Colombia: una coyuntura crítica

El país dio un paso importante hacia la paz con la desmovilización de las Farc. Pese a que las disidencias, el ELN y las bandas criminales continúan operando, el proceso significó la salida del único grupo armado que aspiraba a suplantar al Estado e imponer un nuevo modelo de sociedad. Y, si bien sus probabilidades de victoria eran casi nulas, las Farc creaban un entorno de inseguridad que afectaba las decisiones políticas en el nivel nacional. El problema ahora es mucho menor: ejércitos privados con aspiraciones de autoridad y explotación de rentas criminales en la periferia.

No obstante, la pacificación que ha experimentado Colombia en términos del conflicto es inversamente proporcional a la hostilidad que se presenta en el campo político. El proceso de paz, en vez de llevar a grandes acuerdos entre la dirigencia política, ha llevado es a un enfrentamiento visceral en que está en juego no solamente la competencia por los puestos de poder, sino las instituciones mismas del Estado para cuestionar la legitimidad de los opositores. Principios básicos de la democracia como la certidumbre de las reglas de juego y que los contendientes se reconocen mutuamente como legítimos parecen estar seriamente cuestionados.

En gran parte la actual coyuntura obedece al uso político que se ha hecho del proceso de paz. El plebiscito que fue pensado por Santos como una maniobra para anular electoralmente a Uribe resultó ser un tiro por la culata. Ahora pesa como el principal argumento de los uribistas para realizar cambios institucionales y aludir a una conspiración castrochavista. La última salida: un referendo para acabar con la JEP. La izquierda tampoco se ha quedado atrás. Han querido equiparar el pasado de Uribe con el de las Farc. Sencillo, no pierden nada electoralmente, los votos de las Farc no llegan al centenar de miles, y son el pretexto ideal para exigir al uribismo que se someta a la justicia como autores equivalentes de las peores atrocidades ocurridas en el conflicto. La ironía es que muchos de quienes acusan a Uribe hicieron parte de guerrillas que se desmovilizaron a principios de los años 90 y en cuanto a verdad y reparación no han aportado mayor cosa, quizá nada.

En un ambiente con semejantes acusaciones y maniobras es apenas natural que las partes teman que en cualquier momento la justicia y los cambios en las instituciones los lleve a su salida definitiva de la arena política. Pero el problema es en realidad más grave. Va más allá de los arranques oportunistas para las próximas elecciones y el uso político de la justicia transicional. Es la crisis de la democracia liberal y la necesidad de nuevas propuestas ideológicas, un fenómeno al menos continental en sus manifestaciones más concretas, lo que genera el ambiente tan volátil en la política colombiana.

Pueden ser varias causas las que llevan a subestimar las garantías que ofrece la democracia a las libertades individuales y a las minorías, al igual que a desconocer los beneficios que ha traído el libre mercado. Por un lado, parecieran estar las nuevas expectativas de una población que comienza a convertirse en clase media y a crear una mayor conciencia de obligaciones por parte del Estado. Por el otro lado, es evidente el aislamiento en que vive de la dirigencia de las grandes corporaciones públicas y privadas, más preocupada por reproducirse en el poder que en los apremios y aspiraciones tanto de los ciudadanos del común como de los accionistas de las empresas.

Pero, cuales sean las causas, lo cierto es que el electorado se muestra tentado a apostar por proyectos políticos que podrían dejar sin piso las instituciones básicas de la democracia y el capitalismo. Sobre estos proyectos, bien sean de izquierda y de derecha, se van a tratar las elecciones de 2022, así como también de la capacidad que tenga un sector de la dirigencia política de evitar rupturas institucionales que en el mediano plazo traigan la destrucción de una serie de avances económicos y políticos que el país parece haber dejado de valorar.