En diálogo con Contexto, Angelika Rettberg resalta la significativa caída que ha tenido en la tasa de homicidios en el país –muy alejada de los niveles de los años 80 y 90– como uno de los logros del acuerdo de paz con las Farc. Foto: Instituto Capaz.
Angelika Rettberg: “Tenemos más verdad, más memoria que nunca sobre todo lo que pasó en este país”
Angelika Rettberg Beil es experta en el conflicto armado colombiano y una estudiosa de los acuerdos de paz. Actualmente es decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de los Andes. En entrevista con Contexto habla del estado actual de la paz en Colombia, los logros de los distintos procesos, y los desafíos que tenemos como sociedad en el tema.
Los acuerdos de paz en Colombia, los del pasado y los actuales, siguen generando debate en los distintos sectores de la sociedad. Más allá del ruido es necesaria la voz de los expertos en la materia, que sus ideas no se reduzcan al ámbito académico. Angelika Rettberg Beil se ha desempeñado como profesora de ciencia política en la Universidad de los Andes, y ha escrito más de diez libros y sesenta artículos sobre conflicto armado, construcción de paz y su contexto social. Rettberg es Master Of Arts y Ph. D. en Ciencia Política de Boston University; actualmente es decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de los Andes y codirectora de proyectos académicos internacionales de investigación.
Antonio Celia Martínez-Aparicio: En un documento reciente, dices que entre 2011 y 2024 se crearon 32 instituciones asociadas a la construcción de paz en Colombia, y que entre 2016 y 2024 se han invertido $81 billones con ese objetivo. ¿Se ven los resultados de este gran esfuerzo para lograr la paz política?
Angelika Rettberg: La tarea es gigantesca, hay más de nueve millones de víctimas registradas ante el Estado colombiano, hay más de 70.000 personas que han emprendido la ruta hacia la desmovilización y la reincorporación, hay una deuda gigantesca con los territorios en los cuales hasta hoy se produce violencia y desigualdad; y está además el efecto atrófico que ha generado el narcotráfico en las instituciones, las sociedades y las economías locales. Por lo tanto, pensando en lo que cuesta todo eso que es específico de la guerra como atender víctimas y desmovilizados, pero que tiene que ver también más en general con un país que ha tenido varias décadas de guerra, pues es difícil estimar si $81 billones es mucho o poquito. El hecho es que sí se ha invertido una buena parte de eso; ha habido pocas denuncias de corrupción, lo cual creo que es muy importante resaltarlo. Creo que en algunos territorios sí se está viendo ese enorme esfuerzo en términos, por ejemplo, de justicia transicional: tenemos más verdad, más memoria que nunca sobre todo lo que pasó en este país. En los territorios Pdet se ven avances ciertos en términos de acceso a servicios, en términos de capacidades de atender a la población, es decir, yo creo que sí se ven avances importantes. Y un indicador que es relevante aquí es que al fin y al cabo la tasa de homicidios ha ido cayendo, es lo más importante que uno quiere ver, que no mueran más personas y eso es una tendencia que no ha ido para atrás, que sigue firme. Yo creo que eso es uno de los principales dividendos de la paz en Colombia hoy
A.C.M.: En Colombia muchos siguen hablando de guerra, pero aquí no hay dos bandos enfrentados. ¿Hay más bien grupos sin legitimidad, sin apoyo de ninguna clase, que quieren controlar territorios para su propio provecho? Incluso el ELN parece que perdió su línea política hace años. Es muy cuestionable lo de negociar con ellos el modelo de país.
A.R.: Es cierto que desde el punto de vista de definiciones, Colombia escapa a la posibilidad de definir exactamente cuál es la realidad al respecto. Hay guerrillas viejas, antiguas, como el ELN; hay organizaciones armadas sin pretensión política; hay pandillas urbanas; hay disidencias de las guerrillas; es decir, realmente es muy variopinto el universo de las organizaciones que hoy producen violencia en el país. Eso hace muy difícil negociar. Se necesitan agendas y ofertas muy distintas, y sobre todo se necesita una capacidad y una credibilidad que en muchos territorios el Estado colombiano no tiene hoy, eso creo que es parte grande del problema; si bien tenemos las leyes, no tenemos la posibilidad de hacerlas cumplir y no tenemos tampoco la capacidad y los recursos para implementar todos los acuerdos que eventualmente se logren con estos grupos tan distintos. En Colombia hay muchas fuentes ilícitas de recursos y es muy posible que se logren avances con unos grupos, pero inmediatamente surgirán otros oportunistas que verán la posibilidad de enriquecerse, con lo cual los ciclos de la violencia continuarían. Eso no es para decir que no hay esperanza, yo creo que hemos avanzado muchísimo, la tasa de homicidios del país cayó significativamente, y a pesar de que sigue habiendo focos regionales de violencia estamos lejos de los niveles que alcanzamos en los años 80 y 90. Entonces a pesar de que es complejo el panorama no es tan distinto a la experiencia que han tenido también otros países en sus transiciones de conflicto a paz.
Conoces muy bien el papel de los empresarios en los distintos procesos de paz en Colombia. Muchos se jugaron a fondo con el acuerdo de La Habana. En los procesos actuales parecen más escépticos. ¿Será por el enfoque de las negociaciones o por la poca afinidad que tienen, en general, con el gobierno?
Yo creo que los empresarios colombianos pasaron de un activismo muy grande que nació en el contexto de las negociaciones del Caguán a un activismo más especializado durante La Habana, y a un papel francamente discreto en las negociaciones del gobierno actual. Yo atribuyo el activismo inicial del Caguán y el previo al hecho de que el sector privado veía seria y claramente afectadas sus posibilidades de invertir, de producir, de emplear, de innovar, y eso llevó a toda suerte de manifestaciones, algunas más entusiastas que otras, de apoyar las negociaciones en marcha. El Caguán estuvo precedido por una época de escalamiento significativo del conflicto, una época de falta de gobernabilidad política y en ese contexto el sentir que el conflicto les respiraba en la nuca creo que generó algunas de las respuestas favorables por parte del empresariado. Esa situación cambió mucho hacia las negociaciones de La Habana, entre un momento y otro las condiciones de inversión en Colombia habían mejorado sustancialmente, tanto que de alguna forma parte del dividendo de la Paz se había cobrado antes de que se firmara el acuerdo de paz con las Farc en 2016. Por lo tanto, muchos empresarios ya habían sentido las mejoras de seguridad, ya podían hacer lo que no podían hacer en los 90: invertir, innovar, producir, etc. Creo que por eso fue menos entusiasta su apoyo en La Habana, y actualmente no están tan involucrados porque de alguna manera la paz perdió crédito. Yo creo que hoy en día se desvalorizó la muy importante tarea de construir paz en Colombia, se asocia con proyectos políticos caídos en desgracia y eso hace que los empresarios no hagan necesariamente menos por la paz, pero sí que hablen de eso menos públicamente, que se involucren menos públicamente. También habría que ver, no tengo evidencia, si por ejemplo los programas de las empresas dedicados a estos temas han sido cortados… ¿cómo se maneja ese tema hoy en las juntas?, y la decisión de cómo asignan los presupuestos anuales.
¿De qué manera y cuándo se podrá pasar la página del conflicto en Colombia? Algunos opinadores reconocidos dicen que no habrá paz hasta que no haya justicia social o hasta que no nos hayamos reconciliado como nación. ¿Estas consignas que se repiten pueden alejarnos de los buenos análisis y de las soluciones al respecto?
Yo en ese sentido me he vuelto muy pragmática, para mí lo de la justicia social plena o la reconciliación social plena es un estándar demasiado alto. Yo creo que hasta que logremos eso pueden pasar generaciones, lo que sí creo es que las personas tienen derecho a vivir con tranquilidad y con bienestar. A medida que conquistemos esa meta también se conquista la paz por pedazos, por sectores, por regiones; y un indicador clave ahí es que no mueran más personas violentamente y en eso estamos. Habíamos avanzado mucho, muy rápido, a finales de los años 2000. Estamos estancados, todavía hay unas regiones que son productoras de violencia y de intranquilidad para muchas personas, todo lo demás son asuntos que ya son parte de una sociedad que se ha vuelto muy urbana, que tiene fenómenos de violencia urbana típicos como pandillas, como inseguridad, que para mí no equivale a estar en un país en guerra como el que yo conocí en los años 80 y 90. Entonces, a pesar de que haya muchos escépticos, creo que de hecho hemos avanzado en pasar la página y sumo a eso que tenemos más verdad, más conocimiento y más memoria que nunca sobre todo lo que pasó en este país. Lo que tenemos que lograr es que a la gente todo eso le importe en este momento, siento que hay una actitud de eso no es conmigo, una actitud como de fatiga de “ay ya, deje así”; creo que eso es equivocado, pero es normal, así suele pasar en las sociedades que transitan de guerra a paz. Creo que serán nuestros hijos y nietos los que volverán a recabar todas esas historias para hacer justicia a la experiencia de las víctimas, y para poder sacar las lecciones que todos debemos sacar.
La firma del acuerdo de paz con la guerrilla de las Farc en el Teatro Colón marcó un antes y un después en la historia de los procesos de paz en Colombia. Foto: Diario Público.
El estándar con el que se miden los acuerdos de paz no es necesariamente si con ese acuerdo se resuelven los problemas que dieron lugar al conflicto, sino si se logra generar un paquete suficientemente atractivo para que un actor armado decida deponer sus armas.
Se puede decir que el Estado colombiano ha hecho la paz con quienes han querido en serio hacerla. Parece que la mayoría de los grupos armados no tienen interés en integrarse a la vida civil ni política, ni entregar las armas. ¿Qué hacer con estos grupos?
Yo creo que se necesita combinar garrote y zanahoria, no creo que esto sea solo a punta de negociaciones, tampoco creo que sea solo a punta de inversión social. También hay que hacer un trabajo de persuasión, un trabajo de presión de la sociedad civil combinado con una estrategia de seguridad que no se está dando en Colombia en este momento; esto no puede ser la única solución, pero tiene que hacer parte de la solución. Y, por cierto, creo que el no tener una propuesta de seguridad ha sido una debilidad histórica de las izquierdas de América Latina que se rehúsan a hablar de estos temas, pero lo que sabemos es que al ciudadano promedio lo que le interesa es que no le roben, no sentirse amenazado, poder vivir tranquilamente; eso pasa también por ofrecer seguridad, además de inversión social y capacidad estatal.
Seguimos pensando en hacer reformas y cambiar la Constitución, se nos va tiempo valioso en estas discusiones, pero parece que no hemos tomado en serio la construcción de capacidades del Estado. Tenemos buenas políticas públicas que tal vez no se ejecutan bien. ¿Qué podemos hacer entre todos para fortalecer el Estado?
Si hacemos comparaciones, por ejemplo con una generación atrás, creo que el Estado ha ganado muchísimo en capacidad por sectores y por regiones. La cuestión, claramente, no es homogénea, y también ha habido retrocesos, pero en general creo que no somos la misma Colombia de hace 25 años. El hecho es que Colombia hoy es reconocida como un país de ingreso medio, es un destino, pues era hasta hace un par de meses, un destino preferido de inversiones, las calificadoras hablaban bien de Colombia; la comunidad internacional nos sigue viendo como una luz de esperanza. Entonces, yo creo que sí hemos ganado mucho en términos de capacidad institucional. Hay que hacer más monitoreo, capacitación y acompañamiento para que la plata invertida efectivamente lleve a los resultados esperados.
Viéndolo en retrospectiva, ¿no crees que el Estado hizo muchos compromisos en el acuerdo de La Habana?
La pregunta es para qué es un acuerdo: para mí la intención principal que tiene un acuerdo es lograr que se desmovilice un grupo armado y que con ello se genere una paz por lo menos parcial con ese grupo. Cuando ese grupo es el principal productor de violencia, pues aún mejor, pero mínimamente lograr sacar actores de la guerra es valioso. Por tanto, el estándar con el que se miden los acuerdos de paz no es necesariamente si con ese acuerdo se resuelven los problemas que dieron lugar al conflicto, sino si se logra generar un paquete suficientemente atractivo para que un actor armado decida deponer sus armas. Porque uno podría argumentar que ni siquiera un acuerdo de paz es el lugar para acordar modelos de desarrollo y grandes transformaciones de la sociedad, sobre eso, de hecho, hay muchas discusiones en cuanto a qué tan incluyente debe ser el acuerdo. Entre esos dos extremos, del minimalismo, es decir, que dejen las armas, al maximalismo de transformemos la sociedad para lograr las condiciones que hagan que nunca más se repita toda la violencia, pues hay muchísimos modelos intermedios. El acuerdo de La Habana es un modelo. Yo recuerdo que antes del acuerdo de La Habana yo hablaba del acuerdo de Guatemala como uno que era absurdo en extensión y en ambición, y pues me tuve que quedar callada el día que vi el colombiano, que es como de la misma extensión y también perdió en el plebiscito. Yo no sé cuál es la extensión deseada, pero en La Habana se logró desmovilizar a la guerrilla más grande y más importante de América Latina, ese acuerdo fue eficaz. Desde el punto de vista de si se logró transformar la sociedad para evitar todas las fuentes de violencia, pues no, no es suficiente, no podía hacerlo y quedan muchas tareas pendientes.
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Antonio Celia Martínez-Aparicio
Empresario y expresidente de Promigas, es ingeniero del Instituto Politécnico de Worcester en los Estados Unidos y profesor visitante en práctica del London School of Economics.