Demolición del sector eléctrico y continuidad en el poder

Demos primero un contexto de economía política que explica lo que le viene pierna arriba al sector eléctrico. El actual Presidente de Colombia es fácilmente caricaturizable y criticable por sus rasgos personales y su inexistente gerencia. La opinión se deja provocar con sus actuaciones (todas deliberadas), y las juzga desde una perspectiva errónea. Porque este Presidente no llegó a resolver problemas críticos, ni a aumentar el crecimiento económico, ni a reducir la desigualdad. Por un lado, porque no sabría hacerlo y detesta administrar. Y, de manera más importante, y como lo dijo en su campaña, porque en la medida en que haya más clase media, su futuro político se diluye.

El Presidente llegó con vocación de quedarse en el poder después de 2026, incluso dentro de la democracia. Con tres estrategias: 1. Destruir instituciones; 2. Intimidar o quebrar a firmas de servicios, especialmente privadas; 3. Calumniar y generar desorden frecuente. Con las estrategias 1 y 2 hay pérdida de bienestar y debilitamiento del sector privado. Con la estrategia 3, canaliza el descontento generado atribuyéndolo a sus contendores reales o imaginarios, y atiza la rabia.  

La campaña de demolición del sector eléctrico avanza por diferentes frentes, algunos de los cuáles se expresaron en boca del Presidente en la manifestación de Barranquilla convocada por el Ministro de Minas y Energía el jueves 30 de enero:

• Es cierto que las decisiones de la CREG de recuperar por tarifa y al tiempo los pagos de la opción tarifaria (postergación de cobros durante la pandemia) y las pérdidas en Air-e y Afinia eran inviables. Pero entre 2022 y 2025, más allá de los anuncios de que el gobierno asumirá la deuda de la opción tarifaria (cuyo saldo acumulado en 2024 era de $5 billones con estas dos empresas), el jueves 30 de enero no se presentó una solución de punto final y la profundización del problema amenaza con crear una crisis sistémica a todo el sector eléctrico a través del incumplimiento de los pagos de energía por parte de estas dos firmas. Por la natural inconformidad ciudadana en la Costa Caribe, se agitan las aguas políticas en una geografía golpeada y de gran peso sobre la continuidad del proyecto del Pacto Histórico en 2026.
• Se acusa a XM, empresa operadora del mercado mayorista y del sistema nacional interconectado, de no implementar resoluciones de la Comisión Reguladora de Energía y Gas (CREG) para reducir los precios de la energía (que, según los expertos, no tendrían efectos importantes). Y se propaga la especie de que XM tiene, como toda institución de soporte a la implementación de las Leyes 142 y 143 de 1994, una agenda al servicio de los intereses de los generadores. XM emitió un comunicado donde muestra que ellos aplican asuntos aprobados por el regulador, lo que no se había cumplido el 30 de enero de 2025.
• Según el Presidente, solo se requiere un cambio de parámetros en un software (imaginado) para bajar las tarifas, ignorando que los precios de generación se forman en un mercado, y los de transmisión, distribución y comercialización, mediante regulación por incentivos, después de análisis detallados de la CREG. Puesto que el mundo no funciona de acuerdo de sus afanes y aspiraciones, el Presidente declaró en Barranquilla que las tarifas de enero en adelante eran “ilegales”.  
• Se afirma que las generadoras tienen rentabilidades comparables a las de actividades ilegales. Los promedios multianuales de los indicadores clásicos de rentabilidad de la generación en Colombia, tales como margen Ebitda, retorno sobre activos (ROA), y retorno sobre aportes patrimoniales (ROE) es de aproximadamente 32 %, 12 % y 16 %, respectivamente. Estas cifras no son superiores a los promedios internacionales en los mismos segmentos de negocio y están alineados con una relación riesgo-remuneración adecuada para los inversionistas internacionales. 
• En la misma línea de difamación, se afirma que el precio de los contratos en Colombia es uno de los más altos del mundo. La Asociación Colombiana de Comercializadores de Energía (Acce) muestra un valor promedio de $345/kWh para los contratos de 2025, un valor inferior a US$ 0,10/kWh, valor que contrasta con, por ejemplo, el valor en Estados Unidos (US$ 0,16/kWh). 
• Se soslaya hablar de la alarmante y creciente probabilidad de racionamiento en el corto y mediano plazo, después de 30 años sin recurrir a esa drástica medida de gigantescos impactos negativos para la economía y el bienestar. Semanas antes al 30 de enero, el Ministro de Minas y Energía anunció que daba por cerrada cualquier posibilidad de desabastecimiento de electricidad. Pero la brecha entre capacidad y demanda disminuye cada día, el fenómeno de la Niña no aportó suficiente agua a los embalses, el ingreso de plantas eólicas y solares de todo tamaño y de sus sistemas de conexión a la red nacional está retrasado, se dependerá cada vez más de las importaciones de gas para hogares, industrias y vehículos y la planta de regasificación de Cartagena será insuficiente para atender el consumo nacional, y cualquier perturbación del clima o de indisponibilidad de activos en el sistema nacional interconectado puede activar el exceso de demanda.   

De manera persistente desde 2022, se ha debilitado a la CREG por largos períodos al no nombrar en propiedad a expertos (que albergaron la infructuosa expectativa de convertir sus encargos cortos en períodos regulatorios completos), se la ha desacreditado en público, y se ha intentado convertirla en una sala de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (Sspd). Se ha buscado cambiar la formación de precios de bolsa aduciendo que la diferencia entre puja y precio en la subasta no debe ir a los generadores, desconociendo que este valor es esencial para remunerar las inversiones de capital, en una clara actitud expropiatoria. Hasta el momento, por suerte, las técnicas jurídicas para buscar los cambios no pasan el filtro de constitucionalidad ni de apego a procesos regulatorios. Los abogados del régimen usan ‘tatucos’ legales muy chambones, por impericia y por desprecio al orden que buscan destruir. 

Ante el desestimulo a las nuevas inversiones en un mal entorno de negocios y la ausencia de gerencia pública, las décadas lejos del borde del abismo se han acabado. Si hay elecciones en 2026, y el candidato ganador prioriza la reconstrucción sectorial, le llegarán un montón de entuertos por desfacer.