El gas natural en la transición energética

Colombia emite anualmente cerca de 280 millones de toneladas netas de CO_2eq. El gobierno se comprometió con la comunidad internacional a reducir en 51 % esas emisiones con relación al escenario tendencial para el año 2030, y a alcanzar la carbono-neutralidad en el 2050. Esto requiere, entre otras, de una transición energética que contribuya a la descarbonización de la economía. Sin embargo, de no hacerse con cuidado, esa transición podría resultar costosa e inequitativa. Podría exacerbar tensiones sociales en el ámbito local, al tiempo que haríamos una contribución tan solo marginal al problema climático global.

Existe amplia incertidumbre sobre el costo social de alcanzar las metas nacionales de reducción de emisiones de Gases con Efecto de Invernadero (GEI). Igualmente inciertos son sus potenciales impactos sobre el bienestar y la equidad social. Lo que es cierto es que las decisiones de política que hoy se tomen determinarán por décadas la manera como se genera y consume energía, el ritmo de crecimiento de la economía, y las condiciones de bienestar y equidad social.

En Colombia, el 51 % de las emisiones nacionales provienen de la destrucción de los bosques y otros ecosistemas (37 %) y la fermentación entérica -metano emitido por la ganadería (14 %). Entre tanto, a la generación térmica (carbón y gas) le corresponde cerca del 8 % de emisiones nacionales, y al sector transporte (combustibles líquidos y gas principalmente) el 12 %. El control de la deforestación sería entonces, de lejos, la medida que generaría los mayores beneficios sociales y ambientales, globales y locales.

La Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME) prevé que el crecimiento y el mejoramiento de las condiciones de bienestar social en Colombia deberán estar acompañados de un crecimiento en la demanda de energía, de entre el 21 % y el 48 %, entre el 2020 y el 2050. El reto es entonces grande: aumentar de manera significativa la oferta de energía y, al mismo tiempo, transitar hacia la carbono-neutralidad. Claramente, para enfrentar este doble reto el gas natural está llamado a jugar un papel estratégico: asegurar la eficiencia de la transición energética y, al mismo tiempo, contribuir a la disminución de las emisiones de GEI.

Ahora bien, el éxito de la transición energética deberá entonces sustentarse sobre un cuerpo regulatorio y de política que contribuya a la consolidación de un ecosistema energético flexible, eficiente y diversificado, capaz de entregar electricidad y gas a costos competitivos, asegurando la construcción de economías regionales prosperas y equitativas.

Como parte de su estrategia de transición energética, el gobierno adoptó una serie de medidas para incentivar la participación de las Fuentes no Convencionales de Energía (FNCE), como la solar y la eólica. Eso está muy bien. Sin embargo, la transición energética no consiste solamente en la construcción de plantas movidas por FNCE. Aunque necesarias, esas fuentes generan flujos intermitentes de energía: habrá períodos en los que la energía generada será mayor o menor que la demanda. La frecuencia de esos periodos tenderá a aumentar en la medida en que crezca la participación de las fuentes no convencionales en el sistema. El gas natural podrá servir para mitigar esa intermitencia mediante el mantenimiento de una oferta confiable de energía.

El gas natural es, además, una opción no-disruptiva para los consumidores industriales y domésticos en la medida en que les permite continuar usando sus gasodomésticos y equipos. Esto es particularmente importante en el caso de actividades industriales que hoy difícilmente podrían electrificarse: industrias de ladrillos, acero, fertilizantes, vidrio, cemento, etc.

Además de los beneficios ambientales globales de la utilización del gas natural (80 % menos emisiones de GEI que el Diesel, y 50 % menos que el carbón), la utilización de este combustible no genera partículas respirables que es el contaminante del aire que causa los mayores daños a la salud. Se estima que esta forma de contaminación pudo haber causado 8.000 muertes en Colombia en el año 2015.

En conclusión, la transición energética dirigida a la descarbonización de la economía no debe limitar el crecimiento económico, ni crear riesgos de inequidad social. Para que así sea, ésta debe sustentarse sobre políticas y estrategias flexibles e inclusivas que permitan la plena utilización de los recursos energéticos del país, y que aseguren la confiabilidad, resiliencia y sostenibilidad del sistema.