“La corrupción perpetúa la pobreza y la inequidad”

La corrupción, uno de los grandes males que afectan a diversos países y regiones del mundo, es el tema del diálogo que Contexto sostuvo con Andrés Hernández, director ejecutivo de Transparencia por Colombia, capítulo colombiano de la oenegé Transparency International. Hernández, quien afirma que son aquellos países donde los poderes públicos se mantienen suficientemente distanciados y se controlan entre ellos los que se ven menos afectados por la corrupción, destaca cómo para atajar esta otra “pandemia” se hace necesario promover altos niveles de libertad de expresión, una prensa libre, la participación activa de la sociedad civil así como sistemas de justicia más efectivos. Apartes de una conversación.

Redacción Contexto: Cada vez que hay un acto de corrupción la gente se “indigna” y muchos parlamentarios se pelean por pasar una nueva ley o endurecer las penas dizque para evitar que se repitan actos similares. Se ha demostrado que esto no funciona. ¿Alguien podrá explicarles qué hacer para combatir efectivamente la corrupción?

Andrés Hernández: Luego de la consulta anticorrupción de agosto de 2018 vimos una “feria de proyectos de ley anticorrupción”. En 2019 llegamos a contar por lo menos 25, la mayoría de los cuales fueron archivados e incluso ni siquiera fueron discutidos. Muchos parlamentarios están listos para posar en las fotos de radicación de proyectos de ley anticorrupción, pero se desentienden luego del momento mediático. Desde Transparencia por Colombia consideramos que desde la sociedad civil, la academia, los medios, e instancias independientes, debemos apropiarnos del tema y elaborar una agenda legislativa nacional anticorrupción, que no dependa de una coyuntura ni de un parlamentario o partido, ajena a vaivenes de ideologías y campañas políticas. Esto nos permitiría tener una agenda consensuada desde fuerzas sociales que constituyan el mandato que le damos a nuestros representantes, y evaluar su desempeño en función de lo que realmente logren en cuanto a la calidad de los proyectos aprobados.

R.C.: Tenemos desde hace unos años un estatuto anticorrupción casi draconiano y aunque no somos, como algunos creen, el país mas corrupto del mundo, la percepción de corrupción sigue siendo alta. ¿Por qué?

A.H.: Coincido en que hay buenas leyes, aunque aún existen brechas. Incluso, en algunos casos, grandes autopistas por las cuales la corrupción se sigue moviendo con tranquilidad. Hay un trabajo legislativo pendiente, pero no de normas pequeñitas o aisladas, sino de reformas grandes que el país debe abordar sin las cuales es difícil que la situación pueda cambiar: reforma política y reforma a la justicia, eliminación de las amplias excepcionalidades de la contratación pública, estabilidad del empleo público, y protección a denunciantes de corrupción, por mencionar algunas claves. Ahora bien, las leyes y normas tienen un alcance que debe ser complementado con, primero, un sistema eficiente para implementarlas y, segundo, transformaciones en prácticas sociales e individuales. La percepción de corrupción no mejora en gran medida porque vemos que los grandes escándalos de abuso de poder se quedan impunes. En 2019, 59 % de personas encuestadas por Transparencia Internacional en Colombia consideraron que “el gobierno es manejado por unos cuantos grandes intereses que velan únicamente por sí mismos”.

Muchos estudios indican que el auge del narcotráfico aumentó la  corrupción a todos los niveles, ¿es esto cierto?

Sin duda. Desde hace siglos sabemos que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. El narcotráfico en Colombia ha ostentado niveles de poder casi absoluto en distintos momentos y zonas de nuestra historia reciente. Lo sigue siendo en regiones donde la ausencia del Estado ha sido una constante y la ilegalidad se impone. Además de afectar la institucionalidad democrática, el poder del dinero del narcotráfico distorsionó lo que es válido y premiado socialmente: vemos al “sapo” como traidor, al “vivo” como ingenioso, al “mafioso” que todo lo puede y nada lo detiene. Hay transformaciones importantes, por supuesto. Como sociedad no nos podemos rendir frente a este drama.

En países como el nuestro esta pregunta es clave. ¿Cómo caracterizar la relación de causalidad entre corrupción y desarrollo?

Por mucho tiempo se pensó, y hasta se defendió, que la corrupción era funcional al desarrollo. La “grasa que necesitaba la maquinaria” para operar. Esta lógica daba lugar a que empresas transnacionales del norte pudieran deducir de sus impuestos los sobornos que pagaban en países del sur. Afortunadamente buena parte de esta lógica ha cambiado, tanto por evidencia empírica como por sensatez y sentido común. Hoy en día planteamos que la corrupción es un crimen que genera daños en personas, en comunidades “de carne y hueso”, no es una acción sin víctimas. En Colombia, la mayoría de casos de corrupción analizados por Transparencia por Colombia entre 2016 y 2018, afectaron la educación, la salud y la infraestructura básica. Sin acceso a estos servicios, ¿de qué desarrollo podríamos hablar? La corrupción perpetúa la pobreza y la inequidad.

Profundizar la democracia ayudaría a disminuir la corrupción política. Medidas simples como aumentar el número de puestos de votación, extender las jornadas electorales por varios días y hacer obligatorio y gratuito todo el transporte público serían medidas en la dirección correcta. ¿Estamos muy lejos de adoptarlas?

Estoy completamente de acuerdo en la urgente necesidad de profundizar la democracia como medida para acabar con la corrupción política. Ahora bien, coincido con las medidas asociadas a las jornadas electorales, pero la corrupción política va mucho más allá. Los corruptos persiguen tres cosas prioritarias: contratos, puestos e impunidad. Lo primero les da recursos, lo segundo poder de influencia, lo tercero libertad. Esta secuencia criminal inicia con los procesos electorales: con la financiación ilegal de campañas, con la compra de votos, con la articulación de redes de poder desde el nivel local hasta el nivel nacional. Pero se fortalece cuando un representante elegido logra manipular contratos; cuando hace contratar a su gente en entidades públicas mediante órdenes de prestación de servicio interminables, e influenciar órganos de control y operadores judiciales para manipular procesos judiciales a su favor.

¿Qué experiencias exitosas nos puedes mencionar de países que redujeron la corrupción?

No hay una fórmula mágica o receta replicable de manera automática de un país a otro. Sin embargo, sí se pueden identificar algunos ámbitos claves de acción: los sistemas de protección a denunciantes de corrupción que están siendo impulsados en en el marco de directivas de la Unión Europea son fundamentales; los sistemas de contratación pública electrónica también, en este aspecto Colombia Compra Eficiente es, y podría serlo más, una herramienta clave para luchar contra la corrupción; regímenes de conflictos de interés como en Chile, e incluso normatividad sobre responsabilidad penal de personas jurídicas de algunos países de la región. Y por supuesto, una autoridad de regulación de la competencia como la de Estados Unidos, y el sistema de persecución y sanción de corrupción transnacional del Reino Unido. Hay un buen menú del cual escoger.

Las rendiciones de cuentas en nuestro país, en general, son ejercicios muy pobres. Será posible diseñar unos formatos que muestren los datos, cifras, cumplimientos y cronogramas  que realmente importan. ¿Una especie de Cómo Vamos?

Yo considero que necesitamos dos grandes transformaciones para la rendición de cuentas: primero, salir a buscar a la gente, hablar con ella, conversar sobre los éxitos pero también los déficits que enfrentan las administraciones, en lugar de seguir esperando a que las personas acudan a un auditorio en días hábiles y en horarios laborales. Eso es muy difícil en un país con tanta inequidad y necesidades sociales. Lo segundo, asociado más a la pregunta, es información de calidad: oportuna, didáctica, el lenguaje claro, reutilizable. Cumpliendo con los estándares que establece la Ley de Transparencia y del Derecho al Acceso a la Información Pública, eso sería una enorme transformación. Los Cómo Vamos son fantásticos. Ojalá pudiéramos pasar a “micro Cómo Vamos” de barrios, de localidades, sobre los cuales las comunidades establezcan indicadores sencillos pero bien direccionados, y que fueran la base del diálogo con las administraciones públicas.

En el afán por producir anuncios, los entes de control a veces califican de corrupción hechos que no lo son. En un Estado tan complejo es posible que funcionarios públicos cometan faltas al tratar de cumplir los cientos de trámites que les aplican. Muchas veces no se toman decisiones o se dilatan por temor a investigaciones y/o acusaciones, volviendo al Estado muy poco efectivo. Es ya un chiste cruel que todo servidor público sale con decenas de investigaciones sin razón o con ella. ¿Alguna idea distinta, audaz, para romper este círculo dañino?

Algunas ideas: mayor profesionalización de los funcionarios, tanto de las administraciones que son controladas como de las entidades que controlan… aquí volvemos al problema del empleo público, mientras sea manipulable por el clientelismo político, no podremos contar con un servicio civil más profesional y eficiente. Mayor pedagogía para que entendamos de mejor manera qué es corrupción y qué no; procesos judiciales independientes de intereses políticos; y mayor uso de tecnología para simplificar trámites complejos y suprimir procedimientos innecesarios. Una de las iniciativas más efectivas en esta materia son los concursos de “trámite más ineficiente”, así los usuarios han ayudado a identificar en varios países miles de procesos que pueden ser eliminados y reducir las oportunidades de corrupción.

¿Cuál será la mejor forma de financiar las campañas electorales para evitar el circulo clientelista de contratación-favores-votos?

La relación dinero y política es uno de los debates más profundos y complejos de las democracias. La relación es necesaria pero con reglas claras. Nosotros siempre hemos defendido el sistema mixto, tal como lo establece la Constitución. El problema está en gran medida en la práctica. La ineficiencia de la financiación pública y la debilidad de los controles y sanciones a la financiación ilegal, han incentivado una altísima dependencia de las fuentes privadas. A esto se suma la limitada responsabilidad de los partidos políticos en materia de financiamiento irregular y las trampas que se hacen valiéndose de vacíos legales para evitar controles y regulaciones. Ahora bien, como lo indicábamos antes, si nos quedamos solo en cambios en el modelo de financiación política, y no cambiamos los “botines” de la política en términos de contratos, puestos e impunidad, las reformas al financiamiento de campañas se quedan cortas. En Transparencia por Colombia encontramos que 1 de cada 3 financiadores de campañas del nivel local y de elecciones al Congreso, reciben contratos. Y la mayoría de esos contratos se adjudican mediante procesos de altísima discrecionalidad, contratación directa, o excepciones al régimen de contratación. La reforma a la contratación pública para cerrar estos vacíos también terminará beneficiando el financiamiento legítimo de las campañas.