
Atribuido a Cristóbal Lorenzo: ‘Los cuadros de mestizaje del Virrey Amat: Nº 20, Negro con Mulata produce Sambo’, detalle, 1771-76
A propósito del renombramiento de los fondos documentales étnicos del Archivo General de la Nación.
El 12 de mayo de 2025, el AGN inició un ciclo de conferencias sobre el renombramiento de los fondos documentales “Negros y esclavos” y “Caciques e indios”, complementadas con programas de radio. La perspectiva ha sido la de la Vicepresidencia de la República. El cambio de nombre se presenta como una forma de saldar una deuda histórica con los desposeídos, en el “primer” gobierno popular de la historia de Colombia… Y es en este punto donde quiero formular algunas críticas. No se trata de una oposición per se al cambio de títulos, sino a los términos del debate, a la narrativa histórica que le sirve de trasfondo.
Según lo expresado por los promotores de la medida en los espacios dispuestos para ello, una minoría andina (entiéndase Bogotá, exclusivamente), blanca, oligárquica y masculina ha excluido a una mayoría étnica, popular y diversa de los archivos y de la historia desde la Conquista hasta nuestros días. Por lo tanto, ante el acto de justicia implícito en el renombramiento de los fondos, solo cabría oponerse por mezquindad. Quienes expresan escepticismo o formulan críticas al renombramiento serían parte de esa minoría hiperprivilegiada, reacia a perder su posición de verdugo. Y si no lo son, simplemente han sido alienados por un discurso subyugador. Claro como el agua.
Por supuesto, esta es una construcción falsa. Es imposible que en ella nos veamos reflejados muchos jóvenes investigadores de barrios pobres de Colombia que hemos hecho carrera con becas en instituciones públicas nacionales y extranjeras. Colegas a quienes la cuna no nos regaló un nombre ni una posición, pasamos por una operación discursiva a ser parte de una élite. De igual modo, una rápida revisión de la composición y producción de los departamentos de ciencias sociales del país muestra que no son centros de una casta heteropatriarcal. La labor de mujeres investigadores ha dejado huella en publicaciones y estudiantes durante las últimas décadas.
En segundo lugar, la propuesta del AGN y de la Vicepresidencia parte de un presupuesto mágico. Se presume que el renombramiento sanará las heridas del pasado, que la resolución que registre los nuevos nombres traerá la buena nueva gracias a sus supuestos poderes curativos. Los nuevos títulos proyectarán una luz purificadora sobre toda la historia del país y limpiarán los pecados del colonialismo. El sacramento archivístico acogerá la historia en la nueva fe. Amén.
En tercer lugar, los promotores del nuevo bautizo de los fondos aseguran que, como en el pasado se etiquetó de forma arbitraria y subjetiva, no hay inconveniente en repetirlo hoy. ¿Por qué no se cuestionaron esas decisiones en los siglos XIX y XX, pero hoy sí? Si ese argumento fuera válido, no habría reparo en continuar usando nombres genéricos como los que titulan erróneamente otros fondos: Estadísticas, Gobierno, Justicia, Mejoras materiales, Miscelánea, Particulares, Quejas, Reclamaciones, Solicitudes o ¡Archivos e Historia!
En cuarto lugar, la discusión se ha dado sobre una base débil acerca de la trayectoria de los fondos. Tampoco contamos con un solo libro sobre la historia del Archivo Nacional de Colombia al cual remitirnos. Lo poco que sabemos proviene de artículos de Armando Martínez, Mauricio Tovar, Roger Pita y Vicenta Cortés. A partir de fuentes normativas y administrativas, estos investigadores han demostrado que los nombres actuales se establecieron hacia mediados del siglo XIX, en pleno momento federal. Aunque no haya fechas precisas del nombramiento de los fondos, desde la creación del Archivo Nacional en 1868 las nomenclaturas han sido retomadas por distintas administraciones.
Una rápida revisión de la composición y producción de los departamentos de ciencias sociales del país muestra que no son centros de una casta heteropatriarcal. La labor de mujeres investigadores ha dejado huella en publicaciones y estudiantes durante las últimas décadas.
Nombres arbitrarios y subjetivos, sí, pero no falsos. Quienes hemos organizado archivos sabemos que lo más económico (hablamos de recursos públicos) y sensato es comprender cómo están dispuestos los documentos y conservar las agrupaciones construidas por sus productores, salvo que contingencias hayan alterado su orden. Eso hicieron los archiveros del XIX. Se encontraron con el gran archivo de la Real Audiencia de Santa Fe, la entidad más importante del periodo colonial. Lo era por una razón sencilla: el Antiguo Régimen hispanoamericano era un orden jurisdiccional repleto de fuentes del derecho, y por lo tanto de jueces y tribunales que debían tratar con ese océano jurídico. Por ello, los fondos Negros y esclavos, Caciques e indios, Tierras, Encomiendas, Minas, entre otros, agrupan documentación sobre este tipo de causas judiciales manejadas por la Audiencia, que era la máxima corte de justicia. Conocer esto es fundamental para el acto de renombrar. Sí, los indígenas e incluso los esclavos podían exigir justicia en el mundo colonial español; eso es lo que diferencia a nuestro pasado del estadounidense.
Finalmente, el AGN está en deuda de construir un sistema de becas para la investigación de sus propios fondos, pues sin apoyo financiero, generar conocimiento es una quimera. Nuevas narrativas pueden surgir de un esfuerzo estatal comprometido. Además, debería incorporar un enfoque diferencial que permita a investigadores de comunidades étnicas competir en condiciones de equidad. Asimismo, el Grupo de Archivos Étnicos y Derechos Humanos, que alcanzó desarrollos significativos bajo el liderazgo de Clara Casilimas y Laura Sánchez, sigue esperando su resurgimiento.

Carlos Díaz
Historiador, Magíster en historia por El Colegio de México y doctor en Historia de la misma institución.
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