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El sistema político colombiano se encuentra en una crisis profunda, ¿para dónde va este barco?

La parálisis institucional, un gobierno autoritario, o un gran acuerdo nacional, son tres de los posibles escenarios políticos que podrían derivar de la actual fractura de partidos en nuestro país.

El sistema de partidos en Colombia es hoy en día uno de los más fragmentados del mundo. Actualmente existen 37 partidos políticos con personería jurídica concedida por el Consejo Nacional Electoral (CNE) y en los próximos meses ese número puede aumentar aún más. Varios están haciendo turno en la sala de espera. Este es el caso, por ejemplo, del partido Esperanza, Paz y Libertad que surgió tras la desmovilización del Ejército Popular de Liberación en 1991. 

Ahora bien, de acuerdo con la muy cuestionada Ley 1909 de 2018 –por medio de la cual se adoptan el estatuto de oposición política y algunos derechos a las organizaciones políticas independientes–, los partidos políticos con personería jurídica deben indicarle al CNE si se declaran ante el gobierno de turno como independientes, de oposición, o de gobierno y, como se puede observar en el cuadro No. 1., 20 se han definido como gobiernistas, 7 de oposición y 10 independientes. Hace pocos días, desde San Basilio de Palenque, donde surgió, el Partido Demócrata Colombiano rompió amarras con la coalición de gobierno y se declaró como independiente. 

Una consecuencia de este multipartidismo difuso en nuestro país es la inexistencia tanto de un verdadero partido de gobierno como de un verdadero partido de oposición. 

En cuanto hace al Pacto Histórico, es decir, la coalición de partidos de gobierno, se trata de una sumatoria de 15 partidos y 12 movimientos políticos o étnicos con una diversidad de tendencias internas, que van desde el Partido Comunista Colombiano y el Partido Comunes –surgido de las antiguas Farc–, hasta agrupaciones más ubicadas en el centro-izquierda. Esta composición tan heterogénea, llena de tensiones y conflictos internos, tiene como consecuencia un liderazgo personalista acentuado en manos del presidente Gustavo Petro. Un sistema presidencialista tan agudo como el colombiano, en el cual el Presidente es a su vez Jefe de Estado y de Gobierno, Suprema Autoridad Administrativa, y Comandante de las Fuerzas Armadas, se ve agravado aún más si no existe un partido de gobierno que favorezca una orientación más colectiva del ejercicio del poder. 

Pero tampoco existe hoy en día un polo de oposición organizado. Los partidos que se encuentran por fuera de la coalición de gobierno están totalmente fracturados: por ejemplo, mientras los partidos Liberal y Conservador se autodefinen como independientes, los partidos Cambio Radical o el Centro Democrático se declaran partidos de oposición. 

Si bien en estas dos últimas agrupaciones políticas existe un nivel aceptable de disciplina –sus miembros en el Congreso acatan las decisiones internas–, es impactante observar el deterioro día tras día de las dos más longevas agrupaciones políticas del país, los partidos Liberal y Conservador, que se han declarado como independientes del gobierno. Sus parlamentarios votan como les viene en gana, cualesquiera que sean las indicaciones de los directores de sus respectivos partidos.

Esta extrema fragmentación de los partidos no gubernamentales hace que una de las claves para el funcionamiento virtuoso de un sistema democrático, es decir, la existencia de una oposición política cuyas funciones son las de proponer cursos de acción alternativos, disentir, fiscalizar y ejercer el control político a la gestión de gobierno, se lleve a cabo de manera muy deficiente en el país. Y como bien sabemos, una condición para que exista un buen gobierno es que haya una buena oposición. 

De hecho, hoy no hay una voz que unifique la oposición política y, por tanto, su labor clave de fiscalización y control político se pierde en medio de enfrentamientos interminables entre sus dirigentes. El club de los expresidentes” no es un terreno abonado para el ejercicio de una oposición seria y madura, sino un deplorable ring de boxeo: Uribe Vs. Santos; Samper Vs. Pastrana.  

Cerca de 37 partidos conforman el sistema político colombiano, la atomización se encuentra a la orden del día. Imagen: Red + Noticias.

Partidos de gobierno, oposición e independientes

La penosa Ley 1909 de 2018 (por medio de la cual se adoptan el estatuto de oposición política y algunos derechos a las organizaciones políticas independientes) que tenía como función definir las garantías para el ejercicio de la oposición en Colombia, según un mandato, siempre pospuesto de la Constitución de 1991, se inventó una extraña figura, los denominados partidos independientes, que, para retomar el nombre de una canción de Víctor Jara, no son “ni chicha, ni limoná”. 

Usted no es na’
ni chicha ni limoná
se la pasa manoseando
caramba zamba su dignidad.

Este absurdo invento sin antecedentes en el mundo ha generado un efecto perverso: la cooptación clientelista de estos partidos o de algunos de sus miembros según los intereses del gobierno. Es impactante constatar cómo se ha ido desfigurando la Ley 974 de 2005 (por la cual se reglamenta la actuación en bancadas de los miembros de las corporaciones públicas y se adecúa el Reglamento del Congreso al Régimen de Bancadas), mediante el ofrecimiento a los senadores o representantes a la Cámara de cargos, recursos o contratos para quebrar la disciplina de estos partidos e intentar, vía un clientelismo desaforado, construir mayorías políticas. Es decir, un trueque pragmático: puestos por votos”. Al parecer muchos políticos solo pueden subsistir atados a la burocracia y el presupuesto nacional. 

El ejemplo de los partidos Liberal y Conservador es patético. Parlamentarios de uno y otro partido van en abierta contravía de las orientaciones de sus directivas en una burla abierta a la Ley de Bancadas, la cual buscaba estimular la disciplina y la cohesión de los partidos en el Congreso. Y, en un contexto de fragmentación extrema del sistema de partidos, ninguno de los dos partidos históricos se atreve a sancionar a los parlamentarios que se alejan de las decisiones colectivas por miedo a que se produzcan defecciones. 

Es igualmente impactante constatar el doble estándar que utilizan los líderes del Pacto Histórico para referirse a quienes rompen con la disciplina de sus respectivas bancadas: si es un miembro del Pacto Histórico es calificado como un traidor. Si es un miembro de un partido independiente o de oposición es calificado como una persona con criterio propio.

Tres escenarios posibles

A mi modo de ver, ante este preocupante panorama de un sistema de partidos hondamente fracturado y la muy deficiente gobernabilidad que genera, Colombia tiene en el plano político inmediato los siguientes posibles escenarios.

El primer escenario, y para muchos analistas el más probable, podría ser una grave parálisis institucional debido a la incapacidad manifiesta del gobierno actual para sacar adelante sus iniciativas en el Congreso, o, si lo logra, que estas terminen siendo una colcha de retazos” sin mayor coherencia interna. La situación del Pacto Histórico no es fácil. En el Senado de la República solo cuenta con el 33 % de los senadores, la oposición con el 23.6 %, y los partidos y movimientos que se declararon como independientes con el 43.4 %. 

Hoy no hay una voz que unifique la oposición política y, por tanto, su labor clave de fiscalización y control político se pierde en medio de enfrentamientos interminables entre sus dirigentes.

En la Cámara de Representantes la correlación de fuerzas no es muy diferente a la del Senado. El gobierno cuenta con 68 representantes, los independientes disponen de 82 curules y los partidos de oposición con 37, es decir, es decir, el 36.4 %, 43.8 % y 19.8 %, respectivamente. En pocas palabras, ni en el Senado ni en la Cámara de Representantes el gobierno tiene mayorías suficientes para sacar adelante sus iniciativas, por lo cual debe realizar todo tipo de maniobras –no siempre santas– para lograr alcanzar las mayorías necesarias. Todas las prácticas que la izquierda criticaba en el pasado son hoy su modus operandi: la cooptación clientelista de parlamentarios independientes a través de los puestos públicos, recursos públicos para sus regiones de origen, etc. 

Es así como ante la precariedad de la carrera administrativa en Colombia –una de las más deficientes de América Latina–, en este gobierno, igual o más que en gobiernos anteriores, se ha producido una vinculación masiva de nuevos funcionarios públicos elegidos más por criterios político-partidistas (lealtad, cooptación), que por su capacidad y experiencia en la implementación de las políticas públicas. La inexperiencia de estos funcionarios improvisados conlleva a una muy baja capacidad para implementar las políticas del gobierno y de ejecución del presupuesto. 

El segundo escenario es aún más pesimista que el primero y es el riesgo de una deriva autoritaria del gobierno. Al respecto, en los últimos días se han dado señales inquietantes. Por un lado, el llamado de Gustavo Petro a la necesidad de ganar las elecciones de 2026 con el argumento de que el cambio no es posible en solo un período presidencial, y de ahí la necesidad de unificar los 27 partidos y movimientos políticos y étnicos que conforman el Pacto Histórico en un partido único. Este lanzamiento prematuro de la campaña electoral ha generado temores de un intento del gobierno de llevar a cabo interferencias para favorecer a su colectividad política. 

Sin duda, la reciente inhabilitación de la dirigente María Corina Machado en Venezuela por parte del deplorable y vergonzoso régimen de Nicolás Maduro es una campanada de alerta. Sorprende observar cómo los gobiernos autoritarios que se están multiplicando a nivel global (Daniel Ortega, Nayib Bukele, Viktor Orbán, Vladimir Putin, Recep Tayyip Erdogan y el propio Maduro), se enquistan en el poder. 

Un tercer escenario que muchos consideran a estas alturas del gobierno ya muy improbable –aunque de lejos sea el más deseable–, es el logro de unosacuerdos nacionales” mínimos o, para utilizar los términos del desaparecido líder conservador Álvaro Gómez Hurtado, unos acuerdos sobre lo fundamental”. En este escenario el gobierno Petro, con enorme realismo político debido a la ausencia de unas mayorías parlamentarias en Senado y Cámara, toma la decisión de entrar en negociaciones con otras fuerzas políticas en el Congreso, no por la vía de la cooptación clientelista individual, sino por la vía de la construcción de consensos, para sacar adelante sus proyectos reformistas, muchos de los cuales son de enorme importancia para el país (el caso de la reforma agraria). ¿Será Petro capaz de ceder y escuchar planteamientos distintos? ¿Podrá poner en cintura a los puritanos de la izquierda? ¿Cuál es de estos tres escenarios finalmente se va a imponer? 

No tengo una bola de cristal, pero creo que todos debemos movernos para evitar los escenarios más negativos para el país (la parálisis institucional y la deriva autoritaria) e intentar construir un escenario fundado en mínimos acuerdos nacionales. No debemos olvidar nunca la huella profunda que dejó en el país un gran reformista, Alfonso López Pumarejo. 

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Eduardo Pizarro Leongómez

Profesor emérito de la Universidad Nacional de Colombia.