¿Qué pasa con la policía en Colombia?

El asesinato de Javier Ordoñez el pasado 8 de septiembre a manos de dos agentes de la Policía en Bogotá desató una ola de violencia en la capital de la República y protestas en otras ciudades del país. El hecho generó indignación nacional y volvió a abrir el debate sobre si se debe poner en marcha una profunda reforma a esta institución.

La desmedida reacción de la Policía a raíz de los violentos levantamientos por la muerte del estudiante de derecho de 44 años dejó como saldo al menos trece personas fallecidas en hechos que son materia de investigación, cientos de heridos, entre civiles y policías, y más de 40 Centros de Atención Inmediata (CAI) completamente destruidos.

La cuestionada acción policiva vino a sumarse a la indignación producida por el caso del estudiante Dilan Cruz, quien murió a causa de un artefacto disparado por un miembro del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) en noviembre de 2019. El repudio nacional y un enfático y sentido llamado de diversos estamentos para que se hagan cambios de fondo a la institución que eviten la repetición de estos sucesos no tardaron en escucharse.

Hoy, transcurridos ocho meses de estos sucesos que estremecieron el orden público en la capital del país, y debido a la agitación social producto del rechazo a la Reforma Tributaria del gobierno Duque, Colombia vive nuevas jornadas de movilizaciones sociales que, nuevamente, han sido sofocadas inapropiadamente por el exceso de fuerza de la policía y el Esmad, dejando un saldo aún indeterminado de civiles muertos y heridos en cruentos hechos que se han tomado las redes sociales.

Para la Fundación Ideas para la Paz, aunque la reforma estructural no es una buena opción en este momento debido a que el clima de polarización impediría que se dé una discusión serena tanto al interior de la institución como por parte de la opinión pública, existen alternativas y mecanismos concretos que permitirían “sortear” la crisis policial y ayudar a recuperar la confianza de la ciudadanía.

María Victoria Llorente, directora ejecutiva de la FIP, explicó que hay fallas en el liderazgo civil, lo que ha llevado a la obstrucción de la cooperación que se requiere en diferentes ámbitos civiles e institucionales para proteger efectivamente a los ciudadanos y que se garantice el derecho a la movilización social.

“Todo esto se ha dado en medio de una profunda división política en donde abundan las recriminaciones y se evidencian grandes diferencias respecto a qué hacer con la Policía”, afirmó en septiembre pasado Llorente.

Para la Directora de la FIP, por un lado están quienes abogan por hacer reformas de fondo para reconstruir la resquebrajada confianza ciudadana en la institución, entre los que se cuentan la Alcaldía de Bogotá, mientras que por otro —señala— está la postura que lidera el Gobierno, que asegura que se requieren ajustes al proceso interno de modernización y un refuerzo en los estándares institucionales de Derechos Humanos.

En su documento, titulado “10 claves para afrontar la crisis de la policía”, la fundación señala que la falta de confianza de la ciudadanía hacia la Policía es un claro indicador de que los problemas de la prestación del servicio no son recientes. Asimismo, señala que la institución tiene una acumulación de asuntos diagnosticados tiempo atrás a los que comisiones externas y comités de revisión internos les han hecho propuestas en pro de buscar soluciones. Dichas iniciativas no se han ejecutado, principalmente, por “falta de voluntad y debilidad” en el liderazgo al interior de la institución y a nivel estratégico.

En ese sentido, la FIP propuso en el mencionado documento un decálogo de ideas claves agrupadas en tres grandes ejes: el liderazgo estratégico, el fortalecimiento de los mecanismos de supervisión y control, y el mejoramiento de la efectividad de la institución.

Liderazgo independiente con énfasis puesto en lo civil

El primer eje propuesto por la FIP es el liderazgo del fortalecimiento político y estratégico de la seguridad, en el que existan líderes que fortalezcan la gobernanza a nivel nacional, regional y municipal; pero también al interior de la Policía.

Para esto, indicó la fundación, se debe pasar de tener un Ministro de Defensa civil a un Ministerio de Defensa civil para que ejerza un direccionamiento estratégico con criterio civil, basado en conocimientos y evidencia técnica, pero que sea independiente de la influencia, cultura y prácticas castrenses.

La fundación también enfatizó la  importancia de poner en marcha la Política de Convivencia y Seguridad Ciudadana mediante estrategias de capacitación, acompañamiento y soporte permanente a los alcaldes y a las entidades responsables.

Desde los organismos de Control, la FIP señaló que es clave que la Defensoría del Pueblo fortalezca sus capacidades en relación con la Fuerza Pública, ya que su misión es proteger, defender, promover los Derechos Humanos y prevenir sus violaciones.

De igual forma, desde el mando policial, se recomienda especialmente que la Policía acate las ordenes de las autoridades locales y desarrollar un discurso empático con la comunidad, sensible y compasivo. 

Más confianza, menos abuso

En el segundo eje propuesto por la FIP, se advierte que es necesario fortalecer los mecanismos de supervisión y control internos y externos, para que se impulsen la integridad, transparencia y la acción judicial sobre la policía.

Para la fundación es indispensable discutir y avanzar en el establecimiento de un mecanismo civil, externo e independiente, encargado del control disciplinario.

Al igual que este mecanismo externo, la Contraloría, Procuraduría, Defensoría del Pueblo y sus delegados a nivel regional necesitan más capacidades para agilizar las investigaciones sobre la Fuerza Pública.

Para lograr más empatía, la FIP asegura que es necesario que la Policía se abra a la participación y escrutinio de la sociedad civil. Es decir, activar las comisiones de Policía y Participación Ciudadana previstas en la Ley 62 de 1993, creadas para fortalecer las relaciones entre la ciudadanía y la institución en los niveles nacional, departamental y municipal.

De igual forma, se propone fortalecer la supervisión sobre la información delictiva y operativa con participación de actores externos gubernamentales y de la sociedad civil.