Colombia, una década estancada en el índice de corrupción

Colombia repitió la calificación de 39 puntos sobre 100 en la más reciente edición del Índice de Percepción de Corrupción de Transparencia Internacional. Este indicador evalúa la percepción de analistas, académicos e inversionistas extranjeros respecto a qué tanto afecta la corrupción al sector público del país y los clasifica en una escala de 0 a 100 puntos, siendo 0 percepción de corrupción muy elevada y 100 percepción de ausencia de corrupción. Una calificación por debajo de 50 puntos indica niveles de corrupción muy serios en el sector público.

Si bien el puntaje en sí mismo es alarmante, posiblemente genera más preocupación que Colombia no logra una variación significativa en este indicador desde el año 2012. Hace una década, el país registró un puntaje de 36 sobre 100 y la valoración sólo ha variado tres puntos por encima, lo cual no representa un cambio estadísticamente significativo. Incluso, si comparamos el puesto en el ranking de Colombia entre los 180 países recientemente analizados, subimos del puesto 92 al 87 debido a que cinco países descendieron a un puesto por debajo del nuestro.

El estancamiento de Colombia en el Índice de Percepción de Corrupción durante los últimos 10 años no hace preguntarnos sobre qué acciones deberíamos tomar para superar esa situación. Es una pregunta necesaria no solo porque otros indicadores nos muestran resultados similares, sino porque cada año que pasa sin resultados más efectivos contra esta problemática, implica una afectación muy profunda a los derechos humanos y al bienestar de un amplio sector de nuestra población. La Radiografía de la Corrupción 2016-2020 nos recuerda que las personas más afectadas por la corrupción en Colombia son las niñas, los niños y la población joven, seguidos por los grupos vulnerables socioeconómicamente. ¿Entonces, qué debemos cambiar?

Primero, es fundamental revisar qué tipo de corrupción nos afecta más. En 2021, Fedesarrollo convocó a un grupo de expertos anticorrupción que tomó como referencia un escenario bastante complejo: primero, identificó a tres agentes que son los principales impulsores de la corrupción en el país: las redes clientelares entre sector público y sector privado, los grandes intereses económicos, y los grupos ilícitos criminales; segundo, indicó que la acción de dichos agentes se ve facilitada por vacíos institucionales, brechas en el cumplimiento de normas, y por controles excesivos; y tercero, planteó que estos poderosos actores logran niveles de captura del sistema político, de la operación del Estado (contratos, empleos, regulaciones) y del sistema de justicia. Todo lo anterior en un contexto de desequilibrio de poderes, economías ilegales, barreras al control ciudadano, y una cultura permisiva a la corrupción.

Segundo, resulta necesario priorizar medidas y recuperar algo que las estrategias anticorrupción ponen en el primer lugar de la lista, pero que ha sido olvidado en medio de una obsesión por aprobar nuevas normas en los últimos años: requerimos liderazgos públicos éticos e íntegros. En otras palabras, predicar con el ejemplo. No es cuestión de moralismos sino de mantener la coherencia entre ese discurso políticamente correcto de cero tolerancia con la corrupción y los actos de nuestro liderazgo público. ¿Cómo generar confianza, y de esta manera mejorar la percepción, cuando dichos liderazgos se ven involucrados en prácticas tramposas, controversias por fraudes, y posiciones éticamente cuestionables? Justamente algunas de las fuentes de información que alimentan el Índice de Percepción de Corrupción y que más castigan a Colombia, critican fuertemente el nivel de corrupción política en nuestro país y su incidencia en distintas esferas de la institucionalidad.

Por último, debemos revisar si las medidas que hemos tomado en tiempos recientes corresponden a la complejidad del problema que se describió antes. Varias de las recomendaciones de la Comisión de Expertos Anticorrupción apuntan a cambios de fondo, sin los cuales será difícil lograr resultados distintos a los logrados en los últimos diez años: la independencia de la autoridad electoral, de los órganos de control y de la rama judicial; la transparencia en el financiamiento de campañas, la contratación pública y el empleo público; la gestión abierta y oportuna de conflictos de interés y la regulación del lobby; la incorporación de enfoques estratégicos y técnicas novedosas en la persecución de la corrupción a nivel nacional y local; la protección a denunciantes de corrupción del sector público y privado; entre otras.

En la base de todo esto reside un cambio de nuestras prácticas y comportamientos sociales que relativizan y justifican la corrupción en la vida cotidiana. Esto implica considerar nuestra responsabilidad como ciudadanos y ciudadanas en contribuir a enfrentar una problemática que afecta nuestro bien común, sin esperar a que otros hagan la tarea por nosotros. Al respecto, resulta relevante recordar que los países que han mostrado una mejora significativa a lo largo de los años en el Índice de Percepción de Corrupción tienen en común, entre otras cosas, una sociedad vibrante, inquieta e impulsora de cambios. Ojalá esta sea una manifestación muy clara de un año electoral transcendental para nuestro país.