, la necesidad de adaptar la legislación laboral a esta nueva realidad es aún más apremiante. En este contexto, es fundamental analizar cómo una reforma laboral podría abordar las implicaciones de esta revolución tecnológica, promover la inclusión y la equidad en el mercado laboral, y garantizar la protección y los derechos de los trabajadores en un entorno laboral en constante evolución.

La Ley 789 de 2002 en Colombia buscó impulsar la competitividad empresarial, disminuir la informalidad laboral y fomentar la creación de empleo. Un año después de la radicación de esta Ley, el empleo creció 5 %, gracias a que se facilitó la contratación temporal y permitió ajustes más ágiles en las plantillas laborales. Sectores como servicios, comercio, industria, hoteles y restaurantes se beneficiaron de la flexibilidad en la contratación, que estaba limitada previamente por los costos de horas extras y rigideces horarias. La jornada diurna de 6:00 a.m. a 10:00 p.m., por ejemplo, permitió a la industria redistribuir empleos entre más personas, en lugar de concentrar horas extras en un único trabajador.

Aunque el crecimiento del empleo no se mantuvo constante en años posteriores, la duración del empleo se incrementó y la del desempleo disminuyó permanentemente, debido a la flexibilización en la contratación y los menores costos de despido (Nuñez, 2005). La tasa de desempleo en Colombia descendió paulatinamente desde 2002 hasta la crisis financiera global de 2008-2009, cuando otros factores influyeron más en el desempleo. No obstante, sin la reforma laboral, la situación habría sido aún más crítica.

Así mismo, la Ley 1607 de 2012 aceleró el crecimiento del empleo al tiempo que disminuyó fuertemente la informalidad gracias a la reducción de los costos laborales parafiscales. Pero luego vino la pandemia y la recuperación del empleo ha sido lento cuando se compara con el fuerte crecimiento del PIB. Durante largos años Colombia ha exhibido la tasa de desempleo e informalidad más altas de la región, impidiendo la redistribución del ingreso y el aumento de la productividad. Esta situación crítica se debe a múltiples factores que desafortunadamente no aborda la reforma laboral.

En primer lugar, las regulaciones laborales en Colombia, a pesar de las reformas implementadas, como la Ley 789 de 2002, continúan exhibiendo un grado de rigidez considerable en comparación con otros países de la región que compiten en mercados internacionales y en la captación de flujos de capital. Dichas rigideces pueden generar desincentivos en la contratación formal, particularmente en el caso de pequeñas y medianas empresas, las cuales enfrentan dificultades para competir con compañías de elevada productividad y empresas extranjeras. Como consecuencia, los trabajadores pertenecientes al sector secundario de la economía experimentan un proceso de desplazamiento hacia el sector comercial, donde se transan, predominantemente, bienes producidos en otras latitudes.

En segundo lugar, Colombia presenta una elevada tasa de empleo informal, lo que implica que una proporción considerable de la fuerza laboral carece de acceso a protección social y derechos laborales. Aumentar el costo del empleo formal entre un 30 % y un 20 %, como lo hace la reforma propuesta por el gobierno, solo protegerá a ciertos trabajadores calificados y con experiencia, mientras que otros podrían ser despedidos y se generarían barreras difíciles de superar para que desempleados e informales accedan a la formalidad, en particular para jóvenes y trabajadores no calificados. El efecto neto para la sociedad resulta perjudicial en términos de equidad, puesto que la reforma beneficia principalmente a trabajadores sindicalizados y altamente calificados, quienes se convierten en los ganadores de esta nueva situación.

Lamentablemente, la reforma no aborda la causa principal de los problemas laborales: las brechas en educación y formación. La calidad y pertinencia de la educación y formación en Colombia resulta insuficiente para cubrir las demandas del mercado laboral, lo que crea una discrepancia entre las habilidades de los trabajadores y los requerimientos de las empresas. Esto dificulta la inserción laboral de jóvenes y trabajadores desempleados de alta persistencia. Aumentar las rigideces y los costos laborales solo empeorará dicha situación de los más vulnerables.

El avance tecnológico acelerado, la inteligencia artificial, la robótica y la transición energética están reconfigurando el mercado laboral, exigiendo una reforma laboral que contemple dichos desafíos y oportunidades. No obstante, la propuesta de reforma actual favorece únicamente a un pequeño grupo de trabajadores privilegiados. La reforma debería incorporar estrategias para abordar el desplazamiento laboral en sectores como el minero energético, impulsando la reconversión y capacitación en nuevas habilidades y facilitando la transición hacia empleos y sectores emergentes. 

Estos avances tecnológicos mencionados podrían intensificar la desigualdad en el mercado laboral, incrementando la demanda de empleos altamente cualificados y bien remunerados en un extremo (formales), mientras que en el otro extremo se generarían empleos precarios y mal remunerados (informales). La reforma laboral debería enfrentar estas desigualdades, fomentando la inclusión y la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo formal y la capacitación laboral. Sin embargo, las rigideces introducidas en la reforma podrían polarizar aún más la situación en ambos extremos del espectro laboral.

La propuesta también ignora temas relevantes como las desigualdades regionales y el crecimiento económico inclusivo. Colombia enfrenta notables diferencias regionales en desarrollo económico, infraestructura y oportunidades de empleo. Además, el crecimiento económico colombiano no siempre ha sido lo suficientemente sólido para generar empleo en la escala necesaria para disminuir la tasa de desempleo. La economía colombiana ha sufrido fluctuaciones debido a la volatilidad en los precios de las materias primas y otros factores externos, lo que ha impactado negativamente la creación de empleo, en especial aquellos para la población más vulnerable que está concentrada en la informalidad.

Enfrentadas a la nueva realidad, las empresas deberán adaptarse rápidamente a las nuevas tecnologías y cambios en el mercado para mantener su competitividad. Sin embargo, la nueva reforma laboral impone numerosas barreras a la adaptabilidad. Como consecuencia, los verdaderos generadores de empleo se encuentran en una encrucijada: modernizarse o asumir los costos asociados con la reforma. La última opción implicará un pago escalonado de costos, afectando negativamente primero a las empresas, luego a los trabajadores y finalmente a la sociedad en general. 

Al reconocer la Ministra que el propósito de la reforma laboral no es impulsar la generación de empleo, sino mejorar las condiciones laborales, se evidencia que dicha reforma podría incrementar las desigualdades, convirtiéndose así en una propuesta regresiva. Devolvernos a la legislación del siglo pasado solo empeorará la situación; no lo duden un instante. Lo mejor es utilizar la reforma para avanzar en los problemas que enfrentará el mercado laboral y no para retroceder hacia una legislación anacrónica que concentrará beneficios en pocos segmentos formales y dejará en una peor situación a informales y desempleados.