Montes de María: ¿cuándo volverá la gracia y se irá la violencia?

Rosa* es saladera de corazón. Ella nació, creció y formó su familia en el campo. En los 80 adquirió una parcela en la que sembraba yuca, ajonjolí, maíz, tabaco y auyama. Hace veinte años presenció cómo “los paras” mataron a su hija: Kelly, de 5 años, y Wendy Johana, de 20, en la que ha sido una de las masacres más sádicas de la historia colombiana: la masacre de El Salado, que este año cumplió dos décadas de sucedida. Entonces, con el dolor vivo de la tragedia, tuvo que marcharse con sus dos hijos varones a El Carmen de Bolívar y empezar de nuevo, como tantos otros. “Es un dolor que no se lo deseo a nadie. Solo salí adelante por los hijos que me quedaron. Ahora que veo cómo la historia se repite quiero dejar mi testimonio: ¿cómo es que aún no hemos aprendido? ¿No ha sido suficiente el luto que tantos hemos vivido?”.

Del corregimiento de Macayepo es oriundo Antonio. Se crio junto con su padrastro y sus ocho hermanos en una parcela cercana al pueblo. A la edad de nueve años, mientras iba a hacer un “mandado” a la tienda, presenció cómo las AUC tocaban de casa en casa invitando a la comunidad a una supuesta reunión. Corrió a su hogar y al llegar observó cómo un matarife traía a su mamá embarazada de ocho meses a empujones, obligándola a caminar y a asistir al encuentro. Su madre pudo zafarse del grupo subversivo y refugiarse en casa de una vecina. Desde distintos lugares, Antonio y ella escucharon los disparos y entendieron que la hora de la verdad estaba por llegar. “Nos tocó separarnos. Mis hermanas mayores se fueron para Cartagena y a los hijos más pequeños nos tocó ir a Sincelejo. Por problemas económicos no pude estudiar y como mis padres trabajaban el día entero me la pasaba solo en casa. Esto hasta que llegó el día en que mi familia se armó de valor y decidimos volver”.

Cómo Rosa y Antonio, millones de personas se han visto afectadas por el conflicto que aún habita Colombia. Los líderes sociales, encargados de velar por la justicia y el bienestar de su comunidad, son amenazados de muerte a diario. Durante el 2020, según informes de Indepaz, 205 han sido asesinados en el territorio nacional, y las bases de datos de este mismo portal registraron que desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016 hasta el 21 de agosto de 2020, se han cometido 1.000 asesinatos a líderes sociales y defensores de derechos humanos en todo el territorio nacional. Las cifras nos dicen que las estrategias que han puesto en marcha dos gobiernos distintos para la protección de las vidas de los lideres no han sido suficientes, y que la problemática solo se agudiza con el paso de los días.

En los Montes de María, la zona que compete a este reportaje, la violencia se ha recrudecido desde que el presidente Iván Duque anunció un Estado de emergencia económica, social y ecológica en todo el territorio nacional por la llegada del Covid-19. La zona ha sufrido seis asesinatos de líderes sociales en lo que va del año, mientras que hechos recientes hablan de una masacre en Simití y el Carmen de Bolívar, donde el pasado 7 de septiembre la Policía nacional reportó siete cuerpos sin vida, entre ellos el de una menor de edad. Por su parte, las amenazas han llegado hasta líderes sociales de alta envergadura como Juana Alicia Ruiz, quien terminó por dirigir una carta firmada por los quince municipios que integran los Montes de María, en la que se propone una estrategia colectiva de garantías por la vida y protección territorial para esta región. Entre las propuestas está crear un mapa de riesgo para la zona, organizar un festival de reconciliación y construir una red de comunicación.

De entre los asesinatos de líderes sociales, los de Manuel Benicio Sotelo, el 9 de agosto, mientras se encontraba trabajando en su finca en la parcelación de Caño Negro, y el de Eduardo Enrique Medina, quien también pertenecía a la misma zona, desencadenaron un terror que significó el desplazamiento de 27 familias, según reportes de la Procuraduría General de la Nación, quien además hizo un llamado por sus redes sociales a que no regresen “los momentos más oscuros de la violencia en Colombia”.

La situación que afronta los Montes de María fue plasmada por la regional de la Defensoría del Pueblo en Bolívar, tras emitir, a inicios de este año, una alerta temprana que fue enviada al Ministerio del Interior. El Defensor del Pueblo de Bolívar, Roberto Vélez, explicó a Contexto que emitió esta alerta basándose en “advertencias recogidas gracias a las investigaciones de analistas, así como acciones de terreno e información otorgada por parte de civiles afectados”. En dicha alerta se plasmó que uno de los principales factores de riesgo que ponen en peligro a la población de los Montes de María es la continua presencia de grupos paramilitares, específicamente del grupo armado Autodefensas Gaitanistas de Colombia (en adelante AGC o Clan del Golfo, según lo ha denominado el Gobierno Nacional). La alerta también advirtió que las AGC ha expandido su estructura económica en los Montes de María otorgándole “oportunidades” de empleo a jóvenes con alta vulnerabilidad económica, organizando así un circuito de tráfico de estupefacientes que son distribuidas y consumidas de forma ilícita, así como rentas forzadas y microcréditos, o los populares “paga diario”.

Apoyando este informe de la Defensoría, Rosa, quién habita actualmente en el municipio del Carmen de Bolívar, afirma: “Ahorita en tiempos de Coronavirus se han escuchado muchas cosas y todo se ha empeorado por el descenso de trabajos formales. Los vecinos hablan y dicen que por ahí andan más fuertes “los paras” y nosotros tenemos miedo de que otra vez esto se llene de violencia”.

“LA DESPENSA DEL CARIBE COLOMBIANO”

Antes de adentrarnos a repasar la cruenta historia de las masacres ocurridas en el azaroso año 2000, hay que preguntarse por qué diferentes actores se han ensañado contra esta zona del país ubicada al norte de Colombia, en medio de los departamentos de Sucre y Bolívar. El territorio se ha consolidado a lo largo del tiempo por ser un corredor que comunica al resto del país con el Caribe, y es considerado diverso pues integra bosques tropicales, manglares, arroyos, ciénagas y aguas subterráneas.

La subregión de Los Montes de María está conformada por los municipios El Carmen de Bolívar, San Juan Nepomuceno, San Jacinto, María La Baja, El Guamo, Zambrano, Córdoba, pertenecientes al departamento de Bolívar. Por su parte, Chalán, San Onofre, Los Palmitos, Morroa, Ovejas, San Antonio de Palmito, Colosó y Tolú Viejo pertenecen al departamento de Sucre. Sus tierras se caracterizan por ser ricas para las actividades del campo y la ganadería. Alimentos propios de la región como la yuca, plátano, maíz, ñame, arroz, tabaco, aguacate son solo algunos de los tantos que se pueden obtener de los cultivos en estos municipios.

Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) esta zona del país es denominada “La despensa del Caribe colombiano”, debido a su diversidad agrícola (“Montes de María: análisis de la conflictividad”). Dicho nombre responde no solo a la cantidad de alimentos allí producidos, sino también a la calidad de los mismos. “Aquí la yuca no se vendía por kilos, sino por pilas. Y la auyama se la regalaban a uno para los puercos”, atestiguó el entonces líder de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC), Dagoberto Villadiego, para dicho informe del PNUD en Colombia. “La yuca y el ñame eran tan grandes que una yuca de esa época tenía el tamaño de tres de hoy, mientras que el plátano llenaba los canastos de los Montes de María y sus alrededores”, agregó.

Sobre esta realidad rememorada por Villadiego, Rosa recuerda: “Aquí en los ochenta vivíamos felices. Todo era tranquilo, no nos faltaba absolutamente nada. Sembrábamos felices la tierra, que nos contestaba igual de contenta”, manifestó.

Esta riqueza, sumada a toda la historia de lucha por la tierra por parte de los movimientos campesinos, ha sido la plataforma de disputa por medio de la cual diversos actores armados han luchado por su control. Testigo de ello han sido los municipios El Salado, Mampuján y Macayepo, en el piedemonte de la zona montañosa de los Montes de María, municipios que hace veinte años sufrieron tres de las peores masacres que se han registrado en la historia de nuestro país.

LA ANTESALA DE LA VIOLENCIA

Según datos del Centro Nacional de Memoria Histórica, durante los años ochentas y noventas El Salado fue un pueblo próspero en razón de la bonanza tabacalera. Su ubicación era ideal para intercambios económicos y para las lógicas de la guerra.

Tras las desmovilizaciones de grupos subversivos como El Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y la Corriente de Renovación Socialista (CRS) en los años 90 se abrió paso a la expansión territorial de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en los Montes de María. Este grupo se asentó sobre todo en la Serranía de San Jacinto, junto con el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

En ese entonces las Farc convirtieron el corregimiento de El Salado en una de las principales zonas de combate, dado que tenía una ubicación que les brindaba ventajas para movilizarse hacia distintas direcciones de la región al momento de atacar. La ventaja de movilidad que las Farc encontró sobre la región fue una de las razones para que los “paras” buscaran comandarla en 1997, aunque la memoria colectiva también ha explicado la llegada de este ejército paraestatal como parte de un esquema para proteger a campesinos pudientes que eran extorsionados y asesinados por el grupo guerrillero.

Por ejemplo, en 1995 el otrora famoso Santander Cohen y 27 miembros de la Infantería Marina fueron asesinados por las Farc luego de que el primero decidiera no pagar una millonaria vacuna solicitada por la guerrilla. Desde entonces, el pueblo fue tildado de guerrillero por no haber avisado a los militares del hecho sangriento que planeó alias ‘Martín Caballero’, quien entonces se desempañaba como jefe del frente 37 de las Farc, adscrito al Bloque Caribe.

Pero la entrada de los paramilitares bajo ninguna circunstancia significó la calma. De hecho, en 1997 sucedió una primera masacre en el corregimiento de El Salado, menos conocida que la del 2000. Entonces, un grupo enviado presuntamente por ganaderos de la zona, asesinó con lista en mano a la maestra del pueblo y a cuatro personas más. A raíz de ello, todas las familias de El Salado salieron desplazadas, con la esperanza de recibir garantías para regresar a sus casas. El Gobierno reaccionó y a los tres meses la Armada se instaló por unas semanas en el pueblo y poco a poco la mitad de las familias regresaron a sus hogares.

EL TERRIBLE AÑO 2000

En enero del 2000, ‘Juancho Dique’, jefe de sicarios de los paramilitares en Sucre, recibió una llamada de Rodrigo Mercado Pelufo, alias ‘Cadena’, indicándole que debía reunir a 60 hombres en su finca El Palmar de San Onofre. ‘Dique’ había sido escogido por Carlos Castaño, Salvatore Mancuso y Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’, para llevar a cabo la misión de desplazar a la guerrilla de las Farc de El Salado, y de instalar ahí un grupo paramilitar, costara lo que costara.

Así trascurrieron los días hasta que llegó el temido 15 de febrero. Desde El Palmar, finca de alias ‘Cadena’, salieron los hombres en dos camiones y en la vía se encontraron con otros dos grupos: uno que venía del Magdalena y que era enviado por ‘Jorge 40’ y el otro procedente de Córdoba. Eran aproximadamente 300 soldados paraestatales.

Se cuenta que en algún punto los camiones fueron abandonados en las carreteras y que los hombres hicieron el recorrido hasta El Salado caminando entre las veredas, con el propósito de recoger un ganado supuestamente perteneciente a Enilce López, alias la Gata, y de matar a quienes se atravesaran por su paso. En cuestión de horas ya habían asesinado con sogas o degollado con cuchillos a 19 campesinos, pero la sed de sangre era tal que se escucharon disparos provenientes de distintas veredas hasta el viernes 18 de febrero, día en que los paramilitares arribaron a El Salado. Esta llegada sin bienvenidas Rosa la recuerda vívida y dolorosamente: “El 18 de febrero entraron al pueblo como a las 11:30 de la mañana. Nos llamaron a todos a la plaza y nos sentaron en unos escalones. Allí iban llamando y tildando de guerrilleros a quien ellos quisieran y los iban matando”.

Esa noche fue espantosa para los saladeros. Al culminar el día, el número de víctimas sólo en la zona urbana de El Salado ascendía a 38. Y en los alrededores ya llegaba a 28. Nadie durmió, y al día siguiente hacia las cuatro de la tarde, se escucharon disparos por parte de quienes perpetuaron la masacre, indicando su partida.

La masacre de El Salado promovió el desplazamiento para 200 personas que vivían allí.

Rosa añade que las muertes de sus hijas sucedieron frente a ella, y que después de la masacre no vio otra opción que partir, esto para no seguir experimentando la oleada de violencia a la que estaba sometida la región. De hecho, solo un mes después de la masacre de El Salado, el 10 de marzo de 2000, la violencia llegó al corregimiento de Mampuján con 60 paramilitares al mando de alias ‘Cadena’, exjefe del Bloque Montes de María.

Milena, una tejedora de Mampuján de 29 años que como los demás prefiere no revelar su verdadero nombre, cuenta cómo sucedieron estos hechos, que vivió siendo una niña: “Yo solo tenía siete años, mi hermana mayor en ese entonces tenía nueve y la menor dos”, afirmó.

Con amenazas, Cadena reunió a la población en la cabecera municipal. Acto seguido, sacó una lista con los nombres de campesinos que ellos tildaban de guerrilleros y los llamaron. De repente, uno de los jefes paramilitares recibió una llamada y la decisión cambió. No matarían a nadie pero las 300 familias que allí vivían debían abandonar el pueblo para siempre.

Sin embargo, como bien ha sido atestiguado por las Tejedoras de Mampuján en su tapiz “Día de llanto”, los paramilitares aún obligaron a siete campesinos a que los guiaran a un supuesto campamento guerrillero en la vereda Las Brisas del municipio de San Juan de Nepomuceno. Al no encontrar nada, arremetieron en contra de esta población, asesinando a 11 personas tras acusarlas de ser colaboradores de la guerrilla.

Sobre estos días, Milena dice que después de ser desplazada de Mampuján, se fue con su familia y todos los habitantes del pueblo a María la Baja, en donde la alcaldía municipal puso a su disposición un colegio, la casa de cultura y un prostíbulo para que se hospedaran por unos días. “Pero a los dos o tres meses de estar allí, el dueño del prostíbulo empezó a desalojarnos porque la alcaldía no les estaba pagando, y en el caso del colegio, era hora de que los niños ya volvieran a las clases”, manifestó.

El párroco italiano Salvador Mura, quien hacía trabajo social con la comunidad católica Misioneros de la Consolata, reunió dinero para comprarles un lote de seis hectáreas en donde terminaron por localizarse. Poco a poco, gracias a la unión y el trabajo de las familias desplazadas, reunieron dinero para la construcción de sus casas y la instalación del servicio eléctrico, y así nació Mampuján nuevo, Mampujancito o Rosas de Mampuján.

Pero al tercer año de estar en el Nuevo Mampuján el pueblo empezó a tener problemas, especialmente de carácter social, debido a que se evidenciaba la escasez de recursos para subsistir en el día a día. “En nuestros corazones había además sentimientos de rencor, había mucha depresión, mucha tristeza por lo que nos tocó vivir, por lo que la comunidad le pidió ayuda a Ricardo Esquivia Ballestas, director de Sembrando Paz, para que nos enviara un psicólogo profesional que nos ayudara a sobrellevar la situación”, dijo Milena.

Así llegó a la zona la estadounidense y predicadora Teresa Geiser, quien quiso ayudar a sanar las heridas y traumas de la población por medio de una técnica de tejido llamada “quilting”, o el arte a través del retazo. El objetivo era que los mampujanos tejieran sobre sus sentimientos y así hacer catarsis.

“Al pricipio sentimos que la técnica era muy aburrida. No le encontramos ninguna gracia; por eso le preguntamos a Teresa si podíamos contar historias a través del tapiz, y ella dijo que sí. Empezamos entonces contando la historia del desplazamiento de Mampuján y luego, con el paso del tiempo, empezamos a contar historias de la vida cotidiana y se convirtió para nosotros en una fuente de ingresos que nos ha ayudado a subsistir”.

El legado que las tejedoras de Mampuján le ha dejado a Colombia ha sido de admirar, incluso fueron reconocidas con el Premio Nacional de Paz de 2015. Hoy, a raíz de la pandemia, las Tejedoras de Mampuján se han reinventado, pasando a contar historias en tapabocas que cumplen con todos los requisitos de bioseguridad. Estos tapabocas son comercializados en el país por la empresa La Empatía.

Después de la masacre de Mampuján, y como si el cruento 2000 no hubiera tenido suficiente, estuvo el tenebroso 14 de octubre, en que 80 hombres pertenecientes a las AUC llegaron a Macayepo otra vez al mando de alias ‘Cadena’. Entonces asesinaron a sangre fría, con piedras y garrotes, a quince habitantes del corregimiento, provocando el desplazamiento de por lo menos 200 familias.

Sobre esta masacre la Corte Suprema fue terminante en sus señalamientos durante el proceso de la parapolítica, debido a que por medio de una interceptación de comunicaciones entre el financiador de las AUC, Joaquín García, y el exsenador Álvaro García, se logró comprobar que la masacre fue parte de un plan para permitir la entrada de las AUC a los corregimientos de El Aguacate y Pajonalito, vecinos de Macayepo.

Antes de que la Corte se pronunciara sobre esta masacre en 2010, Antonio ya había regresado a Macayepo, debido a que su familia sentía que solo servía para labrar esa tierra: “Llegamos nuevamente al pueblo el 12 de septiembre de 2004 y estaba desierto. Solo habían quedado tres ancianos, a los que sus familiares se llevaron con el paso de los meses”.

LA RUTA DE LA REPARACIÓN: LEY DE JUSTICIA Y PAZ, VICTIMAS Y RESTITUCIÓN DE TIERRAS

Colombia ha tenido la intención de reparar a las víctimas del conflicto armado, brindándoles garantías y beneficios por lo vivido en tiempos anteriores.

En el 2010 se llevó a cabo la primera audiencia de reparación colectiva de Justicia y Paz en Bogotá. Diecisiete representantes de Mampuján tuvieron su primer cara a cara con los exjefes paramilitares ‘Juancho Dique’ y ‘Diego Vecino’, quienes, de manera pública les pidieron perdón a los mampujanos por todos los hechos ocurridos en el 2000.

Acto seguido, la Corte Suprema ordenó al Fondo de Reparación del Departamento de Prosperidad Social reparar con 32.000 millones de pesos a 1.500 víctimas del conflicto en Mampuján. En 2012, un juez de tierras responsabilizó a diferentes instituciones de reparar 14 familias mampujanas con 65 hectáreas de tierra.

“A nosotros en Mampuján nos dieron 17 millones de reparación de víctimas, y nos ratificaron los títulos de las tierras que nos pertenecían en el viejo Mampuján”, dijo Milena. “Sin embargo nadie puede comprar nuestro dolor, que ha sido extremo, inhumano”.

Durante el Gobierno del expresidente Juan Manuel Santos se avaló la ley 1448 de 2011, por la cual se le brindan medidas de atención, asistencia y reparación integral (restitución, satisfacción, garantías de no repetición, rehabilitación e indemnización) a todas aquellas personas que fueron víctimas del conflicto armado a partir del 1 de enero de 1985. Dicha ley también afirma que aquellos ciudadanos que hayan tenido que abandonar sus tierras en contra de su voluntad, o las hayan perdido, tendrán acceso a mecanismos especiales para recuperarlas, siempre y cuando los despojos hayan ocurrido posterior a 1991.

Cientos de familias de los Montes de María se han beneficiado de la Ley 1448. Rosa recuperó los títulos de sus tierras y además recibió una “platica de reparación con la que pude terminar de hacer mi casita aquí en El Carmen de Bolívar y comprarme una parcelita. Lo que produzco yo lo vendo aquí en la casa y con eso sostengo a mi familia”. Aún así, Rosa mantiene, como las lideresas mampujanas, que hacen falta acciones de reparación colectiva, y que en este sentido no se han cumplido a cabalidad las promesas del Estado de traer bienestar a la región.

Por su parte, Antonio asegura que en Macayepo hay muchas familias que aún siguen sin recibir nada del Estado, y que eso ha sido motivo de roces, disputas e inconformidades entre los vecinos. “Una queja común que se escucha por acá es que las últimas familias que han entrado al pueblo son las que han salido más favorecidas”, dice.

A pesar de que el próximo 2021 se cumplen diez años de vigencia de la Ley de Víctimas 1448 del 10 de junio de 2011, el Gobierno se encuentra trabajando en el proyecto que establece la prórroga de esta. Así lo afirmó la Unidad para las Víctimas en un comunicado, agregando que esta vez la ley se regirá bajo cuatro lineamientos: “no será regresiva, aplicará bajo el principio de responsabilidad, habrá mayor inversión del gasto y tendrá un alto componente de eficiencia”. Se espera continuar el proceso para así seguir reparando a víctimas, no solo en los Montes de María, sino en todo el país.

EN TIEMPOS DE PANDEMIA

Los habitantes de los corregimientos, municipios y veredas que integran los Montes de María han sufrido los estragos de la violencia en tiempos de pandemia.

Elmer Arrieta, líder juvenil y miembro del Colectivo de Comunicadores de la Alta Montaña, organización comunitaria de la zona rural del Carmen de Bolívar, asegura que la pandemia ha desatado una ola de incertidumbre, temor y terror entre los habitantes: “nosotros estamos en un estado de zozobra, porque, aunque nadie ha visto a los hombres de las Autodefensas Gaitanistas, se escuchan rumores de su presencia”.

El líder de 32 años afirma que se habla de aproximadamente 2.000 hombres pertenecientes a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia que inducen a jóvenes en estado de vulnerabilidad para que se unan a sus filas y puedan obtener beneficios económicos.

“Nosotros, desde el Colectivo de Comunicaciones y desde la Asociación de Jóvenes, hemos venido trabajando en temas de participación ciudadana y liderazgo, formando a los jóvenes del territorio y empoderándolos para que no sean presa fácil para los grupos al margen de la ley. Actualmente estamos gestionando proyectos para que, a través de la comunicación, ellos puedan ejercer labores en el territorio distintas al campo y al mototaxismo, que son las actividades principales de la zona”, expresó Arrieta.

Elmer sostiene que la comunidad de cada vereda, municipio o corregimiento se encarga de proteger a sus líderes sociales. Sin embargo, reconoce el riesgo que cada miembro de la comunidad corre cuando pelea por los intereses colectivos de los Montes de María y siente –como Rosa, Antonio y Milena– el terror de un tiempo que parece no terminar: el tiempo de la guerra. Mientras tanto, los líderes sociales montemarianos siguen batallando día a día contra la violencia, defendiendo sus intereses y los de su comunidad, a la espera de que el Gobierno finalmente les brinde las garantías que ellos aclaman con fervor. ¿Podrá el Gobierno de Iván Duque responderles a tiempo a los habitantes de los Montes de María, antes de que sea muy tarde y estén sumidos de nuevo en la violencia y el dolor? Está por verse.