La Cannabis recreativa se aleja de ser realidad en Colombia

La legalización de la droga en Colombia se aleja de ser una realidad. La Cámara de Representantes hundió, por amplia mayoría, un proyecto de acto legislativo que buscaba modificar el artículo 49 de la Constitución colombiana para regular el consumo de cannabis con fines recreativos para mayores de edad.

La reforma, presidida por el representante Juan Carlos Lozada Vargas y con ponencia de Juan Fernando Reyes Kuri, encendió nuevamente el debate sobre la conveniencia de legalizar estas sustancias. Por un lado, están los que aseguran que la política del prohibicionismo fracasó en Colombia hace décadas; otros, por el contrario, aseguran que la legalización aumentaría el consumo en la población, inclusive, en los menores de edad.

Durante las más de seis horas que duró la semana pasada el debate en el Congreso, se evidenció nuevamente la postura del actual Gobierno nacional, cuya política antidrogas está enfocada a la aspersión de los cultivos ilícitos, actividad suspendida en 2015 por el Consejo Nacional de Estupefacientes.

Lo cierto es que este intento fallido por legalizar la droga aleja a Colombia de escenarios alcanzados por países como Estados Unidos, en donde en 16 estados se ha regulado la marihuana de uso adulto, o México, en donde se permite la dosis de 500 miligramos de cocaína, entre otros países de Suramérica y Europa.

EL FRACASO DE LA POLÍTICA PROHIBICIONISTA

La droga en Colombia no solo ha sido sinónimo de violencia, la medición de sus implicaciones para la economía del país también ha sido un desafío constante para los analistas, teniendo en cuenta la persistencia del narcotráfico y su impacto en diversos sectores de la economía nacional.

De acuerdo con estimaciones empíricas del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas de la Universidad de los Andes, la economía de la coca como porcentaje del PIB (Producto Interno Bruto) ganó peso debido al aumento de la producción entre 2011 y 2018, pasando del 0,11 % al 0,28 % del total del PIB.

Para expertos y defensores de la legalización, estos rubros inflan las arcas de organizaciones criminales, promueven la disputa de territorios y financian el terrorismo.

El expresidente y premio Nobel de Paz, Juan Manuel Santos Calderón, previo al debate en Cámara de la regulación del cannabis fue enfático al asegurar que la única forma de dominar el negocio de las drogas en Colombia es legalizarla.

El exmandatario explicó que el consumo de drogas, aunque no se puede desaparecer, sí se puede disminuir y regular. Para eso —detalló— se debe volver una política legal en la que el Estado asuma el control y capte los recursos.

Por su parte, el expresidente César Gaviria Trujillo también se mostró en defensa de la legalización de la droga y cuestionó las políticas “extremas” de erradicación de cultivos del Gobierno nacional.

Gaviria calificó de peligrosa la erradicación forzosa e indicó que se debe apuntar a la erradicación voluntaria, teniendo en cuenta que las resiembras bajo esta política son del 1 %.

Otro de los que se pronunció en vísperas del debate fue el exvicepresidente y jefe negociador del Acuerdo de Paz, Humberto De la Calle. El político enfatizó que le debate no solo se limita al uso adulto del cannabis, sino al renacimiento de formas de autoritarismo que se expresan desde las políticas públicas.

El excandidato presidencial manifestó que en Colombia muchas personas se oponen a la regulación de la droga y a otras medidas por principios moralistas. Sin embargo, aclaró, “dicho principio es hipócrita ante la falta de compromiso por asumir la visión moral del Estado frente a la actitud dirigida a provocar el menor daño como consecuencia de las políticas públicas”.

“El absolutismo hipócrita de muchos colombianos lo que dice es que no hay fisuras y piden condena y cárcel, incluso, para el consumidor de una dosis mínima en un parque un día a las seis de la tarde”, explicó De la Calle.

¿CUÁL ES EL CAMINO HACIA LA LEGALIDAD?

El Ph.D. en Economía y director del Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico —Cede— de la Universidad de los Andes, Hernando Zuleta González, explica que se deben separar las diferentes drogas, teniendo en cuenta que hoy en día hay un ambiente adecuado a nivel internacional para discutir el uso de la marihuana recreativa.

El experto propone la realización de pilotos en departamentos como Cauca, donde existe gran cantidad de cultivos ilegales, con el fin de mirar el funcionamiento de los mercados de marihuana en la legalidad y la reducción de la violencia asociada a este nuevo enfoque.

¿Qué sucedería si en este municipio se permite la producción y comercialización legal de marihuana? Ante este interrogante, Zuleta señala que tras pruebas pilotos como estas se pueden ir profundizando y corrigiendo estas políticas.

“Con otras drogas la solución es más compleja por el estigma que tienen sustancias como la cocaína a nivel internacional. En estos casos la posibilidad de tener un mercado legal, desde la producción, hasta el consumo, se ve bastante lejana”, sostiene Zuleta González.

El economista afirma que Colombia ha avanzado en la despenalización de todo tipo de drogas, pero también ha avanzado en el trato que se le da al pequeño cultivador. “El cultivador antes era un criminal y eso ha cambiado. A pesar de que existen diferencias, hoy el mundo está de acuerdo que hay un problema de desarrollo económico asociado a los cultivos de coca y en la medida en que se reconozca este problema se aplicarán políticas, no solo criminales, sino de desarrollo”, afirma Zuleta.

Para el director del CEDE, al legalizar el mercado de cocaína se le quitarían recursos a organizaciones criminales que se lucran del negocio e invierten en maquinaria de violencia. Adicionalmente, se obtendría un control y supervisión de las rutas y un incremento del recaudo tributario.

PROHIBICIONISMO VS. COSTOS CARCELARIOS

El prohibicionismo acarrea año tras año altos costos para el sistema carcelario en Colombia por las condenas por tráfico de drogas. Así lo evidenció el representante a la Cámara Juan Fernando Reyes Kuri, durante su intervención en el debate que se realizó en el Congreso.

Durante la ponencia del proyecto de acto legislativo, el parlamentario detalló que lo anterior ha llevado a un alto encarcelamiento de las personas más vulnerables dentro de la economía de las drogas, con repercusiones y sin éxito dentro de la lucha contra estas sustancias o el desmonte de las estructuras criminales.

Reyes Kuri precisó que, según información del Ministerio de Justicia, el hacinamiento carcelario en Colombia, a julio de 2020, es del 32,48 %, con una población total de 107.197 presos, de los cuales 21.981, es decir el 20,51 %, están recluidos por delitos relacionados al tráfico, porte o consumo de estupefacientes.

De igual forma, el congresista sostuvo que el 52 % de las personas capturadas por estos delitos son menores de 25 años. En ese sentido, expuso su preocupación teniendo en cuenta que, de los 160.047 casos registrados de menores que han ingresado al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, el 30 % estén relacionados con el tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, porcentaje que solamente es superado por los casos de hurto, que representan el 39 %.

En diálogo con Contexto, el representante Juan Fernando Reyes Kuri explicó que el proyecto, que se hundió en plenaria de la Cámara con 102 votos contra 52, pretendía regular, exclusivamente, el consumo de cannabis recreativo para mayores de edad, en los establecimientos que determine la ley.

El parlamentario fue enfático al asegurar que la regulación es la salida, teniendo en cuenta décadas de lucha contra las drogas en Colombia que no han sido exitosas y han tenido saldos lamentables.

El representante a la Cámara indicó que el Estado ha gastado 88 billones en los últimos diez años en la erradicación de cultivos ilícitos, sin contar los gastos en administración de justicias, militares y penitenciarios.

“Lo que proponemos es cambiar el enfoque de una política prohibicionista a una política de regulación. A través de esta regulación el país va a lograr que se reduzcan los riesgos, proteger más a los niños y, desde luego, a las personas que deciden consumir”, puntualizó Reyes Kuri.