El conflicto en Colombia: más intenso y transformado

Las muertes ocasionadas por la violencia asociada al conflicto armado interno en Colombia aumentaron 31 % en el último año, al pasar de 1.102 muertes anuales en marzo de 2024 a 1.446 muertes anuales en marzo de 2025: una pérdida de vidas que no registrábamos en Cerac desde el inicio de la fase pública del proceso de paz con la extinta guerrilla de las Farc en julio de 2013.

La reducción de las muertes directamente asociadas al conflicto armado interno inició en 2013 y alcanzó su nivel mínimo en abril de 2017. Desde entonces la cifra de muertes ha presentado un ascenso casi continuo, excepto por dos breves reducciones, entre julio de 2018 y septiembre de 2019 y entre enero y agosto de 2024, esta última cuando estuvo vigente el cese el fuego bilateral con el ELN. Desde septiembre de 2024, cuando terminó ese cese el fuego, hasta marzo de 2025, las muertes aumentaron de manera más acelerada que en el pasado reciente, a una tasa de aumento que solo se vio en 2012.

Las muertes de civiles alcanzan el nivel de 2011

No es sólo que la violencia del conflicto armado haya aumentado, sino que se ha transformado hacia la atrocidad. Como se aprecia en la gráfica de abajo, que desagrega las muertes por el grupo al que pertenecen las víctimas, los civiles son los más afectados por la violencia asociada al conflicto, cuando antes de 2014, los más afectados eran los combatientes de grupos armados y los miembros de la fuerza pública.

El aumento más significativo de las muertes de civiles en el conflicto se presentó entre julio de 2019 y diciembre de 2024; de hecho, el número de muertes de civiles en 2024 es el segundo más alto en los últimos 13 años, solo superado por el registrado en junio de 2011.

El alto nivel de la violencia letal contra civiles y el bajo nivel de ese tipo de violencia contra la fuerza pública, muestra un sostenido y grave deterioro del impacto humanitario ocasionado por los grupos armados. 

Aunque desde comienzos del 2024 las muertes de miembros de la fuerza pública y las de miembros de los grupos armados aumentan, es enorme la brecha frente a las muertes de civiles, confirmando ese deterioro en los impactos de la violencia, un proceso de transformación de la violencia, en el cual aumenta tanto la atrocidad como el impacto humanitario de los grupos violentos.

Pese al notable aumento en la muerte de civiles en acciones asociadas al conflicto armado, la proporción de homicidios asociado al conflicto sigue siendo baja frente al total de homicidios, pero se ha casi triplicado desde 2017. Si uno usa la medición de homicidios del Ministerio de Defensa esta proporción llega a ser de 10.6 % en marzo de 2025, una participación similar a la de agosto de 2011. Dado que el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional decidieron desde diciembre de 2022 excluir varias formas de homicidio de su medición este porcentaje puede estar ligeramente sobreestimado. Que esta proporción sea baja se explica por el altísimo número de homicidios que secularmente sufre Colombia, siendo gran parte de éstos producto del crimen organizado común, más que por disputas entre grupos armados o de éstos con el Estado.

La inseguridad por la violencia de conflicto persiste y aumenta

La violencia del conflicto no se explica únicamente por los combates: hay acciones ofensivas (sin intercambio de fuego), en las que grupos armados ejercen la violencia, como en emboscadas, y uso de artefactos explosivos improvisados. Estas acciones ofensivas también aumentaron de manera significativa desde enero de 2022 alcanzando en diciembre de 2023 un nivel que no se registraba desde mayo de 2016. Otra de las características de esta transformación de la violencia es el uso de estas prácticas violentas que son propias del conflicto armado, pero sin reconocimiento por parte de los grupos responsables: estas acciones sin responsable identificado aumentaron sostenidamente entre octubre de 2021 y diciembre de 2023, el mayor nivel de los últimos 13 años, incluso superior al de las acciones atribuidas a las hoy extintas Farc al inicio del proceso de paz con la entonces guerrilla.

Las acciones atribuidas a los grupos armados emergentes luego de la desaparición de la extinta guerrilla de las Farc (que el actual gobierno estigmatizadoramente llama disidencias) y las acciones atribuidas al ELN aumentaron desde enero de 2023, llegando en marzo de 2025 a su máximo nivel. En contraste, las acciones atribuidas a los grupos posdesmovilización paramilitar (el Clan del Golfo el principal) se han reducido sostenidamente desde marzo de 2023, nivel que no era observado desde febrero de 2011.

Vuelven los combates, pero entre grupos armados

El aumento de la violencia asociada al conflicto armado interno en los últimos cinco años se explica principalmente por las disputas violentas de los grupos armados entre sí: estas disputas entre grupos armados eran infrecuentes en el conflicto, pero desde 2017 han crecido de forma sostenida, alcanzando en 2023 la mayoría de ellas, como se observa en la siguiente gráfica. 

Es interesante resaltar cómo en la mayor parte de los enfrentamientos entre grupos armados interviene el ELN. Desde comienzos de 2024 los enfrentamientos en los que participa la fuerza pública han venido aumentando, con una particular aceleración desde la terminación del cese el fuego con el ELN. Esta guerilla está en confrontación permanente a dos fuegos en todos los lugares donde está en Colombia.

Un deterioro de la seguridad que continuará

Los combates entre la fuerza pública y grupos armados se intensificaron sólo recientemente, desde el final del cese el fuego con el ELN en agosto de 2024, y han aumentado a un ritmo mucho mayor en lo corrido de 2025 alcanzando, en marzo de 2025, 126 enfrentamientos en el año a ese mes; este nivel corresponde al 88 % del máximo nivel de combates que alcanzó a tener la extinta guerrilla de las Farc con la fuerza pública en diciembre de 2013. Este nuevo nivel de exigencia sobre las fuerzas militares y la policía supone una mayor demanda de recursos que desviará la atención de otros focos de inseguridad y amenaza en los próximos meses.

Además de la intensificación de la violencia y el mayor impacto humanitario, hoy el conflicto armado genera más inseguridad para la población, para las comunidades y, por ende, tiene mayor impacto sobre la operación empresarial, la cual enfrenta mayores riesgos de violencia. Paradójicamente, el riesgo no ha aumentado de forma similar para las instituciones o para la fuerza pública como resultado de la transformación de la violencia del conflicto, pues, como ya vimos, la mayoría de enfrentamientos armados los sostienen grupos armados entre sí y no contra las fuerza del Estado. Esta violencia está asociada a la disputa sostenida por las fuentes de rentas ilegales –el oro, la producción y tráfico de cocaína– más que a la búsqueda de un “control” regional sostenido o para sostener un dominio territorial.

Es probable que esta escalada que viene desde 2018 siga en los próximos meses, no solo porque las muchas negociaciones que adelanta el Gobierno Nacional con grupos armados no han reducido la violencia de forma sostenida, sino porque no hay un cambio estratégico, táctico o de las políticas públicas que permita esperar un desmantelamiento de las organizaciones armadas que la generan. Incluso, los ceses al fuego parciales, como el último decreto de cese de operaciones ofensivas contra la muy dispersa y heterogénea agrupación “estado mayor de bloques y frentes”  decretado por el gobierno hace pocos días, resulta en un fortalecimiento de un grupo frente a los demás, dada las disputas que mantienen todos los grupos entre sí, prolongando el ciclo violento. Malas noticias.

En gráficos: la violencia en Colombia desde 2010