¿Qué hemos aprendido de la crisis migratoria venezolana?

El último ensayo sobre la política económica (ESPE No. 97) del Banco de la República, dedicado al estudio de la migración desde Venezuela, busca dar luces sobre la complejidad y repercusiones que las distintas aristas del fenómeno migratorio pueden tener sobre la economía colombiana en materia de empleo, hacienda pública y otras variables de interés de la política monetaria.

De acuerdo con la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), alrededor de 5,1 millones de venezolanos han migrado desde 2016, de los cuales 1,8 millones se han radicado en Colombia, según lo indican las estadísticas oficiales de Migración Colombia. Aunque esa cuenta incluye también a colombianos que decidieron retornar al país, no deja de sorprender la magnitud de la cifra. No solo por sus implicaciones económicas sino por el drama humano que implica abandonar sus raíces, pertenencias y, en muchos casos, hasta a la familia con tal de buscar un mejor futuro o, al menos, uno viable.

Uno de los principales resultados incluidos en el reporte es que la migración venezolana no ha tenido efectos sobre el desempleo total en nuestro país, pero sí sobre el desempleo de los mismos inmigrantes. También indica que la inmigración no tiene un efecto negativo sobre los salarios de los empleados formales colombianos, pero sí sobre los ingresos de los trabajadores por cuenta propia, tanto nativos como extranjeros. Es decir, los colombianos no están perdiendo sus empleos a causa de la llegada de mano de obra venezolana, aunque esta entrada masiva ha hecho que los trabajadores independientes, en su mayoría informales, experimenten una reducción en sus ingresos.

Como casi todo en la vida, esto muestra que el efecto de la migración sobre el mercado laboral no es blanco o negro, derrumbando así algunas concepciones erradas que se repiten en los pasillos de los supermercados (o solía hacerse antes del coronavirus) sobre cómo supuestamente los venezolanos acabaron con el empleo local.

En materia fiscal, la atención a la población migrante en salud, educación y primera infancia ha representado un costo de 0,12% del PIB colombiano para el periodo de 2017-2019, lo que equivale a 1,3 billones de pesos. Este monto no es despreciable, teniendo en cuenta que no incluye los gastos asociados a la migración en los que los municipios y departamentos han incurrido.

En este sentido, la migración venezolana sí presenta un gran reto financiero para los gobiernos locales, especialmente para las ciudades de frontera y las capitales. Cuatro años después de la llegada de la primera oleada migratoria, no existe una clara definición sobre quién debe asumir el creciente pasivo que se ha generado en los hospitales de la red pública, por causa de la atención a los migrantes sin permiso de permanencia, ni los asociados a programas de educación y alimentación escolar para estudiantes venezolanos en situación de vulnerabilidad.

Se estima que, si se continúa con el mismo patrón migratorio observado hasta 2019, los costos de atención a los migrantes pueden llegar a cuadruplicarse. Sin embargo, la coyuntura actual de la pandemia redujo la velocidad de llegada de migrantes e incluso forzó el regreso a Venezuela de algunos de ellos, lo que podría reducir los costos estimados.

Una oleada migratoria de tal magnitud requiere que los países de acogida realicen grandes esfuerzos fiscales e institucionales en muy poco tiempo, y que dicha respuesta sea coordinada entre las distintas entidades y niveles de gobierno para que la implementación de las políticas públicas que buscan atender necesidades más apremiantes de los migrantes sea exitosa. Colombia, con aciertos y fallas, ha intentado estar a la altura de las circunstancias y proveer la mayor atención posible a la población venezolana que ha ingresado al país.