Datos sobre seguridad y violencia en el gobierno Petro: preocupantes indicadores humanitarios

La Fundación Ideas para la Paz (FIP), centro de estudios colombianos en los campos de paz y seguridad, publicó en días pasados el informe “Dos años del gobierno Petro: balance de seguridad y violencia”.

El análisis nos muestra seis datos claves para entender cómo se ha comportado la violencia y su impacto en las comunidades, y la forma en que se ha transformado la confrontación entre el Estado y los grupos armados en medio de las apuestas de la “Paz Total” del gobierno Petro. 

1. Según el informe, que comparó las cifras de los dos años del actual gobierno, el segundo año de mandato de Gustavo Petro tuvo malos resultados en varios indicadores humanitarios: 

Con respecto al primer año de gobierno, el reclutamiento forzado por parte de grupos armados ilegales aumentó en un 42 %; las amenazas a la población civil aumentaron en un 40 %; la extorsión aumentó en un 17 %; el confinamiento en un 71 %, y el desplazamiento forzado en un 7 %. Asimismo, el asesinato de líderes sociales aumentó en un 2 % en el segundo año de gobierno, la cifra más alta en los últimos seis años. 

Pero también hay cifras positivas: el desplazamiento individual disminuyó en un 51 %; las masacres disminuyeron en un 14 %, los secuestros en un 11 % y los homicidios en un 1 %. 

2. Se reactivó la confrontación entre el Estado y la parte de las disidencias del EMC que salió de la mesa de negociación. 

Después de una reducción importante durante el primer año de gobierno, el segundo año muestra que los ataques contra la fuerza pública aumentaron un 46 % y los ataques contra infraestructura y bienes un 48 %. Esto principalmente por la reactivación de las acciones armadas en el Cauca y el Valle del Cauca de las disidencias del EMC –principal grupo disidente de las Farc. En estos dos departamentos se concentraron el 63 % de las acciones contra la fuerza pública. 

3. Los enfrentamientos entre grupos armados se redujeron, pero se mantienen los focos de disputas territoriales. 

Estos enfrentamientos disminuyeron un 8 % en el segundo año de gobierno debido a la ofensiva de la Fuerza Pública en los departamentos del Cauca y Valle del Cauca (allí disminuyeron un 37 %). Hay más confrontación entre el Estado y los grupos armados que entre diferentes organizaciones al margen de la ley rivales. 

4. Creció la influencia territorial de los grupos armados. En el inicio de 2024 la Defensoría del Pueblo advirtió sobre el aumento de los municipios con presencia de grupos armados. 

Con respecto a 2022, el Clan del Golfo pasó de ejercer influencia en 253 municipios a hacerlo en 392 (un incremento de 55 %). Las disidencias del EMC pasaron de 230 a 299 municipios (incremento de 30 %). Y el ELN pasó de 189 a 231 municipios (incremento de 22 %). 

La influencia del Clan del Golfo se da sobre todo en el norte de Antioquia, el Chocó y buena parte de la Costa Caribe: mayormente en Córdoba, Sucre y el sur de Bolívar. El ELN tiene mayor presencia en el sur de Bolívar, Norte de Santander y Arauca. Las disidencias del EMC ejercen influencia sobre todo en el Cauca, Valle del Cauca, Nariño, Meta, Caquetá y Guaviare. 

5. Las acciones de la Fuerza Pública contra los grupos armados aumentaron por la ofensiva contra las disidencias del EMC que ya no negocian con el Gobierno. 

El informe registra un incremento en los ataques del ejército de un 57 %, esto asociado a la ofensiva militar contra las disidencias del EMC en el Cauca, Valle del Cauca y Huila. El 41 % de la ofensiva del ejército se concentra en los tres departamentos. Las capturas de combatientes de grupos ilegales aumentaron un 6 %.

Es de subrayar la ofensiva por parte del Estado, la cual presenta cifras menores a las de gobiernos anteriores. En 2019-2020 hubo, por ejemplo, 178 combates y bombardeos por iniciativa del ejército, y en el último año 108. 

6. El Gobierno cumplió con su postura frente a los cultivos ilícitos: aumentó la interdicción y disminuyó la erradicación. 

En la actual administración la incautación de Pasta base de coca aumentó un 99 %, la de Cocaína un 39 %, y la de Marihuana un 21%. En el segundo año del gobierno la erradicación forzada de cultivos disminuyó en un 54 %. 

Las fuentes del informe de la FIP incluyen datos propios de seguimiento al conflicto, así como cifras de Mindefensa, Policía Nacional, Indepaz y la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).