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Regalías mal invertidas o que terminan engrosando la lista de “elefantes blancos”, la realidad colombiana.

La sombra de la corrupción y el mal manejo de las regalías se cuentan entre los factores que afectan el desarrollo en nuestro país. ¿Qué pasa con los OCAD?

Uno de los riesgos cuando los países reciben ingresos importantes derivados de la explotación de los recursos naturales no renovables es que ello no se traduzca en una mejora significativa en indicadores socioeconómicos como la reducción de la pobreza o las desigualdades, y el mejoramiento en la calidad de la educación. Por eso muchos expertos consideran una especie de maldición que los beneficios de hallazgos importantes de recursos mineros terminen malgastándose tal y como le sucede a muchas personas que ganan una lotería o reciben una herencia y a la vuelta de unos años quedan en peor situación que en la que estaban. Es la llamada paradoja de la abundancia.

Varias razones generan este riesgo, tales como la apreciación de la tasa de cambio, los vaivenes de los precios internacionales de los productos básicos y la prevalencia de instituciones débiles, ineficaces, inestables o corruptas.

Esta última preocupación llevó al país a elevar a nivel constitucional (Artículos 360 y 361) la regulación de la contraprestación económica por la explotación de estos recursos con el propósito específico de financiar proyectos para el desarrollo social, económico y ambiental de las regiones, el ahorro pensional, e inversiones físicas en educación, ciencia y tecnología e innovación.

Inicialmente se tuvo una formula de distribución que privilegiaba a los municipios y departamentos productores y en sucesivas reformas se establecieron esquemas que en palabras de un otrora Ministro de Hacienda permitían “esparcir más uniformemente la mermelada en todo el país”. Este era el significado original del término que hoy se usa para señalar las transacciones clientelistas entre el Legislativo y el Ejecutivo. Las regalías, sin embargo, no hacen parte del Presupuesto General de la Nación ni de los departamentos o municipios.

Para los años 2021-2022 los recursos a distribuir se estimaron en 15.4 billones, valor que luego varía según los recursos no ejecutados de períodos anteriores y las fluctuaciones de los precios internacionales del petróleo y otros minerales. En el ámbito regional, un 20.4 % de los recursos se destinaron a los departamentos y un 13.6 % a los municipios, lo que constituye un 34 % del Presupuesto de la Nación. Se destinó un 10% para Ciencia y Tecnología y el 7 % para la implementación del Acuerdo de Paz en los territorios. La distribución tuvo en cuenta el tamaño de la población y los índices de pobreza.

Hasta ahí bien, en términos generales, aunque seguramente habrá observaciones y posibilidades de una mejor distribución. Lo importante es si realmente estos recursos, en principio temporales o finitos como los son las fuentes de donde vienen, cumplen el objetivo de mejorar las condiciones socioeconómicas de las regiones colombianas y de sus ciudadanos.

Una primera aproximación a la respuesta es el funcionamiento del mecanismo previsto para la ejecución de este presupuesto. Para ello el sistema de regalías instituyó los OCADS (Órganos Colegiados de Administración y Decisión) en distintos niveles, los bancos de proyectos y un proceso para la definición, evaluación, viabilización, priorización, aprobación y definición del ejecutor. De algo relativamente sencillo y con criterios técnicos en un inicio se ha pasado a un sistema donde participan congresistas y hasta la Contraloría, desvirtuando el foco del Legislativo y el del ente control. Denuncias e investigaciones en curso y una simple lectura de los objetos y costos de los contratos muestran serios síntomas de corrupción y desvío de recursos.

Si le damos una mirada a los proyectos, sin negar escasas y virtuosas excepciones, el tema es muy preocupante. Desde los inicios del Sistema Nacional de regalías, con la formula original que privilegiaba a municipios y departamentos productores, el país ha sido testigo de excesos, obras innecesarias, algunas estrambóticas, abandonadas y no sostenibles. Con plata de regalías se construyeron piscinas de olas, puentes sin ríos, vías sin tráfico y muchos de los llamados “elefantes blancos”.

Con las reformas constitucionales y las leyes que las reglamentaron, principalmente la de 2011, hubo una distribución de regalías extendida a todo el país. Sin embargo la priorización en función de necesidades o con evaluación de impacto económico y social ha brillado por su ausencia. En una simple revisión a las actas que existen –varios departamentos no las publican ni las actualizan–, se encuentran obras como las siguientes: construcción de pavimento hidraúlico en la carrera 16ª, entre calle 7 y 6, Carrera 10ª entre calles 11 y 10, y otras dos más por valor de $1.493 millones en el municipio de Sabanagrande; $ 412 millones para dos cuadras de la Cra 5a de un corregimiento de Túbara y otras por el estilo. ¿Será que la pavimentación de estas calles es más importante que invertir estos recursos en las grandes necesidades de estos municipios en materia de educación, agua y alcantarillado, vivienda u otros?, ¿existen análisis sencillos de costo-beneficio?

Hace unas semanas se descubrió lo que puede ser una asignación irregular de paneles solares en unos municipios del Cesar. Además del posible acto corrupto, ¿son esas la sentidas necesidades de estas poblaciones? ¿Cuál es el criterio y las prioridades para asignar esos recursos de manera que no se bote la plata y se sigan acumulando frustraciones en los ciudadanos?

Desde los inicios del Sistema Nacional de regalías el país ha sido testigo de excesos, obras innecesarias, algunas estrambóticas, abandonadas y no sostenibles. Con plata de regalías se construyeron piscinas de olas, puentes sin ríos, vías sin tráfico y muchos de los llamados “elefantes blancos”.

La maldición de las regalías

Para la ampliación de la carrera 51B entre Barranquilla y Puerto Colombia se van a destinar $100.000 millones del OCAD Caribe sin que se conozcan los beneficios de esta obra frente a otras necesidades del departamento, o si lo planteado es la solución más eficiente para mejorar el tráfico en esa vía. Otro ejemplo es el del Tren Regional del Caribe, en donde para estudios de prefactibilidad ya se destinaron cerca de $6.000 millones de regalías y se pretende asignar otros $60.000 para la factibilidad cuando de antemano se sabe que por los costos, $1.6 billones de dólares, este no es viable. “Con estos recursos se le podría dar el almuerzo a 43.000 estudiantes de colegio durante todo el año escolar. Se invierte en proyectos de nula o bajísima rentabilidad social o económica”, dijo el rector de la Universidad del Norte, Adolfo Meisel, en un discurso durante una reciente ceremonia de grados.

Otros casos incluyen serias denuncias como el “acueducto seco de San Jacinto” y el alcantarillado del Carmen de Bolívar. Este proyecto se contrató en 2017 por $57.000 millones de los cuáles el 50 % los aportó el departamento de Bolívar por regalías. Hoy, 5 años después, el proyecto ha tenido 12 prórrogas y una adición de más de $20.000 millones y aún no se ha entregado. De acuerdo a una investigación en detalle del portal La Contratopedia Caribe sobre este contrato, un fiscal especializado de la Unidad Contra el Lavado de Activos presentó denuncia por corrupción originada en ese contrato a la Corte Suprema contra un exgobernador y un senador de ese departamento.

Los recursos de regalías tienen la ventaja de estar por fuera del presupuesto de ingresos y gastos, lo cual le garantiza mayor agilidad para financiar obras necesarias para el desarrollo de las regiones y para mejorar la situación de tanta gente necesitada. No se pueden desaprovechar. Los resultados hasta hoy no parecen mostrar que tan importante inversión haya cambiado significativamente el panorama social y económico de las regiones. Se hace necesario revisar, con seriedad y prontitud, el esquema de funcionamiento para hacerlos a costos adecuados, con criterios de bien común, con requisitos mínimos de rentabilidad económica y social a través de evaluaciones de reconocidas entidades académicas, y que su ejecución se ciña a las estrategias anticorrupción que se han planteado para la contratación pública, además de empoderar a la ciudadanía para que sea veedora exigente de estos procesos.

Arnold Gómez Mendoza

Empresario, PhD en Economía de New York University, profesor de la Universidad del Norte.