El “leninismo” del ELN

Estos son días difíciles para el proceso de paz con el ELN. La muerte de nueve miembros del Ejército causadas por esa organización guerrillera en un ataque a una base militar en el Catatumbo ha llenado de dolor a sus familias y ha conmocionado a la sociedad colombiana. En favor de la continuación de las negociaciones con esa guerrilla, uno podría decir, como lo ha hecho el presidente Petro: “Precisamente, para evitar más muertes como esas es que los negociadores del Gobierno se sientan a dialogar con los negociadores del ELN”. No obstante, es inevitable cuestionarse qué sentido tiene continuar con esos diálogos si el propósito del ELN no es compatible con las aspiraciones de la gran mayoría de colombianos.

Recientemente, Eduardo Pizarro planteó una pregunta decisiva para el desarrollo del proceso de paz con los “elenos”: ¿Cómo ven su futuro una vez que hayan firmado un acuerdo final con el gobierno? La pregunta es clave pues de ella depende qué tan cerca o qué tan lejos podemos estar de un acuerdo. 

En los procesos previos de negociación con grupos guerrilleros, el horizonte estuvo bastante claro desde el principio: uno de los puntos centrales de los acuerdos ha sido la posibilidad de que los alzados en armas puedan participar políticamente en el marco de las instituciones. Con tal fin, esos acuerdos han establecido garantías específicas para que la transición de la lucha con armas a la lucha con votos sea efectiva. El resto ha sido una tarea que han tenido que hacer los antiguos guerrilleros: ganarse a pulso un espacio en la competencia democrática, en la cual se las han tenido que ver con barones electorales y señores clientelistas, pero también con líderes ciudadanos renuentes a reconocerles a esos antiguos guerrilleros liderazgo alguno. Es gracias a esa inserción en el proceso político legal que hoy Gustavo Petro, antiguo guerrillero del M-19, es hoy presidente de Colombia.

Sin embargo, con el ELN las cosas son muy distintas. Desde el principio han desestimado incorporarse al proceso político legal como un partido. Su visión es la de ser garantes de un proceso de empoderamiento popular que sirva de base para un modelo de democracia muy diferente al régimen político vigente en nuestro país. Aparentemente, ese modelo sería superior al nuestro en muchos sentidos. En vez de estar basado en la competencia electoral entre distintos partidos, evocaría formas de democracia directa y rendición de cuentas que le impedirían a las personas escogidas popularmente alejarse del mandato de servir a la ciudadanía. El tema es que ese modelo está por verse y que, lo visto hasta ahora, muestra la gran divergencia que hay entre las aspiraciones de más democracia y la realidad de una tiranía de una autodenominada vanguardia que puede imponer su voluntad sobre los demás gracias a sus fusiles.

El ELN y sus simpatizantes pueden creer que lo que han hecho en varias regiones del país es impulsar un proceso de participación popular mediante el cual, a pesar de su precariedad, ha logrado que muchas personas se liberen de su subordinación a la lógica del Estado y de la economía capitalista. El tema es que muchísimas otras personas tienen una versión diametralmente distinta. Para ellas, el ELN es una organización armada que se basa en la intimidación de manera permanente y cuya práctica política no es muy distinta del clientelismo de los partidos que tanto critican. En algunas regiones, como las que identificó la Fiscalía de la JEP en su trabajo sobre los frentes de esa organización que podrían descarrilar el proceso de paz, no son muy diferentes de gánsters, pues lo suyo poco o nada tiene que ver con la ideología sino con su involucramiento en actividades de economía criminal como la producción de coca y la minería ilegal.

De todos modos, falta ver qué dicen los “elenos” acerca del modo en que seguirían participando en política luego de un acuerdo final con el gobierno. Con base en la manera en la cual piensan quienes luchan por el socialismo en Venezuela, uno podría hacerse a una idea: el ELN le apuesta a la formación de un poder dual con el cual puedan continuar su lucha anti-capitalista.

Esta noción fue acuñada por Lenin en 1917, luego de que el Zar Nicolás II fuese obligado a abdicar y se instalara un gobierno provisional. El tema es que este gobierno tenía muy poca raigambre popular. Dependía de los consejos de obreros y soldados, los soviets, quienes constituían un poder paralelo –de ahí el sentido de poder dual. El gobierno provisional incluía a algunos representantes de los socialistas, pero no de los bolcheviques. Lenin entonces lanzó la consigna “Todo el poder para los soviets” con la expectativa de ganar ahí más influencia y lo logró. Después Trotski logró darle un golpe final al gobierno provisional y el poder quedó concentrado en manos de los bolcheviques.

Todo esto ocurrió en menos de un año. Los bolcheviques no volvieron a apelar a la noción de poder dual. Esta, sin embargo, ha conservado una larga vida y sigue siendo objeto de discusiones entre autores marxistas. Uno de ellos, Frederic Jameson, ha edificado sobre ella una propuesta utópica. Lo más relevante para nosotros en Colombia quizá sea la forma en la cual ha cobrado una nueva significación en Venezuela.

En un podcast titulado “Voces de la Revolución Bolivariana: Las Comunas y la Transición al Socialismo” (el original está en inglés) , Cira Pascual Marquina arguye que las comunas han sido una forma de doble poder. Añade que han perdurado por “diez, doce e incluso quince años” en una relación de cooperación y tensión con el Estado venezolano presidido por el chavismo. Según Marquina, esta sería una experiencia de poder dual contraria a lo planteado por el canon leninista, que lo concibe como un medio transitorio en la toma del poder. Su compañero de ruta, Chris Gilbert, con quien escribió el libro de entrevistas Venezuela: El Presente como Lucha – Voces de la Revolución Bolivariana (original en inglés), lee ese canon como un texto abierto, en el cual hay más preguntas que respuestas. 

Con un leninismo así el ELN puede estar imaginándose el futuro. Dado que la ruta hacia el poder ha estado tan accidentada y difícil, lo mejor sería hacer una tregua con el estado capitalista con el que tanto se ha enfrentado y sostener una relación de cooperación y tensión como la de las comunas en Venezuela. El objetivo final de las comunas no sería la paz sino la acumulación de poder y su ejercicio de una forma que honraría el carácter “foquista” de su organización: las comunas se constituirían en una nueva forma del foco revolucionario.

Los “elenos” pueden objetar que esta interpretación no le hace justicia a una posible vía a la paz a través del diálogo, una vía que incluso puede presentarse como realización de algunos principios constitucionales. En efecto, sin perjuicio de la garantía de los derechos de propiedad y la libertad para contratar del resto de colombianos, en los territorios donde está presente el ELN podrían seguir existiendo y desarrollarse formas de organización social basadas en el carácter comunitario de la propiedad y en su gestión cooperativa. El amparo constitucional para organizaciones de este tipo existe. El artículo 58 establece que “El Estado protegerá y promoverá las formas asociativas y solidarias de propiedad.” El artículo previo dice, “La ley podrá establecer los estímulos y los medios para que los trabajadores participen en la gestión de las empresas.”

El tema es que el ELN le apuesta a que el Gobierno le coja la caña con otra propuesta bastante problemática. Según ellos, la renuncia a la lucha armada sólo se daría con el cumplimiento de los acuerdos de paz. Dicho con otras palabras, el proceso de participación comunitario que presentarían como columna vertebral de los acuerdos con el gobierno iría amarrado a la condición de que esa organización siga con sus fusiles al hombro.

No creo que haya nadie sensato que le jale a una propuesta semejante. El argumento del incumplimiento de los acuerdos, al cual parece apelar el ELN, no da para tanto. Es cierto que el Gobierno Santos le incumplió a las Farc en muchos puntos –bastaría mencionar la patente incapacidad para sacar adelante la reforma política, incluso con el procedimiento legislativo del llamado “fast track”. Sin embargo, el récord de asesinatos contra miembros de las Farc es de las disidencias y de otras organizaciones ilegales, no de agentes del Estado. Ninguno de los antiguos comandantes ha sufrido atentado alguno. Sus senadores han podido participar en las deliberaciones y votaciones en el Congreso sin problema alguno. En cambio, abrirle la puerta a un esquema de poder dual como el que el ELN tendría en la cabeza, es correr el riesgo de una intensificación de la violencia política.