La protección del patrimonio cultural raizal, demandas para repensar el archipiélago

Después de dos semanas de audiencias en La Haya los Estados esperan una decisión sobre si Colombia sigue teniendo jurisdicción sobre 75 mil kilómetros cuadrados que desde 2012 hacen parte de la zona económica exclusiva de Nicaragua. El elemento fundamental para defender la injerencia colombiana en materia de aprovechamiento de recursos, ambiental y de seguridad, es la ancestralidad raizal.

El miércoles 22 de septiembre, sin que nadie en las islas tuviera certeza sobre lo que sería un hecho histórico, el señor Kent Francis James participó en la sala mayor de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) a nombre del pueblo raizal. Lo hizo en calidad de abogado internacional de Colombia y su intervención fue brillante. Todavía no eran las cuatro de la mañana en San Andrés, a primera hora se conocieron las reacciones, casi todas de orgullo y algunas de rechazo, por las palabras que escogió Francis James para integrar la defensa del Estado.

En esa intervención emotiva y firme hubo muchos elementos reivindicatorios de la dignidad raizal, empezando por la presencia y la enunciación de nuestra creolidad. Francis James habló sobre la importancia del mar para la identidad nativa, sobre los saberes y las ficciones del maritorio, e identificó en su discurso el momento en que líderes del archipiélago convinieron la adhesión al Estado neogranadino, el 23 de junio de 1822.

En 2012 se cumplieron cien años desde que en 1912, luego de un intenso cabildeo en cabeza de Francis Newball, se separó al archipiélago de la Intendencia de Bolívar, y se creó la Intendencia de San Andrés y Providencia. En esa fecha también empezaron los esfuerzos por hispanizar a las islas, por colombianizarla, con políticas que favorecieran la migración desde las costas continentales. Hay que recordar que entonces Colombia tenía soberanía sobre la Mosquitia, la costa que le cedió a Nicaragua con el tratado Esguerra-Bárcenas en 1928 y que hace parte aún de la memoria y la cultura del archipiélago. La partición y la hispanización son apenas algunos elementos que configuraron la colonización del Estado colombiano en territorio insular, que se intensificó a partir de 1953 con la declaratoria del Puerto Libre.

El archipiélago nunca ha tenido una participación directa y oportuna en las discusiones que le atañen, por eso la intervención de Kent Francis James en la Sala de la Paz de la CIJ fue histórica. Apenas en 2016 se empezó a integrar un equipo de raizales que reunieran pruebas a favor de la defensa frente a las dos nuevas demandas de Nicaragua que siguen su curso, una por una plataforma continental extendida, que reclama soberanía sobre el subsuelo incluso al este del archipiélago; y la otra, por las supuestas violaciones a los derechos soberanos y espacios marítimos de Nicaragua, en su nueva zona económica exclusiva.

Antes de 2016, la defensa del territorio fue decimonónica, sujeta, en la era Uribe, a argumentos conservadores. Durante la fase que correspondió al gobierno de Santos se formó un nuevo equipo legal, desde entonces en cabeza del agente Carlos Gustavo Arrieta. Para responder a la demanda por supuestas violaciones Colombia formuló dos reconvenciones, o contrademandas. En la primera pretende que la corte reconozca que Nicaragua ha violado los derechos de pesca artesanales de los raizales. En la segunda reconvención, Colombia busca que la corte le reconozca jurisdicción en la zona económica exclusiva que el fallo de 2012 le concedió Nicaragua, dada su obligación de salvaguardar el medio ambiente marino como Estado parte de la Convención de Cartagena.

El caso de las supuestas violaciones fue lo que citó al señor Francis James en La Haya el 22 de septiembre. Según la defensa, Managua debe permitir la presencia y la pesca raizales en la zona económica exclusiva, lo cual obliga a Colombia a mantener su jurisdicción. La intervención raizal era una ficha clave.

A inicios de septiembre el país conoció el escándalo mediático que se armó cuando la Cancillería aplazó la reunión de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, por la respuesta negativa de los ex presidentes. Mientras tanto, el gobernador de San Andrés y Providencia, Everth Hawkins Sjogreen, solicitó una reunión en la Cancillería, para discutir la participación de parte del equipo de raizales que había asesorado a la defensa. Por esa vía se decidió que el encargado de dirigirse a la corte el día en que Colombia presentaría su primera reconvención, sería el ex embajador y ex gobernador Kent Francis James.

Repensando el archipiélago

Luego de su intervención, el señor Kent Francis fue contactado por varios medios nacionales. En sus entrevistas en radio y televisión, aprovechó para llamar la atención sobre la fallida reconstrucción de Providencia y Santa Catalina luego del paso de Iota y Eta en noviembre de 2020, y, en general, habló sobre la conflictiva relación con el país andino. Colombia, luego de doscientos años, no puede todavía comprender el territorio insular.

Aunque en los medios de comunicación se presente como un triunfo de este gobierno, la participación raizal dista mucho de las iniciativas de los gobiernos de derecha que han tenido el caso en sus manos, y aplica lo mismo en el caso de la protección del medio ambiente. Los puntos fuertes de la defensa son progresistas, tanto que Nicaragua pudo usarlos ampliamente para exponer el rabo de paja de Colombia, con el riesgo de encender el propio.

La Reserva Seaflower ha sido, desde que existe en 2001, instrumentalizada en los discursos políticos, y un elemento de orgullo patriotero que no se ha podido traducir en la protección efectiva de sus ecosistemas. Los raizales lo mismo. La sobrepesca, con licencias dadas por el Estado colombiano, la exploración petrolera con todos sus peligros, el turismo masivo y extractivo y la sobrepoblación, son algunas de las consecuencias de la colonización y sus rasgos.

Los puntos de cierre

La instrumentalización mediática del tema del diferendo debería conllevar acciones concretas que reflejen la voluntad de conservación del patrimonio cultural de los raizales, las reparaciones históricas por su desplazamiento y la formulación de nuevos proyectos socioeconómicos que se opongan al turismo masivo. La obligación de repensar el archipiélago. De otro modo, los puntos fuertes coinciden con las debilidades y las defensas se vuelven porosas.

El viernes, en el cierre de las audiencias, Carlos José Argüello, el curtido agente y embajador de Nicaragua en Países Bajos, recordó que a mediados de los años 20 en las islas solo había treinta continentales, de entre cinco mil habitantes. Treinta. Hoy la población de San Andrés, la isla mayor, es de ochenta mil según un cuestionado censo del DANE, de los cuales apenas unos 30 mil son raizales.

Participar en La Haya fue histórico, tener el reconocimiento internacional, airear la situación de vulnerabilidad de un pueblo étnico, mostrar el talante cosmopolita. Ahora bien, participar en los procesos internos es fundamental, no para el Estado, que no nos hace ningún favor, sino porque desde estas islas, vulnerables ante la situación climática y geopolítica, hacerlo es una cuestión de supervivencia.

La decisión de la CIJ se espera para 2022. Sin embargo, quizá la corte, como ha hecho en otras ocasiones, inicie los procedimientos de la demanda de Nicaragua por la plataforma continental extendida para luego fallar en conjunto sobre ambos casos. Se espera que la corte reconozca los derechos de pesca tradicionales, y que cree la necesidad ineludible de dialogar sobre un manejo compartido de esa zona económica exclusiva.

Ojalá Colombia no se ahogue en sus propias contradicciones y tenga listos los argumentos de negociación, habiendo integrado temprano un equipo legítimo de raizales que destaque los puntos de integración sobre los que pueden construirse los acuerdos. Participar siempre, con transparencia y sin los desdenes típicos de Bogotá, quizás eso pueda parecerse a una reparación.