Margarita Garcia

Un litro de THC puede llegar a costar hasta 2500 USD, un litro de CBD entre 1000 USD y 4500 USD dependiendo de la concentración y la calidad, y uno de molécula exótica hasta 325.000 USD. Foto: Esteban Lopez en Unsplash.

En este reportaje se examina a profundidad el potencial del cannabis como nueva economía en el país, las razones por las que esta planta hasta ahora ha sido satanizada, y las leyes por medio de las cuales su siembra y producción se ha ido –aunque a pasos muy lentos– legalizando.

Colombia tiene dos siglos de existencia como república independiente y más de cincuenta años de una guerra contra las drogas, cuya única ganancia ha sido el estigma de ser el jíbaro del mundo. Pablo Escobar ha resonado más que los goles de Falcao, las canciones de Shakira, el Macondo de Gabo, al punto de que hasta hace unos años era una carga salir de nuestras montañas y mostrar el pasaporte colombiano.

La primera vez que Juan Manuel Galán vivió el flagelo de las drogas fue cuando enterró a su padre y descubrió de manera cruda y dolorosa que la retórica aún vigente de Richard Nixon de luchar por erradicar las drogas le costaría a nuestro país no solo millones de dólares que se perdieron entre las cifras de siembra y exportación de drogas que jamás disminuyeron, sino vidas, pérdida de ecosistemas, atraso social y una guerra que le conviene sobre todo a quienes siguen negociando y produciendo drogas ilícitas en algún lugar recóndito de nuestras montañas o en una finca en Guasca, a pocos kilómetros de la mirada del Estado. 

“Cuando yo estuve en el Senado entre el 2006 y 2018, quise abrir un debate sobre lo que ha sido la lucha contra el narcotráfico y la guerra contra las drogas y busqué la manera de fundamentar esa política en una evidencia. En el observatorio de las drogas de la Universidad de los Andes, encontré que las fumigaciones aéreas eran negativas desde todo punto de vista: en términos de salud, por ejemplo, vi las demandas a Bayer que compró Monsanto por la relación entre el cáncer y el Roundup. Todo acabó en acuerdos multimillonarios e indemnizaciones a las familias que resultaron afectadas por el uso de este químico. Además, la evidencia muestra que erradicar hectáreas de coca no baja necesariamente las toneladas de cocaína que Colombia está exportando. El último informe de Naciones Unidas lo muestra claramente.

En específico para el tema del cannabis, mi interés surgió porque un tío murió en el 2014 de un cáncer de próstata y en los últimos días de su vida lo que alivió su malestar fueron unas gotas de marihuana. Ahí fue cuando encontré que en el país había una posibilidad de proponer un proyecto de ley que regulara el uso del cannabis y que fuera el vehículo para avanzar en una nueva política de drogas que le apunte a la regulación de las sustancias ilegales”.

DIOS, CHARLOTTE, JACOBO Y COLOMBIA

Charlotte Figi era una niña estadounidense que con solo cuatro años sufría de unas trescientas convulsiones epilépticas por semana. Sus padres encontraron en unas cuantas gotas de un aceite cannábico bajo en THC (Tetrahidrocannabinol, el componente psicoactivo del cannabis) y alto en CBD (Cannabidiol, el componente no psicoactivo de la planta) una mejora realmente significativa en su calidad de vida. Pasó de tener unas tres convulsiones semanales a conocer por fin algo de normalidad. Su caso abrió un debate sobre el uso medicinal de una planta que para las instituciones del globo es tan peligrosa como la heroína.

Mientras Charlotte mejoraba, en Pereira, Jacobo, de 4 años, padecía treinta ataques epilépticos a la semana que lo desconectaban de la infancia y del mundo con una diferencia: la falta de acceso a un producto que en Colombia se ha considerado el mismísimo diablo.

Quizás por eso, cuando el entonces senador Galán diseñó este proyecto de Ley, fue a buscar la opinión de la iglesia católica.

“Me contacté con el cardenal Rubén Salazar y le conté mi interés de conocer la postura de la Iglesia católica frente al tema porque no quería que, durante el proceso legislativo, la Iglesia rechazara o hiciera un pronunciamiento contra el proyecto. Él me dijo que me comunicara con el cardenal emérito, Miguel de Jesús Pimiento, quizás el obispo más conservador de la iglesia.

El Cardenal Salazar me dijo que, si bien este hombre era conservador en temas de eutanasia, matrimonio homosexual y adopción por parejas del mismo sexo, estaba de acuerdo con la legalización del cannabis. Me fui a Piedecuesta, Santander, y me entrevisté con el cardenal que a sus 96 o 97 años me pidió que le enviara el proyecto de Ley al correo electrónico”.

La oposición más descarnada no vino de la iglesia sino del Centro Democrático que aprovechando su influencia sobre los conservadores hizo que ambos partidos abandonaran la sala parlamentaria en la última votación de la plenaria del senado. Todos, excepto el senador Juan Manuel Corzo Román, quien fue el único conservador que se quedó para votar, y cuyo voto nos tiene hoy hablando de esta Ley 1787, decretada por el Congreso en julio de 2016, y que facultó la creación de la regulación del mercado del cannabis mediante el decreto 613.

El día del debate final, el cardenal Pimiento, se pronunció en la W favorablemente sobre la marihuana y la posibilidad de darle un buen uso a una planta creada por Dios.

La norma en Colombia regula desde la semilla hasta la comercialización de un extracto o una flor en el territorio nacional. Esta última no se puede exportar porque la ley apunta hacia la extracción de aceites y no a que se repitan historias como las del café, las flores o las esmeraldas que son exportadas como materia prima alejándonos de la innovación y venta de productos terminados que indudablemente elevarían los réditos obtenidos y nos pondrían con más firmeza en el camino del desarrollo económico.

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La cantidad de solicitud de licencias para cultivar marihuana en Colombia ha sido de tal que envergadura que de pasar a demorarse tres meses en radicarse ahora el proceso se toma al menos un año. Foto: Ryan Lange en Unsplash.

UNA LEY CONTRACULTURA

La norma en Colombia regula desde la semilla hasta la comercialización de un extracto o una flor en el territorio nacional. Esta última no se puede exportar porque la ley apunta hacia la extracción de aceites y no a que se repitan historias como las del café, las flores o las esmeraldas que son exportadas como materia prima alejándonos de la innovación y venta de productos terminados que indudablemente elevarían los réditos obtenidos y nos pondrían con más firmeza en el camino del desarrollo económico.

David Barbosa, un ingeniero agrónomo de 30 años que trabajó en los aspectos técnicos de la modificación del Decreto 613 que reglamenta la evaluación y seguimiento además de controlar el uso de semillas de cannabis y sus derivados para fines médicos y científicos, sostiene una postura diferente en cuanto a la exportación de flor:

 

“Pienso que el hecho de que no se pueda exportar la flor nos cierra la posibilidad de un mercado interesante: por ejemplo, en Alemania e Israel se formulan ciertas variedades de flor, porque saben de sus concentraciones. Para mí, la planta funciona mejor cuando se tiene todo el espectro. Cuando se hace la extracción se pueden encontrar muchos cannabinoides que por separado pueden ayudar como un paliativo para ciertas enfermedades, pero en Israel ya se está estudiando el efecto global de la planta.

Si bien Colombia apunta a abastecer a la industria farmacéutica e impulsarla, también podría abrirle un espacio al desarrollo de genéticas para la producción y exportación de flor con concentraciones de cannabinoides específicos, entendiendo que la flor también es un producto final. En ese sentido y teniendo en cuenta que países como Ecuador están pensando una ley que permita la exportación de la flor, pronto nuestra norma podría pasar de ser pionera a quedar en desventaja en el mercado mundial”.

En Colombia quien quiera incursionar en el negocio del cannabis debe pedirle permiso al Estado y presentar un proyecto de factibilidad detallado. El gobierno debe conocer la trazabilidad de todo el proceso para posteriormente hacer vigilancia de las licencias que estén en funcionamiento. El terreno que se elija para la siembra no tiene que ser propio, puede tomarse en arriendo y modificarse si es necesario.

Desde 2017 existen cuatro tipos de licencias reglamentadas por el Decreto 613: la de fabricación de derivados, que se tramitaba inicialmente ante el Ministerio de Salud y Protección Social, pero ahora se hace ante el Invima; la licencia de cultivo de plantas de cannabis psicoactiva; la licencia de cultivo de plantas de cannabis no psicoactivo y la de uso de semillas para siembra. Hasta el 31 de diciembre de 2018 se podían registrar semillas ante el ICA bajo el registro de productor de semilla seleccionada. Generalmente se tramitan las cuatro licencias por un costo aproximado de 90 millones de pesos.

En este negocio para casi todo existen tramitadores. Por hacer las vueltas que involucran la solicitud de las licencias pueden llegar a cobrarle a una persona que desconozca la norma entre cien mil y ciento cincuenta mil dólares. Los principales pagadores son extranjeros que ven en el país una posibilidad más fácil en términos de tramites, mano de obra y pisos térmicos para empezar a cultivar. Para Barbosa, una licencia en Colombia desde cero se cobra según el famoso DPM (depende del marrano).

Aunque la norma no permite vender licencias, sí permite vender las acciones de las empresas que las poseen y es así como firmas de abogados y otras organizaciones ganaron varios millones de dólares, intermediando entre los interesados en cultivar y el Estado que otorga los permisos.

Mónica Sánchez es economista y también usuaria de cannabis. Sacó su licencia cuando entró en vigencia la norma que ayudó a gestionar las primeras seis que se dieron en el país. Actualmente hace asesorías a nivel Latinoamérica en temas de exportación de derivados de la planta.

Ella y sus socios consiguieron un inversionista canadiense que compró su compañía, Cannabis Medical Group, en dos millones de dólares. Cuando la vendieron tenían el terreno arrendado por diez años, pero aún no tenían producción. El comprador fue una empresa que la absorbió y la puso a cotizar en la bolsa junto con otros proyectos que habían comprado en Latinoamérica. 

“Lo que hicimos mis socios y yo fue un muy buen proyecto, en el que invertimos dinero y conocimiento. El precio de venta es bueno y hasta económico si se compara con países como Canadá, donde se pagan varios millones de dólares antes de obtener la licencia y no se tienen las ventajas de siembra de un país como el nuestro. Después de vender, nos desentendimos de la empresa y yo me dediqué a asesorar a otras personas. Cuando salió el boom de las licencias la gente hipotecaba sus casas pensando que con el papel se iban a ganar cinco millones de dólares, pero no entendían que había que hacer mucho más que eso. Hoy Colombia es el país que más licencias tiene en el mundo sin que ni el 50% estén funcionando”.

Cuando se empezó a hablar de licencias para cultivar marihuana en Colombia con distintos usos y la necesidad de certificar semillas con un plazo específico, también comenzó una fiebre que se chocó de frente con un gobierno entusiasta, pero de tradición burocrática y que apenas se estaba empapando del asunto. Las cifras de ganancia que circulaban en los medios eran escandalosas y mucha gente le apostó a esta industria. Unos para desarrollar un proyecto productivo y otros para negociar con la licencia que parecía un negocio más rentable que la misma tarea de sembrar, extraer y comercializar aceites.

La cantidad de solicitudes de licencias casi colapsó los sistemas y como resultado un trámite que debería demorarse tres meses, puede tardar más de un año. Algo similar pasa con las respuestas sobre los cupos de exportación o en general cualquier revisión de falencias que hubiera que corregir en los procesos de producción. 

Aunque la norma no permite vender licencias, sí permite vender las acciones de las empresas que las poseen y es así como firmas de abogados y otras organizaciones ganaron varios millones de dólares, intermediando entre los interesados en cultivar y el Estado que otorga los permisos.

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El cáñamo, que es la fibra que se obtiene del cannabis, tiene el potencial de generar cuatro veces más producto que una cosecha de algodón. Foto: Ryan Lange en Unsplash.

ALGODÓN Y OPIÁCEOS VS CANNABIS Y CÁÑAMO

La relación de Estados Unidos y el mundo con la marihuana fue mucho más cercana y romántica de lo que podríamos imaginar. Por ejemplo, hay registros que indican que en 1830 los libros de texto estadounidenses estaban impresos en papel de cáñamo, y que antes de la introducción del algodón por lo menos el 80% de las prendas eran elaboradas a partir de esta planta. También, la historia nos cuenta que Henry Ford, ícono del capitalismo y el progreso norteamericano, construyó un prototipo de carro que tenía cáñamo como materia prima y fuente de combustible. No fue sino hasta 1936 que Estados Unidos promovió un tratado de criminalización de cualquier actividad relacionada a la marihuana, la coca y el opio. A la luz de la historia y los nuevos acontecimientos este paso del amor al odio fue un asunto eminentemente político.

Para Jaime Jurado, abogado y especialista en aduanas internacionales y aplicación de TLC, quien desde 2008 incluyó en su portafolio las leyes relacionadas con el cannabis y es director ejecutivo de la Federación Colombiana de Cannabis y Cáñamo, es necesario darle un giro cultural a la percepción que el mundo y en particular nuestro país tiene de la planta porque fuimos engañados y hemos pagado un precio muy alto por eso.

“En 1937, Estados Unidos tenía una amplia influencia en el mundo. Fue por eso que la mayoría de países se adhirieron sin chistar a la decisión xenofóbica que acabó poniendo al cannabis en el mismo nivel de toxicidad que la heroína. Es ahora, después de mucho estudiar, que nos hemos venido a dar cuenta de que había una guerra entre el cannabis medicinal y los opiáceos, el algodón y el cáñamo, guerra que evidentemente ganaron el algodón y los opiáceos y que acabó en la satanización de la marihuana. Los opiáceos le pasaron al mundo una factura que se puede contar en un millón doscientos mil muertos”.

Cambiar la perspectiva que millones de personas tienen del cannabis es un asunto que requiere una profunda voluntad política, que podría partir de que la ONU acepte la recomendación que le hizo la OMS de sacar al cannabis de la lista IV de sustancias prohibidas. De este modo se podría hacer más investigación científica y los pacientes podrían acceder a terapias probadas y reguladas. En la misma falta de voluntad política podría entrar Estados Unidos porque, aunque en muchos estados se ha legalizado su consumo, a nivel federal la marihuana es de alta peligrosidad. Para Juan Manuel Galán este tipo de posiciones alcanzan y afectan al país más de lo que nos imaginamos.

“La investigación de una sustancia que tanto tiempo estuvo prohibida no es un proceso que se va a dar de la noche a la mañana. Por ejemplo, Estados unidos tiene muchas restricciones por el THC. Las universidades de este país que reciben fondos federales y que son casi que las más importantes no pueden tocar un dólar de los fondos federales para hacer investigación de sustancias prohibidas. Yo tengo la esperanza de que los demócratas ganen la Casa Blanca, de que ganen el control del senado, para que haya un avance de la regulación a nivel federal en Estados Unidos”.

Cambiar la perspectiva que millones de personas tienen del cannabis es un asunto que requiere una profunda voluntad política, que podría partir de que la ONU acepte la recomendación que le hizo la OMS de sacar al cannabis de la lista IV de sustancias prohibidas.

EL VIAJE DE REGRESO

Primavera Trujillo Kaltenbach es la dueña de Sandaje Pr Group, una empresa con licencia para producir cannabis medicinal que está ubicado en el parque Tayrona. Ella decidió empezar a consumir cannabis hace 15 años como reemplazo de los fármacos que le recetaron durante años para poder dormir y que habían menguado su calidad de vida. En ese proceso viajó a Oregón, Canadá y Jamaica y descubrió un universo de investigaciones, usos y posibilidades que la llevaron a tramitar una licencia para desarrollar fórmulas magistrales de esta planta en Colombia implementando y enseñando buenas prácticas de cultivo, extracción y distribución de la planta que la salvó a ella no sólo de los somníferos sino de una insuficiencia renal que desarrolló después de años de medicamentos.

“Cuando se te daña el riñón, asistes a diálisis y se te alarga la vida siete u ocho años con suerte. Yo decidí parar los fármacos pensando que iba a poder dormir porque mi cuerpo se rendiría en algún momento. Duré veintitrés días sin pegar el ojo. Casi me vuelvo loca. Ahora todas las noches me pongo unas gotas debajo de la lengua y duermo ocho horas, como un bebé. Me levanto tranquila y enérgica, además salvé mi riñón al dejar los fármacos. Después de eso me dediqué a compartir mi experiencia y hoy a través de mi empresa tengo un programa que enseña buenas prácticas con el cannabis y cómo potencializarlo con otras plantas. También estoy esperando poder hacer fórmulas magistrales para trabajar con niños que estén en quimioterapia. No pretendo curar el cáncer, pero sí que el tratamiento sea menos agresivo: que los niños no pierdan el apetito, puedan dormir bien y estar de mejor ánimo para seguir adelante con su proceso”.

En Colombia no es legal fumar cigarrillos de marihuana medicinales. La única forma de consumirla es mediante una fórmula magistral que básicamente consiste en una dosis de aceite que se pone debajo de la lengua con una concentración específica para la patología que se quiera tratar. Ese puntualmente es un mercado con muchas posibilidades, pero al que la medicina en Colombia no está tan abierta.

David Barbosa recuerda la anécdota de un familiar que por una depresión tuvo que asistir al psiquiatra, donde le recomendaron tener fe y prácticas espirituales sumadas a otras actividades, y también le dijeron que evitara el uso del cannabis. Todo mejoró con una fórmula magistral de cannabis que le devolvió las horas de sueño perdidas y que con la debida supervisión médica le han ayudado a superar su condición.

Una parte importante para que el mercado nacional en términos de fórmulas magistrales se pueda desarrollar es invertir en la investigación de los alcances de la planta en pacientes con cáncer, epilepsia y enfermedades que ya se han tratado en otros países para poder abordar el temor que se ha infundado en la sociedad con cientos de noticias falsas o por lo menos dudosas y una guerra contra las drogas que como la mayoría de guerras carece de ética. El método científico debería primar sobre los asuntos políticos, religiosos y emocionales en la sociedad moderna.

 

DEL ESTADO Y LA NORMA

Para poder entender los desafíos a los que se enfrentan quienes deciden entrar en esta industria que ha sido catalogada como la del oro verde y una de las que podría reactivar la economía del país después de la pandemia, hablamos con el gerente de una compañía que por efecto de la cláusula de confidencialidad que tiene con la marca que representa nos ha pedido proteger su identidad. Para este reportaje lo llamaremos Alejandro.

En 2018 la JIFE (Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes) había aprobado un cupo de cultivo de cannabis de 40 toneladas, lo que había convertido al país en uno de los mayores participantes en el mercado mundial. Para 2019, esta cifra bajó drásticamente y el cupo fue de tan solo 1.2 toneladas, que posteriormente se amplió a 14, menos de la mitad de la aprobación inicial.

El cambio es lógico si vemos todo el panorama nacional y las demoras que puede tener un empresario por la falta de engranaje que hay entre las entidades del Estado que intervienen en el proceso de siembra, producción, venta y exportación de extractos de marihuana medicinal. La industria debe tener la robustez para cubrir la producción del cupo mundial que se le otorga. Para los nacionales hay temas de fondo y forma que solucionar antes de ser un referente en siembra para el mundo.

Según Alejandro, aunque el trámite de la licencia es relativamente sencillo, las respuestas del gobierno sobre cualquier requerimiento son supremamente demoradas, sobre todo cuando hay que solicitar el cupo nacional para sembrar ante el Ministerio de Justicia. La demora gubernamental se puede contar en semestres, donde los costos administrativos, de personal y vigilancia que para el caso de la compañía son de 70 millones de pesos mensuales, se van acumulando, mientras esperan una visita que les dé luz verde.

Aunque Alejandro se siente motivado con el comportamiento del dólar y la posibilidad de exportar, por el retorno y la llamativa ganancia del capital invertido, le preocupan los sufrimientos burocráticos del proceso entre los empresarios y las entidades estatales que intervienen en la industria, sobre todo porque entiende que muchas empresas nacionales no pueden sobrevivir a un año de gastos sin ganar un peso, debido a que no tienen el músculo financiero para hacerlo.

Las falencias del gobierno en términos de comunicación y sinergia de las entidades a las que hay que acudir antes de lograr una venta exitosa son la causa principal de que no solo el cupo mundial haya bajado drásticamente, sino de que en Colombia el oro verde no brille con luz propia.

“La norma no ha sido clara en muchas cosas debido a que el gobierno hizo una copia y pega de infraestructuras. Estamos en un país en donde yo puedo hacer un invernadero con diez millones de pesos, pero este no necesariamente me va a servir para exportar. Ellos deberían decir que las certificaciones como Global Gap, que son necesarias, no van a aprobar a nadie un invernadero en guadua, madera o materiales perecederos. Deberían también recomendarle a la gente revisar desde el ICA los estándares mínimos, en la resolución 3168. El problema es que las entidades que intervienen parecen no estar comunicadas entre sí, entonces la gente se equivoca y termina devolviéndose en los procesos. Una licencia se demora un año o año y medio si tienes todo bien. Después te dicen: va a ir el ICA a revisar. Ellos llegan apenas a informar que uno tiene que cumplir con los 18 pasos de la norma: infraestructura, invernadero, carpintería metálica, si quiere el techo en plástico. Como la gente no sabe, ve tutoriales y hace sus construcciones en guadua o madera. Solamente por eso el proceso se atrasa 60 días hábiles. Cuando te presentas nuevamente, te pueden hacer otras observaciones que no sabías: agua, letreros, y así fácilmente puede pasar más de un semestre donde corren los gastos del empresario sin que haya progreso alguno en el negocio”.

La empresa que gerencia Alejandro duró año y medio pagando luz, agua, empleados, cámaras, cerramientos y una empresa de vigilancia privada que es necesaria además de la inversión en la infraestructura correcta. El costo aproximado del tiempo que duró parada la operación antes de que el gobierno les diera luz verde fue de 1080 millones de pesos. El desencanto de extranjeros que veían en Colombia una oportunidad en cuanto a facilidad de cultivo, mano de obra barata y los términos que se da la licencia es notorio y muchos han desistido sintiendo que venían siguiendo un canto de sirenas.

 

LA ESPERADA MODIFICACIÓN

Diciembre de 2018 fue el plazo final para uno de los trámites más importantes que permitieron echar a rodar la norma en un país de cultivos ilícitos: la “Inscripción de la fuente semillera”, entendiendo que la semilla es el alma de un sistema productivo agropecuario.

El trámite se hacía obteniendo el registro de productor de semilla seleccionada otorgado por el ICA. Es decir, alguien que quiera entrar en el negocio hoy debe comprarle semillas a una empresa que las tenga registradas. Este asunto debe mirarse con pinzas porque si bien es cierto que puede hacer de las semillas un negocio aparentemente monopolizado, traza una línea que diferencia los sangrientos cultivos ilícitos de la iniciativa que pretende darle la vuelta a nuestro estigma. Para Juan Manuel Galán, si bien en una futura modificación este sería un asunto que podría revisarse o ampliarse, es de anotar que la variedad de semillas de nuestro paraíso hablando de cannabis es sobre todo un mito, y antes de pensarnos como una potencia en la industria era muy necesario hacer un inventario de lo que se tenía realmente.

Hoy las semillas que se encuentran en el mercado se cobran en dólares pese a que se comercializan en el mercado nacional, y constituyen un negocio de cifras millonarias para sus afortunados poseedores.

Hoy las semillas que se encuentran en el mercado se cobran en dólares pese a que se comercializan en el mercado nacional, y constituyen un negocio de cifras millonarias para sus afortunados poseedores. Según Jaime Jurado, teniendo en cuenta la cantidad de licencias activas en Colombia y el hecho de que se pueden dar tres cosechas al año, podrían llegar a sembrarse unas 90 mil semillas en unas mil hectáreas volviendo la fuente semillera un negocio de 90 millones de dólares.

La fuente semillera es un tema interesante, pero es la punta del iceberg que los empresarios esperan con una modificación que hasta el momento no ha salido a la luz pública. Para el gremio del cannabis esto es una muestra del profundo desinterés de este gobierno por su industria.

Otra gran expectativa que se tiene es la implementación y el correcto funcionamiento de la plataforma MICC (Mecanismos de Información para el Control del Cannabis), porque promete virtualizar los trámites que hoy son manuales y engorrosos. La pregunta es si al tener varias entidades que intervienen en estos procesos, la burocracia seguirá reinando, pese al intento de que te tecnología lo agilice todo.

Para Juan Manuel Galán el Invima debería ser quien se encargue de todo lo relacionado con el cannabis. En cambio para Jaime Jurado es claro que debe crearse una entidad especializada con grupos que estén en la misma sintonía, sin cuotas políticas y que sean expertos en el tema, para que consigan avances reales basados en el conocimiento y una continuidad que no dependa de los niveles de conservadurismo del gobierno en turno, ya que la mayoría de funcionarios relacionados con el tema del cannabis son contratistas, que al ser cambiados frecuentemente generan enormes retrocesos en los procesos que se necesitan para mejorar las falencias del funcionamiento de la norma. Además, las investigaciones, propuestas y resultados de las mesas de trabajo deberían ser documentos digitalizados en sistemas actuales y no cúmulos de árboles desperdiciados en hojas sueltas o ignoradas en el archivo de algún ministerio. Para ser más específicos, todo el proceso legal de licencias, siembra y comercialización debería usar herramientas como Blockchain o similares para ser absolutamente trazable. También debería regularse con más claridad lo que pasa con las licencias de personas naturales, cuánto deberían poder sembrar y qué pasa con los cultivos si estos mueren y hablar específicamente y con claridad de los detalles que se han pasado por alto en el camino.

“Creo que, si el presidente o el ministro de turno escuchara a los cultivadores y al gremio, empezarían por cambiar al personal que no es especializado en el tema y poner gente que le pusiera el pecho al cannabis sin tanta miopía administrativa”, dice Jurado.

 

LA LÍNEA ENTRE LA FIEBRE MONETARIA Y UN SÓLIDO Y MILLONARIO NEGOCIO

En términos de negocio la industria cannábica ofrece en casi todos sus panoramas cifras tan maravillosas como las de la semilla, esto después de que se superen los desafíos antes mencionados por medio de suma de fuerzas, voluntad política y una reforma agraria real que aleje el negocio de ser una fiebre momentánea.

Hablando de aceites, un litro de THC puede llegar a costar hasta 2500 USD, un litro de CBD entre 1000 USD y 4500 USD dependiendo de la concentración y la calidad, y uno de molécula exótica hasta 325.000 USD. En cuanto al cáñamo tiene no solo la enorme ventaja de limpiar los ecosistemas donde se siembra sino un sin fin de usos industriales. Tiene el potencial de generar cuatro veces más producto que una cosecha de algodón.

Si se quieren teñir diez millones de índigo en algún color se requiere un gasto aproximado de ciento cincuenta toneladas de tinta que generen unas cinco toneladas de desperdicios que van al mar. En cambio, según Jaime Jurado, para teñir cien millones de jeans hechos en cáñamo se requieren diez toneladas de tinta de las que sólo se generan quinientos gramos de desperdicio. Eso sin contar las cifras de enfermos que se pueden tratar con fórmulas magistrales y representan también una parte del mercado nacional.

Los números nos ayudan a entender las razones económicas que hay detrás de la satanización del cannabis y el enorme potencial de un mercado que tiene la oportunidad de reescribir las memorias del país con las mismas sustancias que han sido motivo de vergüenza nacional y estigma internacional por varias décadas.

Este Macondo donde vivimos es una tierra de contradicciones: mientras el proceso de la siembra y la extracción de aceites cannábicos avanza, en la calle la marihuana es decomisable, porque todavía es un tabú el uso recreativo. Para las mentes que tienen o han tenido en las manos las riendas de nuestro país, es más fácil cuestionar la necedad nacional de defender a ultranza las políticas de Estados Unidos que promueven la guerra contra las drogas y su erradicación, en cualquier foro o debate, que aceptar el hecho de que hay una demanda que quizás nunca acabe, y que mientras esta exista habrá siembra y re siembra. En cualquier caso, sería mejor trabajar en el cumplimiento del Acuerdo de Paz y en la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos que, para Andrés Paris, vocero y negociador de las Farc en la Habana, es un punto que ha resultado fantasioso.

“En la discusión de las sustituciones de cultivos ilícitos que se firmó en el Acuerdo de Paz, se incorporaba un compromiso de las Farc como partido político con las comunidades, para hacer procesos de sustitución pacífica y gradual, concertados junto con el gobierno. Actualmente esto no se ha cumplido”.

Para avanzar con paso firme en el propósito de que el mercado de la marihuana sea por primera vez un motivo de orgullo para el país, no solo hay que invertir en investigación e innovación mientras se abandona en exceso la burocracia, sino que debemos, como el cardenal Pimiento, hacer un acto de reflexión que nos dé una moral universal sobre el cannabis, mientras vemos cómo hacer con ella un mercado lícito y cómo enfocamos la lucha contra las drogas a través de una construcción de políticas sociales, agrarias y de salud pública que den como resultado grandes ganancias para empresarios y campesinos, impuestos para el gobierno, desarrollo para el país y nos construyan una nueva reputación ante el mundo.

Yarley García Castañeda

Periodista, cronista y contadora de historias. Instagram: @yayis.gc. Twitter: @yarley_g