La pacífica liberación de Barranquilla

El 13 de junio de 1820, el almirante Brion le escribe a Córdova “desde Sabanilla, en la Boca del Magdalena” para informarle que está disponible para el siguiente desembarco “luego que lo juzgue conveniente”. Le habla acerca de “la gran cantidad de armas y pertrechos que tiene a su bordo”. El 29 de julio de 1820 escribe a Santander: “Me dirigí con la escuadra al frente de Santa Marta a pulsar la disposición de aquel pueblo. Dos días atacó la escuadra y encontró resistencia en El Morro y baterías. No contando con fuerza bastante de desembarco, recorrí la costa hasta Sabanilla y desembarcados cien hombres, se apoderaron del fuerte, servido con 4 piezas de a 24 con veinte hombres que fueron hechos prisioneros. Una columna de nuestras fuerzas penetró el 12 al interior y fue recibida con aclamaciones en Barranquilla, Soledad y demás pueblos que ocupamos: hemos aumentado nuestras fuerzas con 800 hombres del país que voluntariamente han tomado las armas”.

¿Puede un hecho tan aparentemente irrelevante tener un espacio en la Historia de la Independencia de Colombia?

Dentro de la narrativa militarista resultan poco atractivos eventos que, como la Toma de Sabanilla, la liberación de Barranquilla y la de los “demás pueblos que ocupamos”, se dieron por disuasión o como resultado de la actuación civil. La salida del virrey Sámano el 10 de julio rumbo a Panamá; la evacuación de Santa Marta (noviembre 11 de 1820) y la de Cartagena (10 de octubre de 1821), a resultas de un “pacto de honor” entre las partes, sin que fuera necesario recurrir a los actos de ferocidad perpetrados por ambos bandos entre 1815 y 1820, carecen de auditorio. 

Al romper con la lógica que explica la historia a partir de la lucha entre buenos y malos, los relatos que cuestionan la relación entre opresor y oprimido y los que equiparan el ejército del “gobierno legítimo” con una “banda de forajidos”, son silenciados, tienden a evitarse o tenidos por incorrectos.

No conmueve que se desactive la ferocidad de las acciones armadas; mucho menos si se parte del reconocimiento de simetrías políticas entre las fuerzas enfrentadas y si, además, resulta que el origen del conflicto está en “la diferencia de opiniones; hallándose ligados con vínculos y relaciones muy estrechas los individuos que han combatido encarnizadamente por las dos causas”.

Mostraré una trama de relaciones familiares como unos hilos que se entrecruzan y se anudan en Sabanilla a través de la figura del general del Ejército Libertador de Cuba, Francisco Javier Cisneros, fundador de Puerto Colombia, que vino a ser el bisnieto de la mujer que amamantó a Bolívar durante su primer mes de vida: doña Inés Mancebo de Miyares.

Su esposo, don Fernando Miyares —capitán general de Venezuela— junto con su yerno, Ramón Correa Guevara, combatieron a los comprometidos en la conjura separatista de 1812. Entre ellos, el jefe de la defensa de Puerto Cabello, Simón Bolívar, quien avistó a Sabanilla y la Batería de San Antonio cuando, derrotado y en compañía de José Félix Ribas, su tío, en octubre de 1812, se dirigía a Cartagena para presentar el 27 de noviembre, ante el Congreso de las Provincias Unidas de la Nueva Granada, su informe acerca de los sucesos de Caracas.

El 28 de febrero de 1813, Bolívar vence en Villa del Rosario al gobernador de los Valles de Cúcuta, Ramón Correa Guevara, quien estaba casado con Úrsula Miyares Mancebo, su “hermana de leches”. Ramón y Úrsula fueron los abuelos maternos de Francisco Javier Cisneros Correa, ya que su hija María Concepción Correa Miyares fue desposada por Hilario Cisneros y Saco, emparentado con los patriotas de la logia Rayos y Soles que desplegaron la fallida gestión en favor de Cuba ante Bolívar en el Congreso Anfictiónica de 1826.

A partir de abril de 1813, en oposición a la postura del caraqueño respecto de las autonomías de las ciudades, las autoridades de Cartagena concedieron a once pueblos de su territorio el título de villas, para ganar sus lealtades en favor de su causa. A Barranquilla le concedieron un escudo que reproduce el imaginario de Sabanilla, donde, en un río corriente que desembocaba frente a sus playas, navegan barcos de tráfico interior bajo la protección de una batería, la de San Antonio, en la que se enarbola la cuadrilonga bandera nacional. Aquello las convirtió en objeto de retaliación por parte de la Fuerza Expedicionaria de 1815, comandada por Pablo Morillo, en medio de una “guerra a muerte” en la que ambos bandos se degradaron.

Los hechos militares y políticos, acaecidos en el litoral granadino entre marzo y junio de 1820, dieron impulso a una convocatoria a negociar en la que, por órdenes de Pablo Morillo, recibidas de Fernando VII, el brigadier Miguel De La Torre y Pando ofrece a su excelencia Simón Bolívar, presidente de Colombia, un acuerdo de cese al fuego y una negociación en Santa Ana (Trujillo), Venezuela. Tal decisión equivale a un reconocimiento de beligerancia para Bolívar, su ejército y su “gobierno en armas”.

A partir de la Toma de Sabanilla, se dio un cambio cualitativo en la naturaleza de la guerra que, a la luz del derecho de gentes y de la política, le impuso a Bolívar y a Morillo unas tareas urgentes respecto de la unidad de mando, la organización de un Estado Mayor, el aseguramiento de posiciones que garantizaran un “statu quo bélico favorable a sus pretensiones territoriales” y un cambio en la conducta que debían seguir unos ejércitos regulares que se disputaban el legítimo derecho a gobernar.

La conformación de la mesa negociadora revelará el talante político de Morillo, quien puso en representación de España a tres personas cercanas a los afectos de Bolívar: el brigadier Ramón Correa Guevara —jefe superior político de Venezuela— esposo de su “hermana de leches”; a Juan Rodríguez del Toro —alcalde primero constitucional de Caracas— primo de María Teresa Del Toro Alaysa, su fallecida esposa en 1803, y a Francisco González de Linares, un comerciante miembro de las Logias Masónicas caraqueñas. Bolívar se refirió a ellos como “personas que me tienen arrebatado el corazón.”

Él, por su parte, se hizo representar por tres militares venezolanos: el general Antonio José de Sucre —a quien tenía como su sucesor—, el coronel Pedro Briceño Méndez —su secretario— y el teniente coronel José Gabriel Pérez, miembro de las logias de Caracas. En la mesa se enfrentaron dos lógicas para abordar la negociación a partir del reconocimiento del otro y sus motivaciones. Se entrecruzaban la familiaridad, la adscripción nacional y la adhesión a principios universales y, por supuesto, los intereses económicos y políticos que se dirimían en la guerra “deseando economizar la sangre cuanto sea posible”.

Negociar bajo fuego no supone que cesen las razones y los cálculos de uno y otro bando. Por eso, la negociación se estancó desde octubre hasta el 20 del mes de noviembre de ese año cuando los resultados militares en el litoral granadino del 10 y el 11 —San Juan de La Ciénaga y Santa Marta— precipitaron el 26 de noviembre la firma y protocolización de un Armisticio y un tratado que sentó las bases de lo que hoy conocemos como Derecho Internacional Humanitario.

Razón tenía Manuel María Merchán cuando decía que las raíces de Francisco Javier Cisneros Correa, cuyos negocios transformaron a Sabanilla entre 1875 y 1898, se hundían profundamente en la Historia de la Gran Colombia. Como se dijo más arriba, su bisabuela fue la nodriza del Libertador, a quien más tarde combatirían su bisabuelo y su abuelo maternos. Y ya lo vieron: el abuelo negoció con Bolívar un tratado que cambió las reglas en la conducción de las guerras, incluyendo aquella en la que ahora Cisneros participaba por la Independencia cubana. Él mismo transformó el perfil del puerto militar de Sabanilla por otro propicio para la dinámica mundial del librecambismo, como modelo económico y como fuerza política. “Cisneros nunca hizo alarde de ello”, tal vez porque contar la historia a través de la parentela y de la economía, suena a banalización mercantilista.