Que robe, pero que haga

Existe una expresión que con frecuencia se usa en el país para referirse a ciertos gobernantes que logran una provisión de bienes públicos con poca transparencia en el manejo de los recursos: “Que robe, pero que haga”. No debemos resignarnos a esta posición porque, como también se dice, los recursos públicos son sagrados y deberían tener el mejor uso posible para lograr el mayor bienestar ciudadano. 

Una premisa de los economistas es que los recursos son escasos. Por lo tanto, es necesario el uso más eficiente de ellos para alcanzar los mejores resultados posibles. Los sobrecostos de obras pueden llevar a un desperdicio de recursos, así como las demoras en su implementación, las adiciones presupuestales frecuentes, o los malos diseños de obra, entre otros. 

Siempre es importante tener en cuenta el costo de oportunidad de cada peso que se invierte. Con frecuencia se logra entregar un determinado bien público que proveerá un beneficio a la ciudadanía, pero a un costo superior al que tendría si hubiese un manejo transparente de los recursos. Es decir, con un buen uso, se podría alcanzar una mayor provisión de bienes públicos con los mismos fondos.

Con el avance de las redes sociales, cada día son más los gobernantes utilizando estos medios para comunicarse con sus electores. Surge entonces la necesidad de mostrar resultados permanentemente, en especial porque también existen las encuestas de percepción que periódicamente miden la favorabilidad de los administradores públicos. Exhibir obras se convierte en un punto crucial para subir o mantener un índice de favorabilidad alto.  

Todos los ciudadanos anhelamos al dirigente que entrega obras, es lo mínimo que esperamos en una democracia. Sin embargo, el afán por mostrar resultados puede llevar a que los procedimientos establecidos para el buen manejo de los recursos públicos sean evitados. Por ejemplo, acostumbran a emplearse mecanismos contemplados en las regulaciones para ciertas excepciones, los cuales terminan convirtiéndose en la práctica regular. 

También ocurre que se definen presupuestos elevados frente a los costos reales de hacer una obra, o que se asignen por un valor y luego con adiciones pueden llegar a duplicar el costo inicial. De esta manera, se dilapidan los recursos públicos. Se hace la provisión de los bienes públicos a un costo elevado y con poca transparencia, lo que puede llevar a captura de rentas por distintos grupos. 

Los gobernantes tienen la obligación legal de rendir cuentas y los ciudadanos la responsabilidad de controlar el uso de los recursos. No se trata simplemente de recibir un bien público y cerrar los ojos a las prácticas realizadas para producirlo. No debemos normalizar la mala administración de los recursos por el hecho de ver unas obras, sin tener en cuenta las prácticas detrás de ellas.